El espejismo de la “mano dura”: la exportación de megacárceles fracasa en Ecuador y Honduras
Las elevadas tasas de homicidios en Ecuador y su estancamiento en Honduras exponen la incapacidad de la receta punitiva de “erradicar el crimen organizado” bajo el capitalismo.
La promesa de ‘seguridad absoluta’ mediante el despliegue de la “mano dura”, cimentada sobre la construcción de megacárceles, detenciones masivas y la suspensión de garantías constitucionales, está en auge en Centro y Sudamérica. La fórmula impulsada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, ampliamente promocionada como una “solución definitiva contra la delincuencia”, ha mostrado graves fisuras y un rotundo fracaso al intentar ser trasplantada a realidades institucionales y materiales distintas. Mientras la propaganda oficial salvadoreña celebra una “drástica reducción en la cifra de homicidios” tras la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, las experiencias recientes de Ecuador y Honduras ponen de manifiesto que el endurecimiento punitivo no solo es ineficaz, incluso en los términos de quienes las han promocionado, sino que suponen un espejismo para echar por tierra los escasos derechos políticos y civiles de la población.
El caso ecuatoriano constituye el ejemplo más dramático y evidente de los límites de este modelo. En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de “conflicto armado interno” tras una escalada inédita de violencia que incluyó motines en los centros penitenciarios y la irrupción armada en directo en un canal de televisión en Guayaquil. Con la intención manifiesta de emular la experiencia salvadoreña, el Gobierno ecuatoriano promovió la edificación de campos de concentración bajo el nombre de “prisiones de máxima seguridad”, entre ellas el complejo “El Encuentro”, contando para ello con el asesoramiento de los mismos equipos técnicos que diseñaron el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.
Sin embargo, los datos oficiales al cierre del año 2025 desmontaron las supuestas expectativas del Gobierno. Ecuador concluyó 2025 con una alarmante tasa de homicidios de 50,9 por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en un trágico saldo de aproximadamente 9.200 asesinatos en doce meses. Lejos de replegarse ante la presencia militar en las calles, las llamadas “estructuras delictivas” diversificaron sus operaciones, haciendo que las extorsiones se multiplicasen, los secuestros pasasen a ser un fenómeno cotidiano y las bandas ampliasen su dominio territorial.
Para entender la causa de estos resultados, resulta imprescindible examinar las diferencias estructurales de los diferentes entornos. La explicación radica en que, mientras las autoridades salvadoreñas concentraron sus operativos contra las maras, agrupaciones fuertemente arraigadas en barrios y colonias delimitadas, la delincuencia civil en Ecuador se nutre de la logística del narcotráfico internacional. Las bandas ecuatorianas operan como eslabones importantes de las rutas internacionales de la cocaína, manteniendo alianzas financieras y operativas con poderosos carteles mexicanos y organizaciones de la mafia colombiana. Por esta razón, aplicar las mismas recetas de arrestos indiscriminados y despliegue del ejército en este contexto es una medida que, a parte de fascista, se ha demostrado totalmente incapaz de desmantelar redes financieras relacionadas incluso con el propio Gobierno, o neutralizar el flujo transnacional de drogas.
Caso hondureño
Una dinámica similar de estancamiento se observa en Honduras. Bajo la presidencia de Xiomara Castro, el Gobierno hondureño instauró desde finales de 2022 sucesivos estados de excepción y encomendó a las Fuerzas Armadas tareas de “seguridad ciudadana” y represión penitenciaria, replicando de forma explícita el libreto de Bukele. No obstante, los balances de 2025 revelaron que la tasa de homicidios en el país se mantuvo estancada en torno a los 23 crímenes por cada 100.000 habitantes. Honduras continúa figurando entre los más violentos del hemisferio, sin registrar la reducción drástica ni sostenida que el aparato publicitario del Gobierno salvadoreño suele exhibir, pese a que ese descenso se diese antes de la llegada de Bukele al poder.
A pesar de las evidencias sobre su ineficacia estructural y su carácter represivo, el fetichismo político de la “mano dura” continúa seduciendo a dirigentes de diversas latitudes, incluidas europeas. En el Estado francés, Jordan Bardella, presidente del fascista Rassemblement National, citó recientemente la experiencia penitenciaria salvadoreña como “una referencia para abordar el hacinamiento carcelario en Francia”, destacando la edificación de 40.000 plazas de reclusión en tan solo ocho meses.
