Indar Gorri, grupo de aficionados del Osasuna, ha difundido el balance de la actuación de los aparatos represivos del Estado contra sus integrantes durante las dos últimas temporadas. Coincidiendo con el último partido de la competición en su estadio, la afición rojilla ha hecho públicos unos datos que revelan una presión policial y judicial sistemática. Según los registros del colectivo, la suma de las 351 sanciones administrativas impuestas asciende a 228.000 euros, una cifra que drena directamente el salario de los aficionados de clase obrera en un intento de disciplinamiento social.

La frecuencia de los castigos económicos y físicos muestra una actividad constante de las fuerzas represivas. Los datos aportados por los aficionados navarros detallan que el ritmo de las sanciones equivale a una multa de 1.000 euros cada 3,3 días. Asimismo, la hinchada contabiliza 98 detenciones en este periodo bianual, lo que arroja una estadística de un arresto por semana. Con estas cifras sobre la mesa, Indar Gorri pretende visibilizar la función de las multas como una herramienta de control social dirigida a desarticular la organización popular en las gradas.

52 años de prohibición de acceso

Además del castigo financiero y las detenciones, el aparato jurídico-administrativo ha aplicado medidas de exclusión del espacio público. El balance presentado por Indar Gorri suma un total de 52 años de prohibición de acceso al estadio repartidos solo entre sus miembros. Estas sanciones, a las que habría que añadir las del resto de aficionados del Osasuna, pretenden impedir el desarrollo de la actividad recreativa y política del grupo.

Indar Gorri ha acompañado este balance con un mensaje de resistencia, afirmando que se mantienen Borrokan tinko garaipenerarte (Firmes en la lucha hasta la victoria). El grupo explica esta situación con una tendencia general de criminalización de las aficiones que cuestionan el orden establecido por La Liga, la directiva del club y las fuerzas policiales. Indar Gorri ha solido denunciar en varias ocasiones que las multas y los arrestos constantes, lejos de reducirse a una cuestión de aficionados, funcionan como un laboratorio de represión que utiliza el contexto del fútbol para aplicar políticas de control sobre toda la clase trabajadora.

Represión en el Sadar

El historial de intervenciones policiales contra la afición de Osasuna registra hitos de especial violencia en los últimos tiempos, como la carga policial del pasado 21 de febrero en El Sadar tras un partido contra el Real Madrid. En aquella ocasión, los agentes de la Policía Nacional española sembraron el pánico tanto dentro como fuera del estadio con el argumento de "identificar a un aficionado", provocando al menos 30 heridos, uno de los cuales quedó inconsciente tras golpear su cabeza contra el suelo en una carrera. Estos hechos motivaron una manifestación multitudinaria en Iruñea y han derivado en sucesivas detenciones, las últimas el pasado 28 de abril, cuando la Policía arrestó a tres miembros más de Indar Gorri vinculándolos a aquellos incidentes.

A la violencia física y las detenciones se suma la injerencia directa en la libertad de expresión y la cultura popular de la grada. La dirección de Osasuna confirmó en noviembre que el coordinador de Policía, máxima autoridad de seguridad en el estadio, vetó la reproducción de la canción No hay tregua, de Barricada, alegando que se escuchaban "proclamas" que podrían acarrear sanciones graves al club. Este veto policial contra un himno popular de la afición se produjo en un contexto donde el directivo José Andrés Burguete reconoció que el club acata estas órdenes por el "temor a nuevas sanciones", evidenciando cómo el aparato represivo impone la censura sobre la simbología y los cánticos de los sectores populares más reivindicativos.