Los encarcelamientos arbitrarios de Bukele

Once agentes de la Policía Nacional Civil salvadoreña, con trayectorias de entre 9 y 31 años de servicio, describieron a Human Rights Watch el procedimiento por el que se produjeron buena parte de las detenciones del régimen de excepción de El Salvador; nueve de estos agentes seguían en activo cuando hablaron. Servían en Santa Ana, San Vicente y San Salvador, y entre ellos había sargentos, investigadores y técnicos forenses. La organización publicó los testimonios el 27 de junio de 2025 y los contrastó con documentos internos de la corporación, con sentencias judiciales y con relatos de otros agentes y de personas detenidas.

En primer lugar, varios agentes relataron que en la formación de las ocho de la mañana los jefes fijaban un número de capturas por patrulla y por turno, entre tres y cinco, sin especificar el motivo. Quien no lo alcanzaba no cerraba el turno, no comía y no descansaba en la delegación. Quien se negaba escuchaba una amenaza de traslado a Morazán o a La Unión, lejos de su familia, o de proceso disciplinario por incumplimiento de deberes. Human Rights Watch revisó un informe interno de abril de 2022 que tres agentes presentaron a la Inspectoría General de Seguridad Pública, en el que consta la orden de detener al familiar de un pandillero y de no volver a la base sin él, la existencia de una cuota de cinco detenidos diarios y el traslado de los tres firmantes a otra delegación al día siguiente. La Prensa Gráfica había informado en septiembre de 2022 de instrucciones que fijaban hasta mil capturas diarias en todo el país.

Otra prueba de la arbitrariedad de los criterios de detención es que incluso un “sindicato” policial denunció el mismo mecanismo en abril de 2022, quince días después de decretado el régimen de excepción. Su secretario general, Marvin Reyes, señaló entonces el caso de Cinquera, en Cabañas, un municipio sin presencia pandillera donde la jefatura de la subdelegación exigía treinta capturas al día. El grupo calculó que alrededor 2.000 de las 10.000 mil personas detenidas hasta esa fecha no tenían vínculo con las pandillas ni antecedentes.

Los agentes describieron cómo la Sección de Tratamiento de la Información y el Departamento de Inteligencia Policial elaboraban fichas a partir de llamadas anónimas al 123, de fotografías tomadas en la calle y del documento único de identidad, y cómo el apartado de observaciones se completaba con la palabra colaborador cuando no había nada más. Uno de ellos directamente alegó que no hay investigaciones y que la policía crea perfiles. Un tatuaje de cualquier tipo bastaba. Por su lado, complementando esta perspectiva, El Faro revisó anteriormente seiscientos noventa expedientes judiciales y encontró capturas justificadas por una mera “apariencia sospechosa” o “nerviosa”.

Dos agentes describieron además un protocolo aplicado a las órdenes judiciales de libertad. En las entrevistas contaron cómo los policías avisaban por teléfono de la salida inminente de un interno y la patrulla esperaba en el portón para volver a detenerlo por el mismo delito de agrupaciones ilícitas. Otros relataron el uso del régimen como instrumento de coacción, con agentes que pedían dinero o relaciones sexuales a mujeres a cambio de no capturar a un hermano, un primo o un marido, práctica que La Prensa Gráfica documentó por su cuenta en septiembre de 2024.

Las autoridades reportan más de 92.000 detenciones desde marzo de 2022, más de 3.000 de ellas de menores de edad. Además, reconocen que unas 8.000 personas fueron liberadas por falta de pruebas. Un informe del Banco Mundial de abril de 2025 establece que solo el 23% de la población reclusa salvadoreña tiene condena firme, la proporción más baja de América Latina. Amnistía Internacional llegó en julio de 2026 a conclusiones equivalentes tras seis visitas de documentación entre mayo de 2022 y enero de 2025, 109 entrevistas y el examen directo de más de 80 casos, y describió tribunales que ya no ejercen control sobre las actuaciones policiales y fiscales.