El Salvador, un pequeño país de Centroamérica entre Guatemala y Honduras de aproximadamente 6.400.000 habitantes, ha sido considerado durante varios años uno de los más peligrosos del mundo (al margen de aquellos en los que existe un conflicto armado abierto) debido a la actividad de las llamadas Maras en su territorio. Actualmente, desde los inicios de la década de 2020, infinidad de medios han anunciado el decaimiento de las tasas de crimen organizado en el país, “gracias” a las decisiones políticas del ultraderechista Nayib Bukele, las cuales han consistido principalmente en el uso masivo del aparato policial para el encarcelar a quienes han considerado miembros de las Maras, hecho que a pesar de que ha sido objeto de críticas desde el ámbito moral, ha reducido de manera notable algunos índices de criminalidad.
Esta información es la que se difunde típicamente acerca del país, pero por sí sola no describe ni las causas ni las consecuencias del estado actual de El Salvador, ni permite analizar la situación real del pueblo salvadoreño ni el modelo político del actual presidente. De hecho, al igual que ha sucedido en muchos otros países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX, gran parte de la explicación de la situación actual de El Salvador, pasa por mirar a Estados Unidos; tanto que incluso las dos Maras de mayor renombre, fueron originadas a comienzos de los años ochenta en el distrito de Rampart, en Los Ángeles, entre adolescentes cuyas familias huían de una guerra que el gobierno de Estados Unidos financiaba a razón de más de un millón de dólares diarios.
La nueva oligarquía Salvadoreña
Dos leyes principales y una mercancía marcaron el final del siglo XIX y el inicio del XX. La Ley de Extinción de Comunidades, de febrero de 1881, y la Ley de Extinción de Ejidos, de marzo de 1882, suprimieron por decreto las formas de propiedad colectiva indígena y campesina que ocupaban buena parte del altiplano apto para el café. Miles de productores que hasta entonces disponían de tierra para su subsistencia quedaron convertidos, en el curso de una generación, en jornaleros disponibles para las fincas levantadas sobre esas mismas tierras. La oligarquía cafetalera, conocida popularmente como “las catorce familias”, terminó por consolidar las bases de El Salvador que vendría en las siguientes décadas apartando y sometiendo a los pueblos indígenas y dando paso a una nueva élite capitalista.
La economía que se acababa de consolidar, basada en la alta concentración de la propiedad de las tierras, y tan dependiente a su vez del monocultivo del café, llevó a que, en el desplome del precio del café tras 1929, elevase enormemente las tasas de pobreza y hambruna, hasta que en 1932, tras la anulación de las elecciones legislativas se diese una insurrección campesina (mayormente indígena) que fue reprimida por el régimen del general Maximiliano Hernández Martínez con una matanza cuyas estimaciones oscilan entre diez mil y treinta mil víctimas mortales, concentrados en las comunidades pipiles del occidente, suponiendo prácticamente un exterminio de la población indígena salvadoreña, además de la pérdida y prohibición de cualquier rasgo cultural propio (idioma, vestimenta, etc.) y la persecución de la oposición política de la época. Frente a las costas salvadoreñas fondearon en esos días buques de guerra norteamericanos, británicos y canadienses que, a pesar de no haber tenido que desembarcar, su presencia daba a entender cuáles eran los intereses de las potencias imperialistas. El régimen que ejecutó la matanza obtuvo poco después el reconocimiento de Washington, gobernó hasta 1944 e inauguró medio siglo de gobiernos militares que administraron primero la economía cafetalera y luego la algodonera en beneficio de la misma fracción terrateniente, corrigiendo los escrutinios cuando el resultado amenazaba con contradecir el reparto establecido, como ocurrió en el pucherazo de 1972.
La segunda mitad del siglo incorporó a esa arquitectura un elemento nuevo, la asistencia técnica y organizativa estadounidense en materia de “seguridad interna”. La Alianza para el Progreso, presentada como “programa de reforma preventiva” frente al ejemplo cubano en el contexto de la Guerra Fría y la Revolución Cubana de 1959, llegó acompañada de un entramado militar regional que incluyó el Consejo de Defensa Centroamericana y, en el caso salvadoreño, la creación en 1961 de la Organización Democrática Nacionalista, una red paramilitar de vigilancia rural fundada por el general José Alberto Medrano que llegó a encuadrar a decenas de miles de informantes campesinos y que constituye el antecedente institucional directo de los llamados escuadrones de la muerte de la década siguiente. Roberto D'Aubuisson, oficial de inteligencia formado en instituciones de entrenamiento estadounidenses y más tarde fundador de la Alianza Republicana Nacionalista, articuló desde la Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña la infraestructura de listas, seguimientos y ejecuciones que la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas señalaría después.
Guerra civil de 1980
Todo lo anterior constituyó una escalada autoritaria de corte militar que reprimía duramente cualquier expresión política que se opusiese al gobierno conformado por y para las oligarquías previamente mencionadas, hasta que se dio una escalada bélica entre guerrillas de izquierda y el gobierno, principalmente respaldado militar y económicamente por EEUU, que escaló a guerra civil. El conflicto armado que se extendió entre 1980 y 1992 dejó alrededor de setenta y cinco mil muertos y varios miles de desaparecidos en un país que no alcanzaba los cinco millones y medio de habitantes, además de desplazar internamente y expulsar al exterior a más de un millón de personas. Durante los doce años de guerra, Washington transfirió a El Salvador una asistencia económica y militar que las contabilidades más habituales sitúan en torno a los seis mil millones de dólares de la época, con estimaciones conservadoras que no bajan de los cuatro mil, en un país cuyo producto interno bruto rondaba los cinco mil millones anuales.
Por situar la crudeza del conflicto, la “Comisión de la Verdad”, que documentó una muestra de más de veintidós mil denuncias, atribuyó aproximadamente el 85 % de las violaciones registradas a agentes del Estado, cuerpos policiales y grupos paramilitares afines, frente a cerca de un 5 % imputable a la insurgencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El Batallón Atlacatl, unidad de reacción inmediata creada en 1981 y entrenada por asesores estadounidenses, ejecutó en diciembre de ese mismo año la masacre del caserío de El Mozote y sus alrededores, donde murieron cerca de mil personas, de las cuales la exhumación forense posterior determinó que aproximadamente la mitad eran menores de edad. La misma unidad participó ocho años después en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y la hija de esta en el campus de la Universidad Centroamericana. La Comisión de la Verdad hizo constar que diecinueve de los veintiséis oficiales implicados en ese último caso habían recibido formación en la Escuela de las Américas.
El caldo de cultivo de la criminalidad civil
Alrededor de medio millón de salvadoreños llegó a EEUU durante esa década, con una tasa de aprobación de solicitudes de asilo de menos del 3% para 1984 y menor al 2% según los cálculos que contemplan el cómputo total. Canadá, por su lado, que revisó su sistema a finales de los ochenta, aprobó el 67%. Los rechazados en EEUU permanecieron sin papeles, sin acceso legal al trabajo ni a la asistencia, concentrados en barrios del sur de California donde la estructura de pandillas territoriales mexicano-americanas ya estaba consolidada y donde los recién llegados, expuestos a este escenario conformaron las bases de La Mara Salvatrucha y la facción salvadoreña del Barrio 18.
En 1996 se conforma otro hito dentro EEUU, cuando la reforma migratoria conocida como Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act amplió de forma drástica el catálogo de delitos que habilitaban la deportación de residentes no ciudadanos y aplicó ese catálogo con efecto retroactivo. Entre 1997 y 2015, según una reconstrucción publicada en World Development, se devolvieron de manera forzosa a doscientos cuarenta y cuatro mil personas a El Salvador, de los cuales más de noventa mil habían sido previamente condenados por algún delito, una cifra equivalente al 1.5% de la población del país. Llegaban a un territorio devastado por la guerra civil, y un gobierno autoritario que se había consolidado violentamente en favor de las élites económicas y las potencias imperialistas que las patrocinaban.
Figura 1. Tasa anual de homicidios por cada 100.000 habitantes en el periodo de las deportaciones masivas y años posteriores.
Ese es precisamente el momento en el que comienzan a subir las tasas de criminalidad civil (ya que el gobierno llevaba décadas ejecutando y encarcelando de manera arbitraria) en un país en que la riqueza estaba extremadamente concentrada, la pobreza en espacios rurales superaba el 90% y los bancos, las energéticas, las telecomunicaciones, el sistema de pensiones o incluso partes de la industria cafetera que eran de propiedad estatal estaban siendo o habían sido privatizados, introduciendo una dolarización unilateral que entró en vigor en 2001 y empobrecía aún mas a la población. En 2022, un estudio publicado en la American Economic Review medía la variación de las deportaciones de personas condenadas por delitos en el tiempo y entre cohortes, combinada con la distribución geográfica de las pandillas en EEUU y el municipio de nacimiento de los deportados. El resultado identifica un aumento causal de la tasa de homicidios y de la actividad pandillera en los municipios receptores, un incremento del reclutamiento de menores sin exposición previa a las pandillas estadounidenses y un aumento de la migración infantil desde las zonas afectadas hacia EEUU, lo que a su vez retroalimenta nuevas deportaciones en lo que la autora describe el mecanismo como un ciclo autorreforzado. A finales de 1996, según los recuentos de las propias autoridades salvadoreñas recogidos por José Miguel Cruz y Nelson Portillo, unas veinte mil personas se habían incorporado ya a las dos estructuras.
A lo anterior se le suma la política de “seguridad” de la posguerra. Los planes “Mano Dura” de julio de 2003 y “Súper Mano Dura” de 2004, impulsados por los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca, autorizaron detenciones masivas por criterios simples de apariencia, tatuajes y presencia en determinados barrios, criminalizando directamente al proletariado, tuviera relación o no con el llamado “crimen organizado”, siendo la mayoría de los detenidos liberada por los tribunales ante la ausencia de imputación individualizada. Mientras tanto, la reclusión conjunta, prolongada y violenta de miles de jóvenes en cárceles sobrepobladas y clasificadas por afiliación terminó por reforzar las estructuras ya existentes de las bandas.
Los años previos al mandato de Bukele
El resultado agregado de las políticas económicas llevadas a cabo por el gobierno, es una economía a la cola de los países centroamericanos con características peculiares, donde los servicios representan alrededor del 66% del Producto Interior Bruto (PIB) y la manufactura apenas el 11%, y donde las remesas (dinero enviado desde el extranjero al país) equivalieron al 25,7% del PIB en 2021 y al 24,0% en 2024. Adicionalmente, a pesar de las deportaciones mencionadas, el 26% de la población equivalente del país reside en EEUU, genera más del 90% de esas remesas, enviando una media de 414 $ por persona en 2025, sosteniendo de manera externa la situación económica de miles de familias.
Las tasas de homicidio intencional se situaron en 138,2 por cada cien mil habitantes en 1994, en 139 en 1995 y en 117,4 en 1996, cifras superiores incluso a las de buena parte del período bélico, aunque los analistas advierten que estos registros tienen ciertas inconsistencias y pueden no reflejar un número preciso. En 2015, tras el derrumbe de la tregua pactada en 2012 con las pandillas, la tasa volvió a situarse entre 103 y 106 según la serie que se consulte, y El Salvador pasó a ser considerado el país más violento del planeta al margen de los que se encontraban en un conflicto armado declarado.
El Banco Central de Reserva estimó en 2014 que el costo total de la violencia equivalía a unos cuatro mil millones de dólares anuales al Estado, y que la extorsión por sí sola detraía alrededor de setecientos ochenta y seis millones al año. Según las fuentes estatales, las bandas llegaron a cobrar a aproximadamente el 70% de los negocios en 247 de los 262 municipios del país. El Consejo Nacional de la Pequeña Empresa documentó que el 69% de sus más de 10.000 afiliados pagaba extorsión, que el sector entregaba unos 30 millones anuales a las pandillas y desembolsaba otros 140 en contratistas privados. Era, comparativamente, un sistema tributario paralelo que gravaba de manera regular, suponiendo un claro problema para los trabajadores, pero también para los empresarios, que debían elegir entre pagar por la seguridad privada (a menudo más costosa) o los costes de la extorsión, y el estado.
El Mandato de Bukele
Nayib Bukele tomó el poder el 1 de junio de 2019. El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción que suspende los derechos de asociación y reunión, la garantía de defensa y los plazos de detención administrativa. El 24 de junio de 2026 los diputados votaron la prórroga número cincuenta y dos, y a finales de julio, la siguiente. La medida de “excepción” lleva cuatro años y medio en vigor.
La serie oficial de homicidios describe a partir de ese momento un descenso considerable. Las tasas ofrecidas por el gobierno –criticadas por su falta de veracidad en la comunidad internacional– por cada cien mil habitantes pasan a ser de 7,8 en 2022 a 2,4 en 2023, 1,9 en 2024 y 1,3 en 2025, después de haber decrecido notablemente desde el pico de 2015.
Siendo conscientes de que los medios para lograrlo son, cuanto menos, objeto de debate y crítica, se puede observar un descenso real de la tasa de homicidios y algunos otros delitos civiles. Un documento de trabajo de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey firmado por Miguel Ángel Santos y su grupo, actualizado en junio de 2026, establece una metodología para analizar evolución real de diferentes aspectos de la delincuencia de El Salvador. Según el estudio, la tasa de homicidios trimestral salvadoreña demuestra un decrecimiento causal (causado por las medidas tomadas) de 4.7 puntos en los periodos medidos entre 2022 y 2023. El efecto estimado del conjunto de las medidas se sitúa alrededor del 80 % en la especificación de control sintético y del 48 % en la de diferencias en diferencias (diferentes metodologías adoptadas para la medición de dicha causalidad), sin decaimiento apreciable a lo largo de siete trimestres medidos y simulados; lo que da una credibilidad matemática considerable.
El mismo trabajo, siguiendo las mismas metodologías detecta asimismo una caída del 29 % en el robo callejero (notablemente menor que en el caso de los homicidios) y ningún efecto sobre el hurto, el robo de vehículos o las agresiones. Cabe remarcar este último hallazgo, ya que demuestra que el debilitamiento de las maras trae consigo un efecto notable en la cantidad de muertes intencionadas, pero el conjunto del resto de indicadores de “criminalidad” muestran estar sujetos a la realidad material de pobreza que se vive en el país, más que a cualquier tipo de crimen organizado; y esa situación, de hecho, no ha cambiado con el nuevo gobierno. El estudio, en este sentido, identifica un patrón que corresponde a lo que la criminología denomina incapacitación selectiva, la neutralización de una organización concreta cuyos ingresos dependían del control territorial, y no una mejora general de la llamada “seguridad pública”, ya que esta está sujeta a factores generalizados de la situación socioeconómica en el país.
Respecto a la fiabilidad de las cifras oficiales, por ejemplo, el analista Jeremy Giles calculó en agosto de 2024 que el nuevo conteo gubernamental subestima los homicidios en cerca de un 27% desde 2021 y en un 47% para 2023, porque el registro excluye los cuerpos hallados en fosas clandestinas, las personas muertas por acción de las “fuerzas de seguridad” y los homicidios ocurridos dentro del sistema penitenciario. En ese nuevo escenario, tomando el trabajo Miguel Angel Santos previamente mencionado, se reduce, aplicando el ajuste en sus bornes superiores, en 0,7 puntos para el mismo periodo que anteriormente lo hacía en 4,7, lo que no anula la causalidad encontrada, pero la restringe de manera notable.
Las medidas de encarcelamiento masivo también han sido estudiadas en la literatura reciente. La tasa de encarcelamiento pasó de 562 personas por cada cien mil habitantes en enero de 2021 a 1.086 en mayo de 2022 y a 1.659 en 2024, y se mantenía por encima de 1.600 en marzo de 2026, la más alta jamás documentada para cualquier país del mundo y, en términos comparativos, más del triple de la estadounidense, que ya destaca como una de las más altas del mundo. La población penitenciaria pasó de unas 40.000 a unas 100.000 en tan solo nueve meses. Las detenciones acumuladas superaban las 92.300 en mayo de 2026, en un país cuya población adulta apenas rebasa los 4 millones de habitantes, de modo que alrededor de 1 de cada 50 personas adultas ha sido encarcelada en los últimos 4 años. Para ello, la legislación de excepción autorizó juicios colectivos de hasta novecientos imputados y suprimió la obligación de individualizar la imputación.
La organización Cristosal analizó 1.178 expedientes completos sin encontrar en ninguno una imputación individualizada que justificara la privación de libertad, y el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica estima que entre un 12% y un 15 % de los detenidos carece de vínculos demostrables con la delincuencia organizada civil.
Figura 2. Tasa anual de encarcelamientos en El Salvador en la última década, en comparación con el máximo histórico Estadounidense
El informe final del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción, presentado el 10 de marzo de 2026 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documenta con 1.700 fuentes que la fuerza estatal salvadoreña actuó de manera sistemática contra las personas, que en la gran mayoría de los casos son pobres. El grupo, integrado por Susana SáCouto et al. concluyó que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma, y contabilizó cuatrocientas tres muertes bajo custodia estatal hasta agosto de 2025, incluidas las de cuatro niños, y más de quinientas cuarenta desapariciones forzadas hasta febrero de 2025. Amnistía Internacional llegó a una conclusión equivalente en su informe de julio de 2026 y pidió a la Corte Penal Internacional que investigue. La fiscalía general salvadoreña reconoce 143 fallecimientos y los atribuye en su totalidad a “causas naturales”. En contraste, el Socorro Jurídico Humanitario contabilizaba 470 en enero de 2026 y algunos recuentos periodísticos de ese año elevan la cifra a más de 500.
En cuanto al coste económico, el Socorro Jurídico Humanitario también documentó que los paquetes de insumos básicos que las familias deben costear directamente para mantener a un preso, consumen hasta el 70% de un salario mínimo rural, carga que recae mayoritariamente sobre las mujeres, y a la que se suman los honorarios de abogados y la evidente pérdida del ingreso del miembro de la familia que es encarcelado.
Más allá de la cuestión de la criminalidad
Bajo el mandato de Bukele, el salario mínimo se elevó ligeramente hasta los 365 dólares en comercio y servicios, y no volvió a revisarse hasta junio de 2025, cuando un incremento adicional del 12 % lo situó en 408,80 dólares en comercio, 402,26 en manufactura y 272,72 en el sector agropecuario, mientras que el Código de Trabajo exige revisión al menos cada tres años, plazo que se ha incumplido holgadamente. Durante esos cuatro años la inflación alcanzó un pico interanual del 7,76 % en junio de 2022 y el año cerró en 7,32, el registro más alto desde 2009 según el Banco Central de Reserva. El costo de la Cesta Básica Alimentaria urbana pasó de 200,02 dólares en 2019 a 256,02 en 2024 y promediaba 255,5 al cierre del primer semestre de 2026, con un aumento de más del 21%, y la rural pasó de 144,48 a 185,57 en el mismo período. De esta manera, un salario mínimo agrícola cubre hoy alrededor de 1,47 cestas básicas calculadas para entornos rurales, sin margen para vivienda, transporte, salud o educación.
La informalidad laboral alcanza a cerca del 69% de los asalariados, y la Comisión Económica para América Latina la sitúa en torno al 60% si se cuenta a quienes carecen de cobertura del Instituto Salvadoreño del Seguro Social o de las administradoras de fondos de pensiones. Además, el 61,2% de la población ocupada no está bajo ningún sistema de seguridad social. El subempleo urbano llegó al 39% de la población económicamente activa urbana en 2025, unos 1,2 millones de personas, y el indicador de subempleo e inestabilidad laboral entre hogares en pobreza multidimensional subió del 60,0% en 2024 a 65,6 en 2025. Por su lado, el desempleo, que cerró 2024 en 5,2 %, encubre esa masa de trabajo precario.
El sector maquila, del que depende más del 80% de las exportaciones industriales, vio caer sus exportaciones de 360 millones de dólares en 2022 a 197,5 en 2024, y en los primeros cinco meses de 2025 retrocedió un 19% adicional, una contracción que el Banco Central no registraba desde 1996. El Movimiento de Trabajadores Despedidos contabiliza más de 23.000 puestos de trabajo estatales eliminados desde 2019 entre el gobierno central y las municipalidades.
Junto con todo ello, se observa cómo los programas que amortiguaban esas condiciones fueron desmantelados desde el primer año de gobierno, incluso antes de dar comienzo a las medidas de encarcelación masiva y demás medidas de excepción. 13 de los 45 programas heredados del gobierno anterior se dejaron de facto sin recursos en el presupuesto de 2020. Se desfinanciaron, entre otros, los programas Ciudad Mujer, los Equipos Comunitarios de Salud Familiar, la Operación Milagro, el programa Jóvenes con Todo y el de alfabetización. Además, la cobertura de la pensión básica universal no contributiva se redujo un 21,25%, y a diciembre de 2024 solo el 22% de los mayores de 60 años tenía pensión formal. Los últimos 15 Equipos Comunitarios de Salud Familiar que sobrevivían se clausuraron en 2025, impactando directamente sobre mujeres embarazadas, adultos mayores y niños de zonas rurales.
Todo el recorte de gasto social, en cambio, se reorientó hacia el sector de “seguridad y defensa”, cuyo presupuesto asciende a más de 1.560 millones de dólares, alcanzando el 14,8% del presupuesto general del estado. La Fuerza Armada recibió un aumento de 52,9 millones en 2025 pese al discurso oficial sobre un país ya “curado” de pandillas. En comparación, en el ejercicio de 2025, Educación ejecutó 1.305,8 millones y Salud 1.154, cifras que hay que leer junto a los 1.502,3 millones que el país pagó ese mismo año en intereses y otros costos financieros de su deuda, apareciendo además todos ellos por debajo de lo presupuestado para el sector policial y militar.
Figura 3. Comparativa de presupuestos del estado para los sectores de “seguridad y defensa”, “costes financieros de deuda”, “educación” y “salud”.
Regalos fiscales a grandes empresas
Las exenciones tributarias para ciertos sectores de la sociedad también fueron parte del paquete de medidas de Bukele. La Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías, promulgada en mayo de 2023, exime durante quince años del impuesto sobre la renta, de sus retenciones, de los impuestos municipales sobre el activo neto, del pago de la ganancia de capital y de los aranceles a la importación de bienes, insumos y maquinaria a quienes desarrollen programación, inteligencia artificial o manufactura de hardware, lo que en la práctica significa un regalo fiscal prácticamente completo a todas las grandes empresas tecnológicas por 15 años. Por ejemplo, Tether, emisora de la criptomoneda “estable” USDT, anunció en enero de 2025 que trasladaría su sede a El Salvador acogiéndose a ese régimen, así como lo han hecho muchas otras del mismo sector, vista la indulgencia del régimen de Bukele por este tipo de tendencias.
El sector que más creció en 2025 fue la construcción, con un 27,1 % según el análisis de la financiera EMFI frente a un crecimiento general del 3,9 estimado por el Banco Mundial, y la inversión privada avanzó un 26,2%, el ritmo más alto desde la pandemia. La inversión extranjera directa captada en 2024, en cambio, fue de apenas 640 millones de dólares, un 11% menos que en 2023 y solo el 4,4 % del total centroamericano, muy por detrás de Costa Rica, Panamá y Guatemala.
Despojo de tierras indígenas y públicas
Es interesante ver cómo ese crecimiento se correlaciona con el despojo de tierras indígenas o directamente de carácter público. El Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador registraba en junio de 2025 al menos cuarenta y cinco comunidades con procesos judiciales de desalojo en curso, que afectan a unas once mil familias, la mayoría en la zona central y en la franja costera, ante demandas de usurpación presentadas por particulares y empresas que impulsan proyectos urbanísticos y turísticos. En la playa El Icacal, en La Unión, los habitantes denunciaron que desde julio de 2023 una sociedad se adjudicó de forma unilateral tierras de la población y que en noviembre de ese año personas armadas y encapuchadas entraron en la comunidad a intimidar a los residentes. La segunda fase del proyecto Surf City, iniciada en abril de 2025 con una inversión de cuarenta y un millones de dólares en una carretera de trece kilómetros que conecta once playas entre Usulután y San Miguel, se despliega sobre ese mismo litoral.
Corrupción en la clase política
Revista Factum y GatoEncerrado documentaron en mayo de 2026 que dos empresas vinculadas a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y a su esposo, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, obtuvieron al menos catorce contratos con instituciones del Estado, todos sin competencia abierta, y que la ministra y su hermano adquirieron entre 2021 y 2024 un terreno en el estero de Jaltepeque, humedal protegido por la Convención Ramsar, cuyos propietarios eran miembros de la familia Bukele. El propio presidente adquirió en septiembre de 2025, por un millón de dólares y a través de una sociedad constituida con su esposa, una propiedad parcialmente situada en un área natural protegida según los mapas de dos instituciones del Estado. Durante la pandemia, el Ministerio de Agricultura pagó 22,7 millones de dólares por paquetes alimenticios a Munir Bendeck, amigo de la familia presidencial, según reveló El Faro. El propio Departamento de Estado estadounidense ha incluido a más de una docena de funcionarios del gobierno en su lista de personas señaladas por “corrupción y por socavar la democracia”.
Supresión de derechos políticos y centralización del poder político
Por su lado, el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora denunció al menos 1.983 despidos en los dos meses siguientes a la Marcha Blanca del 19 de octubre de 2024 contra los recortes en salud y educación, de los cuales 263 eran trabajadores de la salud, incluidos 28 sindicalistas. La Ley de Agentes Extranjeros de mayo de 2025 impone un gravamen del 30 % sobre los fondos de origen exterior recibidos por organizaciones no gubernamentales, crea un registro con facultades discrecionales de disolución y prevé sanciones de hasta 250.000 dólares, atacando directamente cualquier organización política o de derechos humanos, permitiéndole actuar contra ella con criterios arbitrarios. Adicionalmente, la Asociación de Periodistas de El Salvador contabilizó más de 50 periodistas exiliados solo en 2025, y entre febrero y abril de 2026 el Ministerio de Hacienda ejecutó anotaciones preventivas sobre una cuenta bancaria y un inmueble de dos accionistas de la sociedad fundadora de El Faro, medio que ya había trasladado su domicilio legal a Costa Rica y cuyos periodistas fueron vigilados con el programa Pegasus según documentaron Citizen Lab y Access Now. La abogada anticorrupción de Cristosal, Ruth López, también fue detenida en 2025, y los defensores del “agua de Santa Marta”, que sostuvieron durante años la campaña contra la minería metálica, volvieron a ser procesados, formando parte, todos ellos, de una larga lista de ataques directos contra los trabajadores y detractores del gobierno.
Asimismo, dentro de las estructuras institucionales, el gobierno de Bukele también actúa con un autoritarismo que pasa desapercibido en la prensa hegemónica. En febrero de 2020, el presidente entró en la Asamblea Legislativa acompañado de militares armados para presionar la aprobación de un préstamo. El 1 de mayo de 2021 la nueva Asamblea destituyó en una sola sesión a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, y la sala así reconstituida reinterpretó en septiembre la prohibición de la reelección consecutiva vigente en la tradición jurídica salvadoreña desde el siglo XIX. Ese mismo año se apartó de la judicatura a los jueces mayores de sesenta años y se desmanteló la Comisión Internacional contra la Impunidad respaldada por la Organización de Estados Americanos, cuyas investigaciones sobre contratación durante la pandemia quedaron interrumpidas. En 2024 la Asamblea se redujo de 84 a 60 escaños y los municipios de 262 a 44. El 31 de julio de 2025, en una sola sesión que prescindió de la doble ratificación tradicional, se suprimieron los límites a la reelección, se extendió el mandato presidencial de cinco a seis años, se eliminó la segunda vuelta y se adelantó el fin del período en curso al 1 de junio de 2027 para unificar en ese año las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Desigualdad socioeconómica
Para completar la fotografía de la era Bukele, es significativo analizar la polarización económica del país, ya que a pesar de que se haya acabado con la extorsión de las maras y con la “renta” paralela que esto suponía a muchos de los hogares, realmente se puede observar a qué sectores les afectaba en mayor medida la cuestión de la “seguridad”. El Banco Mundial señaló en octubre de 2024 que los ingresos promedio del país crecían, pero por el otro lado, las cifras oficiales indicaban un aumento del número de pobres, y que la proporción de personas en pobreza extrema acumulaba cuatro años consecutivos al alza (precisamente todos los años desde la toma de poder de Bukele). Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2024, la pobreza extrema aumentó en 21.355 personas, de 588.917 a 610.272. Junto con esto, en contraste con las altas tasas de apoyo electoral del presidente, se puede ver que la tendencia a querer emigrar del país se está reactivando con fuerza. La encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, realizada entre el 2 y el 12 de diciembre de 2025 sobre 1.268 entrevistas, registró que el 20,4% de los salvadoreños deseaba migrar, un salto de 6,4 puntos porcentuales respecto al 13,6 de mayo de ese mismo año, y que el 75,7% lo hacía por motivos económicos.
Figura 4. Tasas de diferentes indicadores relacionados con la pobreza o el empleo según fuentes
La violencia institucional tiene un precio futuro
El régimen de excepción lleva cuatro años y medio en vigor, y deja un saldo de cifras que permite al régimen de Bukele hacer propaganda a corto plazo. Sin embargo, la cohorte de niños que perdió a un familiar en 2022 tenía entonces entre cero y quince años y no llegará a la edad laboral antes de mediados de la próxima década. Si las tendencias de polarización económica y represión siguen su curso actual, existirá una extensa capa de personas que no solo no tendrán aseguradas sus condiciones materiales, sino que se habrán educado en un “estado de excepción” permanente de violencia continua. En este sentido, es preciso comparar experiencias históricas que hayan podido reunir características similares para observar que, el que venden hoy como “triunfo contra el crimen organizado”, al haberse construido sobre una represión masiva, ignorando completamente la realidad material de los trabajadores y sus familias, puede invertirse en el futuro.
No existe un caso paradigmático. Un país de seis millones de habitantes, sin moneda propia desde 2001, con una población equivalente al 26% de la suya residiendo en el exterior, con remesas por encima del 23% del PIB y con cerca del 70% de su fuerza de trabajo en la informalidad no tiene análogo exacto en ninguna serie. En cambio, podemos reunir diferentes casos para poder establecer una línea base.
Liedka, Piehl y Useem publicaron en 2006 en Criminology & Public Policy un modelo que describía los límites del “descenso de la criminalidad” en función de la proporción de personas encarceladas. Con treinta años de series estadounidenses encontraron que la relación negativa entre prisión y delito se debilita conforme crece la escala del encierro, y que lo hace de forma acelerada, de modo que a partir de determinado umbral, que los autores sitúan entre 325 y 429 presos por cada cien mil habitantes, los incrementos adicionales de encarcelamiento dejan de traducirse en reducciones del delito. El Salvador, con 1.659 por cada cien mil, se encuentra casi cuatro veces por encima del borde superior de ese intervalo.
Por su lado Rose y Clear formularon en 1998 en Criminology la hipótesis de la “movilidad coercitiva”, según la cual la extracción y la devolución continuas de personas por vía penal operan sobre un barrio del mismo modo que una migración forzosa, deteriorando las redes familiares, económicas y políticas de las que depende el control informal del delito. De esta manera Clear, Rose, Waring y Scully contrastaron la tesis en 2003 en Justice Quarterly sobre unos ochenta barrios de Tallahassee, cruzando datos censales, condenas, excarcelaciones y delitos registrados, resultando en que, paradójicamente, unos flujos altos de encarcelación podían acarrear incrementos posteriores en la criminalidad en si misma.
Aizer y Doyle publicaron en 2015 en Quarterly Journal of Economics un estudio sobre el individuo encarcelado, descubriendo otros aspectos sobre los efectos de la política de “mano dura”. Aprovechando que los casos de menores se reparten aleatoriamente entre jueces con propensiones distintas a encarcelar, los autores emplean esa propensión como variable instrumental (un procedimiento que permite aislar el efecto del encierro de las características del propio menor) sobre más de treinta y cinco mil menores infractores de un condado urbano estadounidense seguidos durante diez años. El encarcelamiento juvenil reduce de forma sustancial la finalización de la enseñanza secundaria y eleva la probabilidad de encarcelamiento en la edad adulta, incluido el asociado a delitos violentos. Los autores identifican además el canal por el que ocurre, ya que la reclusión reduce drásticamente la probabilidad de volver alguna vez a la escuela y, entre quienes vuelven, aumenta la de ser clasificados con un trastorno emocional o conductual, dejando claro que la encarcelación de menores afecta gravemente a la alfabetización y la integración social; fenómeno que si se extiende a tasas elevadas, puede tener un impacto notorio a nivel general.
Sobre las siguientes generaciones, Murray, Farrington y Sekol reunieron en 2012 en Psychological Bulletin cuarenta estudios que comparaban a 7.374 niños con un progenitor encarcelado con 37.325 niños de control. Tras controlar la criminalidad de los padres y la conducta previa de los propios niños, la asociación con lo que la jerga criminalística categoriza como “conducta antisocial” se mantiene, con una razón de probabilidades de 1,4 equivalente a alrededor de un 10% de riesgo adicional, y no se reduce por más covariables que se añadan al modelo. Lo decisivo de cara a reducir ese impacto lo atribuyen a penas más cortas, a un régimen penitenciario que preserva el contacto familiar, a una justicia juvenil orientada al bienestar y a un sistema de protección social extenso, situando a El Salvador en el extremo opuesto de todas estas prácticas.
Existe además una extensa literatura que mide el efecto de la violencia policial sobre menores que no han sido detenidos ni condenados, sino que simplemente la presencian. Desmond Ang publicó en 2021 en Quarterly Journal of Economics un trabajo que explora la distancia a la que viven los estudiantes de secundaria de Los Ángeles respecto de cada homicidio cometido por agentes. La exposición produce caídas persistentes de las calificaciones, un aumento de los diagnósticos de alteración emocional y descensos de la graduación y del acceso a la universidad, con efectos concentrados por completo en estudiantes negros y latinos, y mayores cuando la víctima estaba desarmada. Legewie y Fagan documentaron en 2019 en American Sociological Review el mismo fenómeno sobre el programa Operation Impact de Nueva York, que saturó de agentes las zonas de mayor registro de “criminalidad”, empleando datos administrativos de unos 250.000 adolescentes de nueve a quince años. El programa redujo el delito y, de manera simultánea, redujo las puntuaciones escolares de los adolescentes negros varones de trece a quince años.
Lessing sostuvo en 2017 en Rationality and Society, mediante un modelo formal contrastado con casos de todo el continente americano, que el encarcelamiento masivo incapacita individuos y al mismo tiempo fortalece “redes criminales colectivas”, porque la pandilla que controla la vida dentro del penal, sumada a la amenaza de ingreso que el propio Estado produce, adquiere capacidad de mando sobre quienes siguen en la calle. Los periodos de crecimiento brusco del encarcelamiento impulsados por “leyes antipandillas” precedieron, en sus casos, a saltos cualitativos en la proyección de poder de las pandillas carcelarias hacia el exterior. Es la secuencia que Holland describió en 2013 en Latin American Research Review para el propio El Salvador de la posguerra, donde “la mano dura”, definida por la creación de delitos discrecionales, la dilución de las garantías procesales y la participación militar en tareas policiales, sirvió para consolidar a ARENA electoralmente pero no produjo reducciones duraderas del delito.
La dimensión internacional y los pactos de las autoridades con las pandillas
Vista la secuencia histórica a nivel interno, queda por analizar por qué aparece EEUU como principal promotor, tanto material como discursivamente, del gobierno actual Salvadoreño, y cuál es el lugar que ocupa en el auge de los gobiernos de extrema derecha en Latinoamérica.
En el plano de la repatriación de los migrantes de origen salvadoreño y la derivación de los costes de la justicia, se encuentran los acuerdos de marzo de 2025 por los cuales El Salvador recibió a 238 ciudadanos venezolanos y 23 salvadoreños expulsados desde EEUU al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, norma concebida para situaciones de guerra declarada, a cambio de una contraprestación cifrada en torno a los 6 millones de dólares anuales. Los deportados fueron alojados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) pese a que el juez federal James Boasberg había emitido una orden de restricción temporal que, sea dicho de paso, no se acataron. En julio del mismo año, parte de esos detenidos fue objeto de un intercambio de prisioneros con Venezuela que permitió la liberación de diez ciudadanos estadounidenses.
La Joint Task Force Vulcan, equipo multiagencia federal creado en 2019 para desarticular el liderazgo transnacional de la Mara Salvatrucha, había ampliado su investigación hasta documentar, según reveló ProPublica, que el gobierno salvadoreño bloqueó extradiciones de “líderes pandilleros” reclamados por la justicia estadounidense y que al menos ocho funcionarios salvadoreños de seguridad y justicia debieron ser reubicados fuera del país por temor a represalias de su propio gobierno. La embajadora salvadoreña en Washington, Milena Mayorga, declaró públicamente en febrero de 2025 que Bukele había planteado al secretario de Estado Marco Rubio una única petición de honor durante las negociaciones sobre algunos venezolanos, la de recibir a los presuntos “líderes pandilleros” detenidos en EEUU. En mayo de 2025 la fiscalía federal presentó una moción desistiendo de los cargos contra César Humberto López-Larios, alias Greñas, coimputado en el caso de Brooklyn en el que se sostenía que los líderes de la pandilla habían pactado con el gobierno reducir los asesinatos públicos a cambio de beneficios y de apoyo electoral en 2021. El fiscal justificó la decisión por razones de política internacional y de “seguridad nacional”. La defensa de otro de los imputados argumentó ante la corte que las deportaciones buscaban impedir que los pandilleros testificaran sobre esos pactos. De esta manera, la designación de la Mara Salvatrucha como “organización terrorista extranjera”, decidida por el Departamento de Estado el 20 de febrero de 2025, convivió con la devolución de sus dirigentes al país cuyos funcionarios estaban siendo investigados por haber negociado con ellos.
Además de los casos citados, las estadísticas de deportaciones se están viendo incrementadas de manera notable. Estas cerraron 2025 con 16.051 salvadoreños retornados y 165 vuelos, un 46% más que el año anterior, y el primer trimestre de 2026 registró un salto del 97,61% respecto al mismo período de 2025.
En un plano económico internacional, se encuentra el gravamen de las remesas comentadas anteriormente. El Estatuto de Protección Temporal ampara a unos 170.125 salvadoreños, a los cuales se les aplica el impuesto del uno por ciento sobre las remesas enviadas al exterior. El Center for Global Development proyectó que El Salvador perdería por esa vía el equivalente al 0,6 % de su ingreso nacional bruto; cerca de doscientos millones de dólares anuales. De esta manera, el beneficio de EEUU se vuelve doble, puesto que un país cuyo consumo interno depende en una cuarta parte de las remesas de una población equivalente al 26 % de sus habitantes, carece de margen para negarse a colaborar con la política migratoria de quien alberga a esos emigrantes.
De la misma manera, los mecanismos financieros también sirven al país norteamericano para extraer beneficio. En este aspecto, la recompra de deuda de octubre y noviembre de 2024 combinó mil millones de dólares en seguro de riesgo político aportados por la Development Finance Corporation estadounidense con un préstamo de 940 millones organizado por JPMorgan Chase, y permitió recomprar 1.031 millones en bonos, operación que la embajada estadounidense describió como la mayor conversión de deuda de la historia.
En el plano militar, la instalación de Comalapa, situada en el aeropuerto internacional y operativa desde agosto de 2000 bajo supervisión del Comando Sur (rama del ejercito estadounidense que se encarga de Latinoamérica), presta soporte permanente a las operaciones del mismo, por ejemplo, en los asesinatos a supuestos “narcotraficantes” que viajaban por aguas internacionales en los últimos meses.
Respecto a la extracción de recursos, la derogación de la prohibición minera en diciembre de 2024 reabre la frontera extractiva sobre las cuencas del norte del país, las mismas por las que El Salvador libró y ganó dos litigios ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones. La empresa Citalá Resources se registró el 27 de febrero de 2025 con directivos vinculados a proyectos previos de Goldcorp y la estadounidense Bluestone y a la canadiense Aura Minerals. El movimiento coincide también con la demanda estadounidense declarada de minerales críticos en América Latina, y con la reducción simultánea de los derechos de organización y manifestación que la Ley de Agentes Extranjeros y el procesamiento de los defensores de Santa Marta han producido.
Lobbys ultraderechistas
El interés externo también pasa por la proliferación de ideas de ultraderecha con la expansión de la red Atlas, que articula centros de pensamiento (think tanks) de orientación ultraliberal en todo el continente, distribuyó en 2023 alrededor de 7,6 millones de dólares mediante ciento setenta y tres asignaciones. La Conferencia de Acción Política Conservadora estadounidense estableció capítulos en Brasil, México, Argentina y El Salvador, y el partido Vox articula desde su fundación asociada el llamado Foro de Madrid. Bukele intervino en esa conferencia y fue recibido en la Casa Blanca el 14 de abril de 2025. Los paralelismos regionales contienen algunos rasgos afines con la tendencia salvadoreña, pero más allá de estos, no presentan una homogeneidad clara (salvo, claro está, que sirven de periferia por y para los Estados Unidos).
La única influencia evidente del gobierno de Bukele ha quedado registrada en la propaganda que ha hecho para el uso de herramientas como el estado de excepción, mayores presupuestos para los aparatos represivos y una forma más explícita de la violencia estatal. En este sentido, la inauguración del llamado CECOT en El Salvador, se han propuesto dieciséis megacárceles en diez países, con Honduras construyendo su propio complejo y Costa Rica levantando un centro cuya primera piedra colocó el presidente salvadoreño en enero de 2026 tras donar los planos. Aun así, la evolución ha diferido de manera que, han afectado en mayor medida los factores estructurales de cada uno de los países y la forma en la que se constituía la delincuencia que se decía “combatir”. De esta manera, Ecuador pasó de una tasa próxima a 6,7 homicidios por cada cien mil habitantes en 2020 a un récord de 50,9 en 2025 pese a la aplicación reiterada de estados de excepción y a la adopción explícita del repertorio salvadoreño; en cambio Honduras registró un descenso moderado, de 38 por cada cien mil en 2022 a 23,2 en 2025.
Conclusiones
La situación de extrema violencia y la alta presencia del crimen organizado civil en El Salvador es consecuencia directa de la gestión de los intereses imperialistas de EEUU han tenido sobre el país salvadoreño. La promoción constante de un gobierno de corte militar que sirvió para mantener una oligarquía que explotase de manera rentable los principales sectores agrícolas e industriales del país, a la vez que reprimían y frenaban cualquier avance de la organización en favor de la clase trabajadora y las comunidades indígenas, y la financiación de una guerra civil que acabó por devastar al país, sumado a la repatriación forzosa de cientos de miles de personas que ante el rechazo y la marginación en los propios Estados Unidos, habían conformado sus propias bandas de crimen organizado, terminaron por culminar en el fenómeno observado.
En este sentido, el gobierno de Bukele, que representa la encarnación del mismo bando que provocó dicha situación, es quien se autoproclama como “salvador del pueblo”, mientras que por detrás ha desmantelado las pocas conquistas sociales que se habían conseguido, ha establecido infinidad de medidas para desarticular cualquier ápice de organización independiente que le lleve la contraria y profundiza en el empobrecimiento de las capas más empobrecidas.
De cara a las consecuencias que pueden tener las medidas de encarcelamiento y represión masivas, las comparaciones dejan claro que, de no tratar las razones de los problemas sociales de raíz (hecho que queda constatado que no sucede), el uso de la violencia estatal solamente atenúa el problema en el momento de mayor severidad, pero prepara el caldo de cultivo para que en el futuro, las nuevas generaciones, educadas en violencia y despojadas de toda posibilidad de vivir en condiciones dignas, vean la única salida en el crimen organizado civil.
Por último, se observa que El Salvador no es un país que destaque en el plano internacional, puesto que cuenta con una economía relativamente pequeña, no dispone de recursos estratégicos ni una posición privilegiada geográficamente, y si ha servido para alguna función en la región es la de ser un laboratorio que ha lavado la cara al aumento de los presupuestos a los aparatos represivos y al auge de la represión. Por lo demás, este responde a mecanismos convencionales del imperialismo mediante los cuales EEUU adquiere ciertos beneficios económicos (explotación industrial, reducción de costes de la justicia, rentas sobre las remesas, intercambio desigual de ciertas mercancías), y por otro lado consigue acuerdos para la fácil repatriación de migrantes, frenar posibles rutas de migración en el futuro inmediato y frenar también el avance de su enemigo estratégico en Latinoamérica: China. Queda claro que, en este sentido, no es un territorio de máxima prioridad, pero de igual manera supone una ventaja el hecho de mantenerlo dentro de la esfera de influencia.
Consultas de interés
Sviatschi, M. M. (2022). Spreading gangs: Exporting US criminal capital to El Salvador. American Economic Review, 112(6), 1985–2024. https://doi.org/10.1257/aer.20201540
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Wakefield, S., y Wildeman, C. (2014). Children of the prison boom: Mass incarceration and the future of American inequality. Oxford University Press.
Human Rights Watch. (2024, 16 de julio). «Su hijo no existe aquí»: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador. https://www.hrw.org/es/report/2024/07/16/su-hijo-no-existe-aqui/violaciones-de-derechos-humanos-de-ninos-ninas-y
