“El poder necesita cerrar filas con la agenda geopolítica de la OTAN e Israel”

El pasado 16 de junio, Asier y Youssef, militantes de Iranekin Bat y Samidoun, fueron detenidos en Bilbo (Bizkaia) y Getxo (Bizkaia) en una operación dirigida por la Audiencia Nacional española. La investigación policial los vinculaba presuntamente con Hezbollah y señalaba su actividad en Frontflict, así como su participación en varias actividades políticas, entre ellas un ciclo de conferencias con el embajador iraní Reza Zabib. Tras comparecer ante la Audiencia Nacional, ambos quedaron en libertad con medidas cautelares. Desde entonces, denuncian que el procedimiento forma parte de una campaña de criminalización de la solidaridad con Palestina y del movimiento internacionalista.

¿Cuál es vuestra situación en este momento? ¿De qué se os acusa exactamente?

Actualmente nos encontramos en libertad vigilada, firmas cada quince días y retirada de pasaporte tras haber sido detenidos, pero bajo la espada de Damocles de un proceso judicial muy grave. Las medidas cautelares y la amenaza constante de prisión siguen ahí.

Se nos acusa formalmente de pertenencia a grupos terroristas y de financiación del terrorismo, sumando apología del terrorismo y captación. Es una auténtica barbaridad jurídica y política. Lo que en realidad hemos hecho es dar voz a la realidad que sufren los pueblos de Palestina y del Líbano, organizar charlas informativas y participar en ayudas a familias y colectivos civiles golpeados por la guerra y el genocidio. El Estado utiliza la laxitud del delito de terrorismo para criminalizar la solidaridad internacionalista, convierten una transferencia para comprar alimentos o medicinas en “financiación terrorista” y la difusión de información sin censura en “propaganda y pertenencia”.

¿Cómo ocurrieron las detenciones? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en la Audiencia Nacional?

Las detenciones fueron desproporcionadas y concebidas para generar un impacto mediático y el terror psicológico. Despliegues policiales con agentes encapuchados, registros en casa, incautación de teléfonos, ordenadores y material político y solidario, dando igual de qué causa fuese. Buscan tratarte desde el primer segundo como a un criminal peligroso para romperte por dentro.

La experiencia en la Audiencia Nacional no hizo más que confirmar que estamos ante un tribunal de excepción heredado del pasado. Allí no importa la verdad ni la labor humanitaria, el ambiente está impregnado de una presunción de culpabilidad automática. Los interrogatorios y la actitud del juzgado no buscan esclarecer hechos, sino encajar forzadamente el trabajo político y de solidaridad dentro de la narrativa policial previa. Afortunadamente, las acusaciones no se sostenían por ningún lado, la exageración de los medios y del informe hizo pensar que iban a declarar dos terroristas, y se toparon con dos chavales solidarios, de barrio, y queridos por sus vecinos.

¿Qué información se comparte en el canal Frontflict y qué labor política realiza Iranekin Bat?

Frontflict surgió como un canal de información alternativa ante el bloqueo y la manipulación del relato geopolítico en el Gran Oriente Medio. Lo que hacemos ahí es traducir, analizar y compartir noticias sobre lo que ocurre sobre el terreno en Palestina, Líbano y la región, mostrando la violencia bélica que los grandes medios ocultan o justifican. Compartir esa información es un ejercicio básico de libertad de expresión y derecho a la información.

Por su parte, Iranekin Bat ha sido un espacio de trabajo político enfocado en el antiimperialismo, la soberanía de los pueblos del Sur Global y el análisis de las dinámicas en la región. Su labor ha sido estrictamente política y cultural, organizar debates, conferencias, análisis y denunciar el papel de las potencias occidentales y de Israel en la desestabilización del Próximo Oriente. Criminalizar estos espacios supone ilegalizar de facto el pensamiento crítico e internacionalista.

¿A qué responde este nuevo caso de represión?

Responde a una estrategia calculada para disciplinar y silenciar la solidaridad internacionalista. En un contexto donde la brutalidad en Gaza y el Líbano ha escandalizado a la opinión pública, el poder necesita cerrar filas con la agenda geopolítica de la OTAN y de Israel.

Cuando la ciudadanía se moviliza, señala la complicidad de las instituciones occidentales y envía apoyo directo a quienes resisten sobre el terreno, el Estado reacciona utilizando la represión judicial para sembrar el miedo. Quieren lanzar un mensaje muy claro a la sociedad: “Si vas más allá de la protesta tibia y te implicas activamente con la causa palestina o libanesa, te aplicaremos la legislación antiterrorista”.

El Estado español mantiene relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán. ¿Cómo justifican la criminalización de unas charlas de su embajador? 

Es la viva demostración de la doble moral y la hipocresía del Estado. Mientras el Gobierno mantiene delegaciones diplomáticas, embajadas y relaciones comerciales normativas con la República Islámica de Irán, a nosotros, como militantes de a pie, se nos persigue por organizar o participar en actos públicos donde se invita a representantes diplomáticos a exponer su lectura del conflicto.

Lo que para el Estado es “diplomacia y realpolitik” a nivel oficial, para la militancia social se convierte mágicamente en “colaboración con regímenes armados” o “terrorismo”. No hay justificación jurídica ni coherencia, se trata simplemente de una arbitrariedad política para criminalizar la agenda antiimperialista de la calle.

Habéis denunciado una campaña de señalamiento por parte de ciertos medios de comunicación. ¿Cómo se ha desarrollado esta campaña?

Ha sido un linchamiento coordinado entre las filtraciones policiales y los grandes medios de comunicación de la derecha y de la corriente dominante. Desde el minuto uno tras las detenciones, se publicaron titulares amarillistas condenándonos de antemano, llamándonos yihadistas, utilizando filtraciones del sumario bajo secreto para construir el perfil de una “célula peligrosa”.

Los medios filtran datos personales, fotos y relatos inventados sin contrastar nada con la defensa, actuando como el brazo propagandístico del atestado policial. Esta campaña busca dos cosas: condicionar a la opinión pública para que acepte la represión sin rechistar y destruirnos social, laboral y psicológicamente antes de que exista siquiera un juicio.

¿Cuál es la valoración de la respuesta social y política en Euskal Herria ante vuestro caso?

La respuesta en Euskal Herria ha sido fundamental y nos da una fuerza enorme. Este es un pueblo con una larga memoria histórica en la defensa de los derechos civiles, la solidaridad internacionalista y la denuncia del montaje policial y la legislación de excepción.

Desde el primer momento, mientras sufríamos el aislamiento en los calabozos de tres comisarias diferentes en tres días, se habían organizado concentraciones, actos de denuncia y muestras de apoyo popular y político que demuestran que la maniobra del miedo no ha funcionado como ellos esperaban. Sentir que la calle entiende que esto no es un ataque individual, sino un ataque a todo el movimiento de solidaridad con Palestina y el Líbano, es lo que nos mantiene en pie.

¿En qué situación deja esto las libertades civiles y políticas de la clase trabajadora? ¿Cómo debería articularse una respuesta a la altura?

Nos deja en una posición de mucha preocupación. Consideramos que sienta un precedente peligroso para el conjunto de la sociedad y de la clase trabajadora. Si las muestras de apoyo humanitario a familias golpeadas por la guerra o el ejercicio de la libertad de información sobre un conflicto se interpretan bajo premisas tan severas, la libertad de expresión y la acción social quedan gravemente tocadas.

Afrontamos el proceso judicial con la tranquilidad de quien sabe que su única motivación ha sido la empatía y la ayuda humanitaria, pero creemos que la respuesta social no debe basarse en el miedo, sino en la madurez y la solidaridad. Desde el movimiento obrero y social de masas, la respuesta debería articularse desde varios ejes.

Reivindicar el internacionalismo como un valor constructivo: Recordar que la solidaridad con las víctimas de cualquier conflicto o genocidio, como los que sufren los pueblos palestino y libanés, es un principio humano y ético fundamental. La clase trabajadora siempre ha destacado por defender la integridad y dignidad de los pueblos, y ese compromiso debe seguir siendo un pilar fundamental de forma serena y colectiva.

“Consideramos que sienta un precedente peligroso para el conjunto de la sociedad y de la clase trabajadora”.

Canalizar la ayuda de manera amplia y transparente: Fortalecer el apoyo a las víctimas de la guerra a través de la organización popular, los sindicatos y los colectivos de barrio. La respuesta ante la adversidad no debe ser el repliegue, sino la articulación de cauces legítimos y masivos para que la ayuda humanitaria siga llegando a quienes más lo necesitan.

Defender las libertades desde la serenidad y la unidad: Frente a la incertidumbre y las acusaciones desproporcionadas, la mejor defensa de la clase trabajadora es mantenerse unida, informada y activa en la defensa de los derechos civiles básicos.

Demostrar, con pedagogía y presencia en las calles, que la solidaridad y el deseo de un mundo justo no son un delito, sino un deber colectivo.

Y, sobre todo, para concienciar a la sociedad de algo fundamental, que hoy hay personas perseguidas y amenazadas con la cárcel por haber tenido la valentía de hacer por solidaridad lo que todos, por pura humanidad, deberían estar haciendo.