El 32% de las personas con empleo se encuentra en riesgo de pobreza
Casi el 19% de los asalariados percibe el SMI o menos; la precariedad estructural, los bajos salarios y los precios de la vivienda mantienen a 2,5 millones de empleados en riesgo de exclusión.
Tener un puesto de trabajo en el Estado español ha dejado de ser un cortafuegos contra la exclusión social. Un 32% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza en el Estado están ocupadas, según concluye el estudio Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios, publicado el pasado miércoles por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación Ramón Areces. El informe, citado por el diario Público, utilizando datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, certifica que los salarios de miseria son una realidad consolidada que atrapa a un tercio de la población empobrecida, al mismo nivel que algunos sectores de pensionistas o las personas en desempleo.
Esta pauperización se traduce en ingresos que imposibilitan la reproducción biológica y social de la vida de la clase obrera. La renta media de la población en riesgo de pobreza —aquellos con ingresos inferiores al 60% de la mediana— fue de apenas 4.869 euros anuales en 2023, mientras que para quienes sufren pobreza extrema (rentas por debajo del 40% de la mediana) la cifra cae hasta los 2.849 euros anuales. A pesar de que las instituciones difunden una reducción estadística del riesgo de pobreza en la última década, los datos del IVIE y la Fundación Ramón Areces confirman que el 20,2% de la población del Estado español sigue en riesgo de pobreza y un 8% padece exclusión extrema.
El estudio señala directamente a las modalidades de contratación que imponen las empresas como uno de los motores más visibles de esta miseria. Los trabajadores con un contrato temporal, a tiempo parcial o con remuneraciones por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) son las más expuestas a la exclusión. El informe vincula esta situación a una estructura salarial donde casi el 19% de los trabajadores perciben el SMI o menos, y casi la mitad de la plantilla del Estado no llega a cobrar dos veces el SMI. Las fuentes subrayan además que el Estado español mantiene los salarios más bajos de los 15 países de Europa occidental que integran la Unión Europea, favoreciendo los márgenes de beneficio empresarial a costa de la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora.
La fractura geográfica también evidencia el impacto de los modelos productivos basados en la explotación estacional. En las Illes Balears, la dependencia de la industria turística provoca que el 45% de las personas en riesgo de pobreza sean trabajadores en activo. Según los datos de Eurostat recogidos en el informe, el 11,2% de los trabajadores del Estado español se encontraban en riesgo de pobreza en el año 2024, lo que supone el tercer peor registro de toda la Unión Europea. Estos índices “muy altos” de salarios de miseria se ceban especialmente con Andalucía y Extremadura, donde la probabilidad de caer en la miseria teniendo un empleo es del 20% y el 16% respectivamente.
Finalmente, el estudio cuantifica el coste de la voluntad política para eliminar estas privaciones materiales. Erradicar la pobreza en el Estado español costaría, según ellos, 24.000 millones de euros anuales, el equivalente al 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB). Esta cifra es inferior al gasto que el Estado español destinó a partidas militares en 2025, que ascendió al 2,1% del PIB. Mientras el Ministerio de Defensa prioriza el gasto en armamento como ordena la OTAN, la inversión necesaria para acabar con el riesgo de exclusión extrema apenas supondría un 0,7% del PIB, evidenciando que la persistencia de la miseria es el resultado de los intereses de la patronal y las prioridades presupuestarias del Gobierno español, no de una falta de riqueza acumulada.
