La Cámara de Diputados de Bolivia aprueba la derogación de la Ley de Estados de Excepción

Cuando se cumplen 26 días de la huelga general indefinida que mantiene paralizadas las principales carreteras de Bolivia, la Cámara de Diputados ha aprobado la derogación de la Ley de Estados de Excepción, una medida clave que busca devolver al Poder Ejecutivo la plena facultad para suspender derechos y garantías constitucionales, así como para utilizar, aún más, al ejército contra los manifestantes. La resolución fue adoptada por dos tercios de los votos de los legisladores presentes, de forma telemática, tras una sesión que se extendió por más de cinco horas, por lo que el proyecto de ley ha sido remitido formalmente al Órgano Ejecutivo para su correspondiente promulgación por parte del presidente Rodrigo Paz.

Esta reforma legislativa se produce en un escenario de alta tensión, justo después de que el Gobierno central fracasara en sus intentos militares por despejar las rutas estratégicas del altiplano y la zona central, donde se registran al menos 59 bloqueos activos impulsados por la Central Obrera Boliviana y comunidades campesinas aymaras. Según una nota de prensa oficial difundida por la propia Cámara de Diputados, diversos parlamentarios fundamentaron la urgencia de anular la Ley 1341 en "salvaguardar la estabilidad del país".

Con esta modificación en el marco normativo, el parlamento elimina el principal obstáculo legal que impedía al presidente Rodrigo Paz decretar formalmente el estado de excepción, una posibilidad que el propio mandatario ya había dejado abierta públicamente al advertir que la "tolerancia institucional ante los bloqueos tenía un límite".

Un muerto, decenas de heridos y detenidos

La escalada de la conflictividad y el endurecimiento de las intervenciones de la Policía han dejado ya un saldo trágico. El Gobierno boliviano, a través del vocero presidencial José Luis Gálvez, confirmó este martes el asesinato a manos de la Policía de un manifestante de 24 años a causa de un impacto de bala. Además de esta muerte confirmada, la represión gubernamental ha dejado un balance de decenas de heridos, junto a la detención de al menos 57 personas.