30 de Mayo: contra el militarismo españolista

El próximo 30 de mayo tendrá lugar en Vigo el desfile de las Fuerzas Armadas españolas. Las casualidades, como bien sabemos, no existen. Esta cabalgata marcial sirve como recordatorio del creciente protagonismo del militarismo imperialista de un capitalismo en crisis.

Como también sabemos, en el Estado español, el gobierno de Sánchez hace malabares mediáticos para conciliar su lealtad estructural al imperialismo y la OTAN con el ánimo de sus votantes, generalmente contrarios al militarismo y especialmente a la austeridad que habrá de acompañarle. El PSOE, pilar del régimen del 78, pretende presentarse como dique progresista frente a la derecha mientras capitanea una escalada sin precedentes recientes del gasto militar y sigue permitiendo que el imperialismo americano emplee las bases en suelo español para sostener las agresiones imperialistas en curso. La socialdemocracia, como ya se ha dicho hasta la náusea, cumple fielmente su función histórica: hablar de paz mientras financia la guerra, hablar de derechos sociales mientras prepara futuros sacrificios presupuestarios, hablar de democracia mientras refuerza el giro autoritario de su respectivo Estado capitalista para contener cualquier germen de oposición que pueda surgir.

El imperialismo y el rearme que le sigue no son una opción política que los gobernantes burgueses pueden o no escoger, sino que están inscritos en las propias relaciones capitalistas y su insaciable afán de ganancia. Son una necesidad del capitalismo europeo en crisis. La competencia por una riqueza social menguante, el estancamiento económico, la pugna por mercados, materias primas, rutas comerciales y zonas de influencia empujan a los Estados a reforzar sus aparatos militares.

En Galiza conocemos bien esta operación. La creciente militarización de Galiza tiene nombres concretos: Navantia Ferrol, Urovesa, Cardama, Delta Vigo, Denodo, las minas de materias primas críticas, los fondos públicos para la industria militar anunciados por todas las fuerzas procapitalistas, los cuarteles, los puertos y las rías puestas al servicio de una maquinaria de muerte contra la clase trabajadora mundial. El desfile contará tras de sí con un escaparate para afianzar las ventas de la industria de muerte en Galiza, una industria que ya la sitúa en el tercer puesto de facturación a nivel estatal, solo por detrás de Madrid y Andalucía.

Por otra parte, Abel Caballero, siempre dispuesto a convertir Vigo en parque temático de sí mismo, ha encontrado en el desfile militar otra oportunidad para su política de espectáculo. Si ayer eran las luces navideñas compitiendo con Nueva York, hoy son los cazas, los buques, los uniformes y la monarquía compitiendo por convertir Samil en un casposo aquelarre de las autoridades del Régimen. El coste de estas y otras delirantes obras megalómanas del alcalde populista estará cerca del millón de euros.

Pero la cosa no queda aquí. Otra de las funciones del desfile será el derroche de patriotismo españolista, de sus instituciones oficiales y de la defensa de la sacrosanta unidad de España bajo pena de intervención armada, como así recoge una Constitución ante la que una parte muy significativa del pueblo gallego se abstuvo. El mismísimo Felipe VI presidirá el acto con uniforme marcial, recordándonos quién manda y quién personifica la herencia del azote franquista contra los “enemigos de España”.

Esto también simboliza cuál ha sido el papel histórico del Estado español: aplastar a base de sangre, fuego y farsas antidemocráticas cualquier reivindicación de autodeterminación para Galiza. En su dilatada experiencia negadora de la realidad plurinacional, el Estado aplastó a los mártires de la revolución liberal gallega contra Narváez en 1846, combatió las experiencias democráticas, federales y cantonalistas —incluidas sus variantes galleguistas y descentralizadoras— y sostuvo una España incompatible con el derecho de los pueblos a decidir. Incluso cuando la monarquía cayó en 1931, los límites del Estado español siguieron pesando como una losa: la efímera República Galega de ese mismo año, surgida al calor de la lucha de los trabajadores ferroviarios de Santiago, fue rápidamente reconducida por el Gobierno provisional republicano al cauce autonómico, demostrando que la forma republicana, sin ruptura social efectiva con el orden capitalista y sin reconocimiento efectivo del derecho de autodeterminación, podía seguir funcionando como envoltorio democrático del centralismo españolista. Poco después, una República que, con todos sus límites de clase, había abierto el camino al Estatuto de Autonomía, fue enterrada bajo las armas por el golpe franquista y por cuarenta años de lo que Celso Emilio Ferreiro llamó la Longa noite de pedra.

Cuando la dictadura ya no podía sostenerse con sus viejas formas de dictadura abierta, esa continuidad encontró refugio en la farsa de la Transición: la monarquía designada por Franco, el ejército golpista, torturador y asesino de trabajadores intacto, la impunidad de los aparatos represivos, judiciales y empresariales, y una Constitución que blindó la unidad de España en su artículo 2 y puso al ejército de guardia en su artículo 8 contra el derecho de los pueblos y movimientos nacionales de masas a decidir.

Todo esto nos dice que la campaña contra el desfile militar de Vigo no puede limitarse a una protesta contra la guerra, por necesaria que sea. Debe ser también un capítulo en la lucha por el derecho a la autodeterminación. Defender el derecho a la autodeterminación no significa sustituir el nacionalismo español por otro nacionalismo que embellezca a ninguna burguesía autóctona.

Significa combatir una de las formas de opresión que dividen a la clase trabajadora, fortalecen el dominio del Estado burgués y niegan sistemáticamente derechos democráticos básicos. Los comunistas no defendemos la autodeterminación porque creamos que la nación sea una comunidad de destino o unidad sagrada por encima de las clases. Solo sobre la base de la igualdad de derechos puede construirse una unidad libre y fraterna de la clase trabajadora. Sin embargo, la lucha por este derecho va supeditada a la defensa del internacionalismo proletario en todas sus dimensiones: la independencia de la clase trabajadora solo podrá alcanzar su plenitud con el desarrollo de una estrategia revolucionaria que tenga arraigo en y más allá del espacio nacional y del Estado español.

Ante este escenario, todavía no existe una opción política que encabece un proyecto que se haga cargo consecuentemente de esta tarea. El BNG denuncia el desfile, sí, y hace bien en denunciarlo. Pero conviene recordar que la historia no empezó ayer. Cuando Lois Pérez Castrillo, alcalde nacionalista de Vigo y militante de la UPG, entregó la Medalla de la Ciudad a la Armada Española en 2002, no estaba combatiendo precisamente el militarismo español: estaba rindiéndole honores municipales. Que lo hiciera alguien procedente del supuesto partido comunista patriótico dentro del BNG tiene todavía más delito. No fue un acto administrativo discreto, sino una ceremonia con izado de bandera española, homenaje a los caídos presidido por una gigantesca cruz, arriado de bandera rojigualda y exhibición aeronaval. La imagen resume mejor que cualquier documento el límite del nacionalismo autonomista: mucha retórica de soberanía, socialismo y país, pero cuando toca gestionar instituciones, negociar presupuestos, sostener gobiernos o defender intereses empresariales presentados como “gallegos” no hay problema en adaptarse a los rituales, límites y prioridades del Estado español.

Ese límite también aparece en su relación con la industria militar. El BNG puede denunciar la economía de guerra, pero en demasiadas ocasiones juega a dos bandas defendiendo los intereses de capitales militares gallegos y no gallegos. Ahí están sus posiciones sobre Navantia Ferrol, su insistencia en garantizar carga de trabajo hasta el inicio de las fragatas F-110 para la Armada española, su defensa de que el Estado favorezca a Urovesa, su defensa reciente del naval militar gallego y la mediación de Ana Pontón para evitar que se rescindiese la venta de dos patrulleras a Uruguay a cargo de la empresa Cardama, o la reivindicación de empresas tecnológicas como Denodo aunque trabajen para el Departamento de Defensa del imperialismo estadounidense y, de paso, anunciar que estas se beneficiarán de un futuro fondo soberano de millones de euros. El antimilitarismo se disuelve entonces en la defensa abstracta de los sectores productivos gallegos.

El problema no es simplemente que el BNG sea incoherente. La incoherencia es la forma visible de un límite político más profundo: la ausencia de una estrategia revolucionaria y la sustitución de cualquier horizonte de ruptura por el cálculo electoral y la gestión institucional. Esto alcanza también a la otra dimensión que el desfile nos recuerda: la opresión nacional. El BNG no niega formalmente la autodeterminación de Galiza, pero la reduce a una consigna discursiva para contentar a sus bases mientras su práctica cotidiana se adapta al marco autonómico, a la negociación presupuestaria y a la gobernabilidad del Estado español y del partido de régimen por excelencia: el PSOE. Por eso nuestra tarea no puede ser limitarnos a señalar sus contradicciones, sino construir una campaña que desborde tanto el españolismo militarista como el autonomismo impotente y que suponga una alternativa revolucionaria y realista, flexible en la táctica pero intransigente en los principios fundamentales.

Por todo ello, el mensaje comunista debe estar presente en la manifestación unitaria convocada el 30 de mayo en Vigo. Será una cita central para todas las organizaciones obreras, juveniles, estudiantiles, feministas, vecinales, antimilitaristas e internacionalistas. Ahora bien, la unidad de acción no puede confundirse con subordinación política. Los comunistas no debemos responder con abstencionismo sectario, sino interviniendo con una orientación y un mensaje propios.

No basta con llenar Vigo de consignas contra el desfile si al día siguiente se vuelve a sostener la gobernabilidad del PSOE, a defender a la industria militar gallega o a reducir la autodeterminación a pedirle amablemente a Moncloa que vaya cediendo gradualmente competencias. Quien quiera combatir de verdad el militarismo españolista y todo lo que este representa debe sacar las conclusiones políticas de esos límites y romper con la subordinación política a una orientación autonomista que convierte cada lucha en presión parlamentaria, cada contradicción en negociación y cada horizonte de ruptura en gestión responsable del régimen.

La clase trabajadora gallega no marcha al paso de sus verdugos.