Ayer se cumplieron 90 años desde el golpe de Estado fascista que dio comienzo el 18 de julio de 1936. La sublevación militar inmediatamente se topó con la respuesta de la clase obrera organizada, que a través de los sindicatos como la CNT o la UGT y fuerzas obreras salió a la calle con las armas en las manos. La clase obrera consiguió detener el golpe, que fracasó parcialmente en gran parte del territorio, haciendo que la insurrección no pudiera triunfar de manera generalizada.

Así, el territorio del Estado español quedó dividido en dos zonas enfrentadas. Por un lado, se encontraban las zonas en manos de los sublevados, en las que, como más adelante se analizará en este reportaje, se desató una gran violencia con un marcado carácter de clase. Por otro lado, estarían las zonas republicanas, en las que las fuerzas rebeldes fueron vencidas inicialmente, y que fueron territorios donde el Gobierno republicano coexistió con comités revolucionarios populares, milicias obreras, sindicatos y organizaciones populares, en las que el proletariado organizado tuvo un papel destacado.

Y es que, paradójicamente, la sublevación que pretendía derribar no solo a la República, sino que buscaba destruir el movimiento obrero, hizo que la lucha de clases se agudizara y la revolución social se acelerara, dando lugar en aquellos territorios liberados (por ejemplo, en Catalunya, Aragón, Valencia o Andalucía) a experiencias de autoorganización y colectivización de la tierra, de las fábricas y, en general, de los medios de producción. Tras la resistencia y las barricadas, la clase trabajadora organizada no se limitó a una defensa de la Segunda República, dando comienzo a una revolución social.

Para ser conscientes del volumen de las colectivizaciones de la tierra, es interesante analizar un estudio realizado en marzo de 1937, en plena Guerra Civil, por parte del Instituto de Reforma Agraria (IRA), que fue creado durante la Segunda República, en septiembre de 1932, con el objetivo de implementar la Ley de Reforma Agraria. Según los datos proporcionados por el IRA, sin tener en cuenta Aragón y Catalunya, se habían expropiado alrededor de 5.500.000 hectáreas, que representaban, más o menos, el 40% de la superficie cultivable del territorio. En cuanto a la colectivización de esas tierras expropiadas, se mencionaba que el 54% había sido legalmente colectivizada, formando en total 2.213 colectividades. Esas colectividades, se dividían de esta forma: 823 (37,19%) eran controladas por la UGT, 284 (12,83%) por la CNT y las restantes, 1.106 (49,98%), eran mixtas, es decir, ambos sindicatos tenían presencia en ellas y en su gestión. Además, a estas cifras habría que añadir 1.500.000 de hectáreas expropiadas con anterioridad.

En cuanto a las colectivizaciones de las empresas y la industria, uno de los ejemplos más significativos, sin lugar a dudas, fue Catalunya. Desde el estallido del golpe de Estado, muchas empresas habían sido o estaban siendo ya colectivizadas, lo que llevó a la Generalitat, en octubre de 1936, a publicar el Decreto de Colectivizaciones, en el que se legalizaban y regulaban las colectivizaciones, estableciendo criterios en base al tamaño de las empresas. Algunas estimaciones hablan de que a principios de 1939 había unas 2.000 firmas comerciales o industriales colectivizadas. Además, habría que sumar 4.500 empresas que, aunque seguían siendo de propiedad privada, contaban con un Comitè Obrer de Control (COC), que tenía la misión de controlar las condiciones de trabajo (salarios, horarios, higiene, seguridad, etc.), la disciplina en el trabajo y la producción. Por último, se estima que existían unas 600 agrupaciones industriales, que incluirían alrededor de 5.000 o 6.000 empresas más.

En lo que respecta a las zonas controladas por los sublevados, no tardaron en instaurar el terror fascista, que desató una feroz represión contra sus opositores. Pero lejos de limitarse a esas zonas, poco a poco fue expandiéndose a todos los territorios, con una clara sed de venganza, y tampoco se terminó una vez que la Guerra Civil llegó a su fin, continuó durante los años posteriores.

La represión durante la guerra y los primeros años de la dictadura

En total, 150.000 personas fueron víctimas de la represión franquista, siendo ejecutadas alrededor de 125.000 de ellas en el transcurso de la guerra y las 25.000 restantes durante los primeros años de la dictadura, hasta mediados de la década de 1940. Para ser conscientes de la magnitud, estas cifras representan el 0,6% de la población, y el 2,4% de la población masculina adulta. Por lo tanto, se podría concluir que tres de cada cien familias tuvieron un ejecutado por la represión franquista.

La represión, como anteriormente se ha mencionado, golpeó a todos los territorios, pero es evidente que no en todo afectó de la misma manera, y en algunos lugares el ensañamiento fue mayor que en otros. En Andalucía fueron ejecutadas más de 45.000 personas, en Castilla y León casi 20.000, en la provincia de Badajoz alrededor de 12.000 o en Catalunya más de 4.000, por poner algunos ejemplos.

La naturaleza de la represión, más allá de las cifras

Pero más allá de las cifras y lo puramente cuantitativo, el ensañamiento y la rabia con las que se golpeó a la clase trabajadora dejó episodios que hasta hoy siguen retumbando en la memoria de nuestra clase. Y es que, el objetivo no era simplemente ganar la guerra, sino instaurar el terror y aniquilar al enemigo de la manera más cruel y violenta posible.

El general Mola, a finales de julio de 1936 decía, a través de los micrófonos de Radio Castilla de Burgos, lo siguiente: “Yo podría aprovechar nuestras circunstancias favorables para ofrecer una transacción a los enemigos; pero no quiero. Quiero derrotarlos para imponerles mi voluntad, y para aniquilarlos”. El general Queipo de Llano, por su parte, definió el alzamiento militar como un “movimiento depurador del pueblo español”. Franco también había dejado claro que era preferible “una ocupación sistemática del territorio, acompañada por una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje al país infectado de adversarios.”

De esa manera, quedaba en evidencia el objetivo depurador y, a su vez, disciplinador del golpe de Estado. Se buscaba dar un escarmiento, para dar ejemplo y enseñar la lección a los de abajo, no solo por lo realizado durante la Segunda República, sino también por el temor que producía a la oligarquía que la vía parlamentaria fuera sobrepasada por la clase trabajadora organizada. Además, tal y como Fontana recuerda, aunque una parte de la represión no fuese ordenada directamente desde arriba y la ejecutaran por su cuenta partidarios y agentes locales del nuevo régimen, es evidente que la incitación y la tolerancia procedían desde arriba, por lo que ninguno de esos actor podrían calificarse de espontáneos.

Algunos de esos episodios más dramáticos, por poner varios ejemplos, son los siguientes:

Plaza de toros de Badajoz

El 3 de agosto de 1936 salió desde Sevilla la Columna de la muerte, con el objetivo de tomar Mérida y Badajoz, siguiendo la Ruta de la Plata, fusilando sobre la marcha por donde pasaban: Monesterio, Fuente de Cantos, Zafra o Mérida. El 14 de agosto, al entrar las fuerzas fascistas en Badajoz, encerraron en los corrales de la plaza de toros a 1.518 obreros y colocaron ametralladoras en los tendidos de la plaza. Algunos obreros quedaron heridos y nadie atendió los lamentos de su agonía.

Las 15 rosas de Grazalema

Esta pequeña localidad de gaditana quedó bajo el control miliciano durante las primeras semana de la guerra, y, entre otras cuestiones, se llegó a abolir el dinero y se estableció un sistema centralizado de recogida y redistribución de productos agrícolas. Esa convicción revolucionaria tuvo consecuencias especialmente encarnizadas, en dos capítulos: en primer lugar, en septiembre de 1936 el pueblo fue bombardeado, y en segunda instancia, asesinando a 15 mujeres (3 de ellas embarazadas) y un niño (al que obligaron a cavar su propia fosa) cuando en febrero de 1937 muchas familias volvieron a casa. Previamente, les raparon el pelo a las mujeres y las pasearon por el pueblo durante dos días para escarnio público.

La Desbandá

En febrero de 1937, con la ayuda de Hitler y Mussolini, las tropas sublevadas tomaron Málaga. En torno a 300.000 refugiados huyeron por la carretera Málaga-Almería, perseguidos por los Camisas Negras y la aviación nazi. La masacre de La Desbandá se saldó con el asesinato de más de 5.000 civiles indefensos.

Bombardeo de Gernika

La Legión Cóndor y la Aviazione Legionaria al servicio de Franco bombardean Gernika durante más de tres horas causando gran número de víctimas y una destrucción considerable de la localidad. El Gobierno de Euskadi registró 1.654 víctimas mortales. Previamente, a finales de marzo se habían comenzado a registrar bombardeos en localidades cercanas como Durango, Elorrio y Otxandio.

Perfil de los represaliados

Tal y como hemos explicado anteriormente, la represión y la violencia tuvieron un marcado carácter de clase. Aunque todos los sectores sociales de la población se vieron afectados, los estudios demuestran que una gran parte de los asesinados fueron jornaleros y campesinos, además de trabajadores asalariados y obreros en las grandes ciudades, algo que evidencia que había un claro matiz de clase en la represión franquista, y que con ello se buscaba la desarticulación política de los trabajadores. Esto último se vería reforzado con la desarticulación sistemática de sindicatos, ateneos y casas del pueblo, entre otros. Otra de las profesiones más castigada por los sublevados, por ejemplo, fue la de los trabajadores del ferrocarril, ya que el tren era un medio de transporte estratégico.

Si observamos la procedencia política de las víctimas, se podría decir que estas fueron las tendencias políticas que padecieron más la represión: las organizaciones anarquistas o anarcosindicalistas, las de carácter socialista o comunista, los partidos republicanos y los nacionalistas. Además, cabe destacar que gran parte de los represaliados habían ocupado anteriormente cargos de responsabilidad, ya sea en ayuntamientos, sindicatos, cooperativas u otras organizaciones políticas, sociales o culturales. Esto se puede observar de manera clara, por ejemplo, en el caso de Andalucía, teniendo en cuenta que 26 de los 91 diputados elegidos en las elecciones de febrero de 1936 fueron asesinados: el 28,5%.

Por otro lado, la mayor parte de los asesinados fueron hombres adultos, de entre 20 y 40 años. En torno a dos terceras partes estaban casados, y una tercera parte solteros. En cuanto al entorno en el que se producían estas ejecuciones, la mayor parte se dio en municipios pequeños y medianos, de menos de 4.000 habitantes.

El exilio republicano

Se calcula que en marzo de 1939 solo en Francia había alrededor de 440.000 exiliados, buscando refugio en el país vecino. Se estima que tras finalizar la guerra la mitad de los exiliados regresó a casa, con la esperanza de que Franco no aplicara represalias contra ellos, algo que no sucedió en muchos casos. Quienes se quedaron formando el exilio permanente tampoco corrieron mejor suerte, especialmente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que alrededor 9.000 ciudadanos españoles fueron deportados a campos de concentración nazis, la mayoría de ellos (unos 7.500) a Mauthausen, donde murieron al menos 4.435.

Otra cuestión significativa relacionada con el exilio republicano es, sin duda alguna, es la relacionada con los niños y niñas de la guerra. Según los datos del Centro Documental de la Memoria Histórica, 50.000 niños y niñas de entre 5 y 15 años fueron enviados fuera de España por sus familias entre 1937 y 1938. En su inmensa mayoría, procedían de zonas republicanas como Santander o Euskadi, y se buscaba protegerlos de los bombardeos, el hambre o la escasez de todo tipo de bienes de primera necesidad. Algunos de los países que más niños y niñas acogieron fueron Francia (20.000), Bélgica (5.000), Inglaterra (4.000), la Unión Soviética (3.000), Suiza (800) o México (450).

Violencia contra las mujeres

Aunque anteriormente se ha mencionado que la mayoría de los asesinados eran hombres, o como se analizará más tarde solo una ínfima parte de los cuerpos encontrados en fosas comunes pertenecen a mujeres, eso no quiere decir de ninguna manera que las mujeres estuvieran a salvo de la represión y la violencia franquista, y no se ensañaran con especial inquina contra ellas, algo que sí sucedió. En particular, eso se agudizó en el caso de aquellas mujeres que habían destacado en la militancia política o sindical, así como en las madres, hermanas o esposas de los militantes que estaban combatiendo en el frente o habían huido.

Muchas mujeres, tal y como ocurrió en Grazalema, sufrieron abusos sexuales, las raparon, les obligaron a ingerir aceite de ricino y fueron humilladas públicamente. Además de la violencia directa, es necesario subrayar que el destino de las mujeres señaladas políticamente estuvo marcado por la pobreza y la marginación, abocadas en muchos casos a la prostitución o al trabajo doméstico. Este último no se limitaba a una mera salida laboral, sino que tenía un claro objetivo de reeducación nacional-católica. A todo esto, también hay que añadir la cuestión de los niños y niñas robadas y arrebatadas a sus madres, que se estima que fueron decenas de miles entre los años de la guerra y la dictadura franquista.

Purga en la enseñanza

La depuración de la enseñanza fue uno de los objetivos prioritarios de los sublevados, y muestra de ello es el Decreto 66 que firmó Franco en noviembre de 1936, en el que se ordenaba una "revisión total y profunda en el personal de Instrucción Pública". Según varias investigaciones, al menos 60.000 maestros y maestras “de un nivel determinado” fueron depuradas.

Trabajo forzado en campos de concentración y prisiones

En marzo de 1939, la Inspección General de los Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP) hacía públicas las estadísticas de prisioneros republicanos internos en presidios y campos de concentración. Informaba que tenía contabilizados en total 431.351 individuos que habían pasado por campos de concentración, de los cuales 177.905 aún estaban pendientes de ser clasificados, aquellos que fueron capturados en Catalunya entre julio de 1938 y febrero de 1939.

No se aportaban cifras exactas sobre cuantos prisioneros de los 253.346 que sí habían sido clasificados fueron derivados al trabajo forzado después de su clasificación, ni cuántos lo habían sido mientras se buscaba información para determinarla. Se cree que el punto álgido de trabajadores concentracionarios (aquellos que estaban presos en depósitos, campos de concentración y prisiones militares) se acercó a los 100.000 prisioneros en la primavera de 1939, mientras que el mayor número de trabajadores penitenciarios (aquellos que estaban presos en prisiones de diverso tipo) fue en 1943, con una cifra cercana a 30.000 prisioneros.

Y es que, para afrontar las necesidades que suponía ganar la guerra y, simultáneamente, construir el nuevo régimen, no fue suficiente emplear la mano de obra disponible en el mercado laboral, y los militares sublevados y diferentes entidades civiles (ejercito, Iglesia, empresas, etc.) se nutrieron de la población cautiva en dos grandes sistemas, para cumplir para cumplir diferentes objetivos estratégicos, logísticos y económicos.

Los datos muestran que el ejército franquista fue el principal empleador de la fuerza de los prisioneros de los que disponía en los campos de concentración, realizando alrededor del 75% de las peticiones de prisioneros entre finales de 1937 y julio de 1939, llegando a solicitar 42.440 presos. En cuanto a los tipos de trabajo requeridos, casi el 60% del total de los prisioneros requeridos a la ICCP fueron para actividades con proyección civil: obras de construcción y reconstrucción urbana, limpieza, derribos, desescombro, abastecimientos, ampliación de cementerios, reparaciones de acequias, etc.