Estados Unidos como protagonista en la guerra civil Salvadoreña

La guerra civil que asoló El Salvador entre 1980 y 1992 no fue un mero conflicto interno, sino un escenario más de la Guerra Fría donde la intervención de los Estados Unidos de América, bajo la doctrina de contención del comunismo, se tradujo en un torrente de ayuda económica y militar que superó los seis mil millones de dólares. Esta abrumadora asistencia, lejos de buscar “la paz y el bienestar” de la población salvadoreña, tuvo como objetivo principal sostener a un gobierno aliado y derrotar a la insurgencia socialista, a cualquier coste. El resultado fue una prolongada guerra devastadora que duró 12 años, profundizó en la miseria que padecía la mayoría de los trabajadores y dejó las condiciones perfectas para concebir El Salvador que conocemos hoy.

A lo largo de los doce años de conflicto, EEUU canalizó casi 6.000 millones de dólares de la época (lo que equivaldría a 24.300 millones dólares de hoy en día, ajustado por inflación) en ayuda económica al gobierno salvadoreño, siendo aproximadamente el 70% de estos fondos dedicados directamente al esfuerzo bélico. Adicionalmente, se calcula que el componente militar de la ayuda superó los 2.000 millones de dólares, siendo la administración de Ronald Reagan la que mayor influencia tuvo en este conflicto.

Este flujo de armamento, equipo y asesoría sirvió para transformar radicalmente a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). Como consecuencia, en apenas quince meses de gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno, EEUU concedió una asistencia militar equivalente al 69% de toda la que había brindado al país en los casi 30 años anteriores, en los cuales también había realizado cuantiosas aportaciones con el objetivo de mantener un gobierno títere. Este incremento exponencial de fondos se puede ubicar en el contexto de la urgencia de Washington por equipar y entrenar a las fuerzas gubernamentales para una guerra contrainsurgente a gran escala, siguiendo los parámetros de la Doctrina de Conflictos de Baja Intensidad.

La presencia de personal estadounidense en territorio salvadoreño fue discreta pero significativa, y contó con al menos 33 militares norteamericanos que se encontraban desplegados hacia el final de 1980 con misiones de asesoría, cifra que creció progresivamente a lo largo de la década. Este contingente no solo brindaba entrenamiento táctico, sino que también supervisaba el uso de equipos de comunicaciones, sistemas de inteligencia y aeronaves como los helicópteros UH-1H Iroquois, cuya entrega fue decisiva para las operaciones de movilidad y ataque de la Fuerza Armada. La asistencia incluyó, además, la formación de unidades de élite en contrainsurgencia y el suministro de munición y repuestos que permitieron mantener una alta cadencia operativa, incluso en periodos de restricciones legales impuestas por el Congreso estadounidense. La Administración Reagan justificó tales entregas bajo el argumento de que una derrota del gobierno salvadoreño significaría un avance del bloque soviético en la zona. Asegurar su posición estratégica en el “patio trasero” latinoamericano, sin que importara la conducta que tendrían las fuerzas receptoras, como se pudo apreciar en otras intervenciones realizadas en el continente.

Los efectos de esta inyección de recursos sobre la economía y la estructura social del país pueden cuantificarse a través de varios indicadores. El producto interno bruto per cápita, por ejemplo, que ya mostraba una tendencia estancada desde la década de 1970, cayó un 15% acumulado entre 1980 y 1985, mientras que la inflación superó el 30% anual en varios de esos años. La destrucción de infraestructura productiva, especialmente en las zonas rurales, convertidas en focos de combate contra la guerrilla, redujo la producción de café y algodón, los principales rubros de exportación, en un 40% respecto a los niveles previos al conflicto. El gasto militar como proporción del presupuesto nacional pasó del 12% en 1979 al 32% en 1986, absorbiendo fondos que habrían podido destinarse a salud, educación o vivienda. El desplazamiento forzado de población afectó a más de 500.000 personas, equivalentes al 12% de la población total, quienes se vieron obligadas a abandonar sus hogares y en muchos casos a refugiarse en países vecinos o en campamentos dentro del propio territorio. Las cifras de víctimas mortales, documentadas por la Comisión de la Verdad establecida tras los Acuerdos de Paz, sitúan el número de civiles ejecutados extrajudicialmente o muertos en combate en aproximadamente 75.000, sin contar los desaparecidos, que superan los 8.000 casos registrados.

El vínculo entre la “ayuda” estadounidense y la sistemática violación de derechos humanos ha sido objeto de múltiples investigaciones. Los informes de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como el propio informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, atribuyeron el 85% de los abusos graves a fuerzas gubernamentales o paramilitares vinculadas al ejército, incluyendo masacres rurales, torturas y desapariciones. La masacre de El Mozote en diciembre de 1981, en la que más de 900 campesinos fueron asesinados por el batallón Atlacatl, ocurrió apenas dos meses después de que el gobierno de Reagan certificara que El Salvador “cumplía con los estándares de respeto a los derechos humanos” exigidos por la ley estadounidense para la entrega de ayuda militar. Esta certificación, reiterada anualmente a pesar de las evidencias en contrario, permitió que el flujo de armas y entrenamiento continuara sin interrupción. La Embajada de Estados Unidos en San Salvador recibió informes detallados de estas violaciones, pero la prioridad estratégica de contener a la insurgencia prevaleció sobre cualquier acción diplomática o suspensión de asistencia.

La influencia de Washington no se limitó al ámbito castrense, sino que se extendió a la reconfiguración del Estado salvadoreño para alinearlo con los intereses de su política exterior. La ayuda económica condicionada, aunque formalmente destinada a “reformas agrarias y de democratización”, en la práctica se canalizó hacia el fortalecimiento de las instituciones de control interno, como la policía de hacienda y los servicios de inteligencia, que operaron como brazo represivo del régimen. Las elecciones celebradas en 1982, 1984 y 1989 también recibieron dinero y asesoría técnica estadounidense, aunque permaneció en manos de una élite militar y económica vinculada a los sectores agroexportadores. Esta élite, a su vez, mantenía una relación directa con empresas y bancos estadounidenses que operaban en el país, asegurando que las políticas económicas favorecieran la inversión extranjera y la “apertura comercial” a sus empresas, en detrimento de las demandas de reforma agraria y redistribución de la tierra que habían sido el detonante original de la guerra.

Finalmente, la magnitud del efecto de la intervención estadounidense, medida en términos de duración del conflicto y costos humanos, muestra una correlación directa entre el volumen de ayuda y la intensidad de la guerra. Los periodos de mayor entrega de material bélico, como entre 1983 y 1986, coinciden con las ofensivas militares de mayor envergadura y con los picos en el número de bajas civiles. A pesar de todo ello, la guerrilla del FMLN, por su parte, no logró ser derrotada militarmente incluso con la gran diferencia de recursos con los que podían contar, lo que llevó a un estancamiento del conflicto bélico en los inicios de los años 90 hasta el fin del conflicto.

La responsabilidad de EEUU en la prolongación de este escenario, a través de su apoyo incondicional a un gobierno que carecía de legitimidad popular desde décadas atrás, únicamente con el objetivo de que le fuera funcional para la extracción rentable de recursos y la guerra internacional contra el socialismo, queda documentada en los archivos desclasificados y en los testimonios recogidos por las comisiones de verdad. Estos señalan directamente a Washington como el principal responsable de la magnitud de la tragedia vivida por el pueblo salvadoreño antes y durante la guerra, y lo ponen como uno de los principales causantes de la proliferación de la criminalidad que tanto ha dado de que hablar.