La UE sanciona a la red social rusa VK por “vigilancia masiva de la población”
Cinco empresas rusas sancionadas pocos días después de que Bruselas aprobase el escaneo masivo de conversaciones privadas vía ‘Chat Control 1.0’ con una mayoría de votos en contra.
El Consejo de la Unión Europea ha anunciado formalmente la imposición de sanciones a cuatro personas físicas y cinco entidades de la Federación de Rusia, entre las que destaca la red social VK (VKontakte) y su filial Communication Platform. Según el comunicado oficial emitido por la institución comunitaria en Bruselas, estas medidas restrictivas “responden al desarrollo y uso de tecnologías de vigilancia masiva utilizadas para la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en territorio ruso”.
Con esta resolución, el régimen de sanciones globales de la UE, que entró en vigor en marzo de 2024, eleva su listado de penalizados a un total de 98 personas y siete entidades. Las medidas decretadas implican la congelación de todos los activos de los señalados en el espacio europeo, la prohibición estricta de que las empresas y ciudadanos comunitarios les faciliten fondos, y el veto de entrada o tránsito por los países de la Unión para los directivos sancionados.
Entre los principales señalados por Bruselas figura la red social VK, identificada como la entidad responsable de gestionar la aplicación de mensajería móvil Max. De acuerdo con los informes de la Unión Europea, esta aplicación “se distribuye de manera preinstalada en todos los dispositivos de telefonía inteligente comercializados en Rusia” y se encuentra bajo la supervisión directa del Servicio Federal de Seguridad (FSB). Las sanciones también alcanzan a las firmas tecnológicas Citadel, VAS Experts y Norsi-Trans por la fabricación, desarrollo y comercialización de la infraestructura física y lógica asociada al Sistema de Medidas Operativas de Investigación (SORM). Este entramado técnico es el que permitiría, según Bruselas, al Estado ruso intervenir de forma sistemática las telecomunicaciones e internet para “vigilar a opositores, periodistas y minorías”. Los cuatro directivos de estas compañías han sido señalados directamente como “responsables” de auspiciar “graves abusos contra los derechos fundamentales”.
No obstante, la firmeza diplomática de Bruselas frente al Kremlin ha reavivado una profunda controversia en el seno de la propia Unión. Diversas asociaciones de defensa de los derechos digitales y juristas han advertido de la contradicción de sancionar la vigilancia masiva rusa mientras las instituciones comunitarias avanzan en la implantación de normativas de control técnicamente similares. Recientemente, los Veintisiete impulsaron la aprobación del marco regulatorio conocido como “Chat Control 1.0”, un polémico proyecto de escaneo masivo de comunicaciones que obliga a las empresas tecnológicas a escanear de forma masiva los mensajes privados de los usuarios, quebrando de facto el cifrado de extremo a extremo, y que salió adelante a pesar del rechazo mayoritario del Europarlamento.
Esta contradicción se agrava ante la intención declarada de la Comisión Europea de avanzar hacia la aprobación del paquete “Chat Control 2.0”. Este segundo nivel legislativo pretende consolidar un sistema de escaneo automatizado que, según advierten los detractores de la medida, crearía una infraestructura de interceptación permanente muy similar a los sistemas coercitivos que el propio Consejo de la Unión Europea condena y sanciona en otros países.
