La vivienda es uno de los mayores problemas económicos para la clase trabajadora en Europa; medio para el saqueo de los salarios y vector fundamental para la polarización de rentas y la concentración de propiedades. Consecuentemente, se ha convertido en una de las preocupaciones principales entre la población. Así lo demuestran todas las encuestas en el Estado español y también en Euskal Herria. El problema de la vivienda preocupa incluso más que la situación internacional o la inmigración y los supuestos problemas securitarios. Es de esperar, por lo tanto, que para los partidos socialdemócratas, interesados en contrarrestar la agenda mediática reaccionaria y el auge electoral de los partidos de derecha, la vivienda sea un filón a explotar. Hipotéticamente hablando, la socialdemocracia en el poder (tanto a nivel estatal como a nivel municipal) podría ganar mucho, en términos electorales, si presentara una serie de medidas para la regulación del mercado inmobiliario; medidas que no solucionarían el problema para la clase trabajadora pero que supondrían un alivio bastante inmediato. Pues bien, fijaos hasta qué punto está inserta la socialdemocracia en la estructura del Estado capitalista, fijaos hasta qué punto es dependiente de los intereses empresariales del capital inmobiliario, que no han planteado ni una sola medida que se acerque siquiera a hacer cosquillas a los grandes propietarios. Ni estando en el Gobierno (PSOE/Sumar), ni tan siquiera estando en la oposición, como es el caso de EHBildu. En el caso de este último se contentan con hacer alguna diferencia de matiz o de cantidad a lo propuesto por el PNV y el PSE en la CAV, mientras apoyan exactamente lo mismo en Navarra.

Incapaces de hacer campaña con medidas que hace décadas eran propias de la socialdemocracia radical y abrazando el nuevo dogma de la colaboración publico-privada, nos presentan mierda tras mierda en bandeja de plata. Cada vez más pestilente, asquerosa e incomestible, pero con una brillante guinda roja. Aunque pueda parecer algo exagerada, echando un pequeño vistazo a la seguidilla de acontecimientos en torno al problema de la vivienda de este último año, una se da cuenta del diarreico espectáculo parlamentario: primero pidieron el aplauso para medidas liberales (bajadas de impuestos a propietarios, facilidades fiscales y recursos públicos para la construcción privada de viviendas…). Pasado un tiempo y, necesitados de más aplausos, empezaron a promocionar refritos de medidas ya anunciadas durante años (la creación de una empresa pública para la construcción de viviendas, más bajadas de impuestos a propietarios…). No contentos con ello, luego pidieron alabanzas por las deficientes medidas de contención que renovaban. EHBildu salió rápidamente a otorgarse el mérito de la renovación de una moratoria que apenas retrasaba el 30% de los desahucios. Sin embargo, la moratoria no se ha renovado y el PSOE cambió rápidamente el foco: primero lo puso en la derecha (acusándola de haber tirado abajo la moratoria) y después, todo el mundo dejó de hablar de esas 60.000 familias que se iban a quedar sin protección frente a los desahucios y empezaron a hablar de un decreto para prorrogar los alquileres que vencían en 2026 y que no será aprobado. Pedro Sánchez volvió a salir con un Plan Estatal de Vivienda que, de nuevo, dejó a todo el mundo frío, pero rápidamente cambiaron el foco: ya no merecía hablar sobre ese inútil plan de vivienda, sino sobre lo malo que será el concepto de “prioridad nacional” introducido por el PP y VOX.

Son muchos datos, y la gran mayoría de la población, evidentemente, no sigue todos los vaivenes de la política parlamentaria. Sin embargo, una misma sensación de pesadez se acumula a nuestras espaldas: primero intentan hacernos creer que medidas en favor del negocio inmobiliario son medidas que favorecerán a la clase trabajadora. Luego, intentan que nos quedemos contentos con medidas de contención; luego que les votemos porque aunque esas medidas de contención hayan caído, ellos querían mantenerlas. Y al final, nos quedamos con lo más mínimo, con el miedo. El miedo a que lo otro sea peor. ¿Acaso no hay más avance posible que un retroceso más lento? Quitando lo artificioso, lo que los partidos de la socialdemocracia nos están ofreciendo es, en el mejor de los casos, un retroceso más lento en nuestras condiciones económicas. Un buen ejemplo de esto es el debate en torno al concepto de la “prioridad nacional”. Lo curioso es que el PSOE está aplicando, por la vía de los hechos, exactamente el mismo principio de prioridad a las clases medias nacionales. Denis Itxaso (Consejero de Vivienda del Gobierno Vasco) afirma ya desvergonzadamente que el objetivo de sus políticas es “proteger prioritariamente a las clases medias” con medidas como la eliminación de los criterios de habitabilidad para convertir lonjas en viviendas. De este ejemplo se trasluce la verdadera política de vivienda de la socialdemocracia: permitir el crecimiento del negocio inmobiliario, recortar a los sectores más empobrecidos y con el presupuesto resultante, amortiguar levemente los efectos del saqueo desvergonzado a los ahorros de las clases medias. Y mientras esto surte efecto entre su electorado, conseguir que el enfado social se dirija contra el mal mayor de la derecha.

Lo más preocupante de todo esto, y aquí se encuentra la reflexión que me gustaría compartir con el movimiento por la vivienda, es que toda esta operación es posible porque gran parte de los movimientos sociales acompañan la agenda del PSOE. Muchos han dicho “amén” y en lugar de señalar fuertemente que lo que se estaba ofreciendo era una mierda, se han dedicado a hacer concentraciones frente a la sede del PP, a protestar contra un desahucio en Madrid y junto a concejales del PSOE a culpar a Ayuso por ese desahucio, o cuando el PSOE cambió el foco de la moratoria a la prórroga de alquileres muchos se sumaron efusivamente a hacer campaña (junto a la propia Ministra de Vivienda) para que la gente solicitara la prórroga. Esto es consecuencia directa de la falta de independencia política. Sumergidos en la centrifugadora de la agenda parlamentaria perdemos visión de conjunto, perdemos perspectiva estratégica y sobre todo, perdemos la capacidad de actuar como agentes con voz propia en pro de los intereses que debemos representar constantemente: los del proletariado. Quienes tienen un horizonte estratégico regulador del mercado de la vivienda se acercarán al ascua del PSOE, unirán fuerzas frente a la amenaza derechista y tratarán de condicionar desde ahí las políticas de vivienda del PSOE. Quienes tenemos un horizonte comunista, sabemos bien qué esperar de esa maniobra: la prevalencia de los intereses de la clase media. Nuestro papel es el de articular las fuerzas sociales descontentas con el problema de la vivienda en favor de una vivienda universal, gratuita y de calidad (cosa que sí sería un condicionante fuerte para las políticas de vivienda del Estado capitalista), no desgastar esas fuerzas sociales alineándolas con los partidos socialdemócratas.