Proponen la esterilización obligatoria de mujeres en situación de calle en Bolivia
El proyecto de ley prevé someter a esterilización forzada a mujeres en extrema pobreza bajo la excusa de “frenar adicciones y la trata de recién nacidos”.
Un proyecto de ley presentado el pasado 14 de julio en la Cámara de Diputados de Bolivia por el legislador suplente Néstor Rodríguez, representante de la alianza Unidad, propone la posibilidad de aplicar la esterilización de manera obligatoria y bajo control judicial a mujeres en situación de calle. La iniciativa, orientada según su autor a “intervenir en los casos de mujeres con consumos problemáticos de drogas o sustancias inhalantes que ejercen la maternidad en la vía pública”, plantea este procedimiento como un supuesto mecanismo de “reinserción social”. La propuesta ha generado la condena unánime de la Defensoría del Pueblo y de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país sudamericano, las cuales advierten que la medida “vulnera de forma directa las garantías constitucionales y los derechos fundamentales a la dignidad, la salud y la integridad personal”.
El articulado del proyecto establece inicialmente que cualquier procedimiento anticonceptivo definitivo deberá contar con el consentimiento libre, previo e informado de la persona afectada. No obstante, el documento contempla que, una vez “agotadas las instancias pertinentes”, la esterilización pueda convertirse en una medida obligatoria aplicable “bajo control judicial”. En declaraciones recogidas por la agencia EFE en La Paz, Rodríguez argumentó que “la idea surge al ver la situación en la que están ahora las mujeres y sus bebés que inhalan clefa”, en referencia a un pegamento industrial altamente inflamable, agregando que el proyecto busca responder a “la necesidad” de reinserción social mediante evaluaciones médicas y psicológicas previas.
Asimismo, el artículo 15 de la propuesta justifica la obligatoriedad bajo el alegato de “evitar que los recién nacidos terminen inmersos para trata y tráfico”. El parlamentario, cuya iniciativa será evaluada en primera instancia por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, admitió la “posibilidad de modificar” el punto relativo a la obligatoriedad ante las objeciones recibidas.
Frente a la presentación de este documento, la Defensoría del Pueblo y plataformas de derechos humanos emitieron una declaración conjunta manifestando “su más profundo rechazo y preocupación”. La institución defensorial remarcó que “la esterilización forzada constituye una grave violación de los derechos humanos y vulnera, entre otros, los derechos a la dignidad, la integridad personal, la libertad, la vida privada y familiar, la igualdad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos”. El organismo recordó que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente en los casos I.V. vs. Bolivia y Ramos Durand y otros vs. Perú, ha establecido que las decisiones sobre el cuerpo y la salud reproductiva corresponden exclusivamente a cada mujer y no pueden ser objeto de coerción”.
