El nuevo mercado laboral israelí y la inmigración
Con varios sectores al borde del colapso tras el despido masivo de palestinos, el Gobierno de Netanyahu acelera la llegada de miles de trabajadores extranjeros, siguiendo el modelo de las petromonarquías del Golfo.
La escena, capturada en un vídeo de casi diez minutos difundido por la policía israelí el pasado 13 de abril, es el fiel reflejo de la nueva realidad. En una autopista que conecta la zona metropolitana de Tel Aviv con Cisjordania, las autoridades sionistas interceptan un camión de basura, en el que, tras abrir el portón trasero, descubren a 70 hombres palestinos hacinados. El despliegue policial, caracterizado por el uso de armamento de alto calibre y tácticas de detención “propias de unidades antiterroristas” marca, según relata el medio +972 Magazine en su publicación Palestinians out, foreign workers in: How Israel is remaking its labor force, el nuevo paradigma bajo el cual el trabajador palestino ha pasado de ser un componente estructural de la economía israelí, a un “terrorista” más.
Vídeo: @PalestinaVence (X)
Durante décadas, el empleo en sectores de bajos salarios como la construcción, la agricultura y los servicios de limpieza han sido la piedra angular de la subsistencia de la clase trabajadora palestina de Gaza y Cisjordania. Antes del 7 de octubre de 2023, estos trabajadores conseguían aproximadamente 380 millones de dólares mensuales en los mercados locales de Cisjordania, según datos citados por analistas económicos a +972 Magazine. En algunas localidades, más del 90% de los hombres dependían directamente de empleos dentro de la llamada “Línea Verde”. Hoy, ese flujo se ha detenido en seco, dejando a la reproducción de la clase trabajadora palestina en una situación de colapso sin precedentes.
El fin de la “Inclusión Controlada”
La relación laboral entre el Estado genocida y los palestinos ha sido considerada durante años como de “inclusión controlada” por sectores liberales, omitiendo que los palestinos estaban “incluidos”, pero siempre de forma subordinada y sin derechos políticos y civiles. Se refieren así al hecho de que tras asesinar a cientos de miles de palestinos y expulsarlos de sus casas durante la Nakba, los sionistas necesitasen mano de obra barata y la contratasen acudiendo al gigantesco ejército industrial de reserva que habían creado con la ocupación. Así, los palestinos pasarían a realizar tareas específicas que los colonos no querían desempeñar. Esa llamada “inclusión” hacía que, por ejemplo, los propios palestinos tuvieran que demoler sus propias casas y construir sobre sus ruinas nuevas viviendas para los colonos para los que se habían visto obligados a trabajar.
Tras la ocupación de 1967, Israel comenzó a otorgar permisos de trabajo a palestinos, creando una dependencia que, en palabras de Maayan Niezna, profesora en la Escuela de Derecho y Justicia Social de la Universidad de Liverpool, servía a los intereses económicos israelíes para lograr la contención de la resistencia palestina, intentando estabilizarla mediante la “concesión” de una mínima “seguridad económica” a la población ocupada.
Sin embargo, esta balanza se rompió tras la Primera Intifada. Israel implementó un régimen de permisos aún más restrictivo y comenzó a buscar alternativas en el extranjero. Trabajadores tailandeses para el campo, chinos e indios para el cemento y filipinos para los cuidados. Para el año 2000, los trabajadores migrantes ya representaban el 10% de la fuerza laboral de la colonia. No obstante, la historia de Israel con la fuerza de trabajo extranjera ha sido cíclica y hostil. En 2002, el entonces primer ministro Ariel Sharon lanzó una campaña de deportación masiva que expulsó a 40.000 personas, utilizando a los extranjeros como chivos expiatorios de la recesión económica y acusándolos de “socavar el carácter judío del Estado”.
Pese a esos episodios, la dependencia de los palestinos volvió a crecer. Para el año 2022, más del 20% de los palestinos de Cisjordania y Gaza trabajaban dentro de las fronteras del 67, un aumento significativo frente al 13% registrado en 2020. Sin embargo, todo cambió tras el 7 de octubre del 2023. Casi de la noche a la mañana, se revocaron los permisos de más de 200.000 trabajadores (150.000 con permiso legal, 50.000 sin papeles y 18.500 de Gaza), dejando un vacío laboral que el Gobierno israelí ha decidido llenar con una sustitución de la fuerza de trabajo.
El pretexto de la “seguridad” frente a la realidad estadística
El argumento oficial del Gobierno israelí para vetar a los trabajadores palestinos se basa en “razones de seguridad”, sugiriendo que estos empleados podrían actuar como informantes o colaboradores de la resistencia palestina en futuras operaciones. No obstante, esta premisa carece de sustento incluso si se acude a los propios informes de la inteligencia sionista. Investigaciones del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional israelí (INSS) indican que los trabajadores palestinos con permisos de entrada “casi nunca” se ven involucrados en actividades militantes, una tendencia que se mantuvo incluso durante la operación Inundación de Al-Aqsa del 7 de octubre de 2023.
Con la violencia de los colonos de Cisjordania y el genocidio en Gaza, la ocupación termina por socavar la economía palestina y asfixiar los últimos vestigios de autosuficiencia y autonomía política del pueblo palestino. De hecho, informes adicionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierten de que, desde 2025, el desempleo en Cisjordania se ha disparado por encima del 32%.
La ofensiva de Bezalel Smotrich
Bajo la sombra genocida, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha acelerado una reforma laboral de corte “radicalmente neoliberal”. Su objetivo declarado era reducir la regulación y desplazar los costes hacia los eslabones más débiles de la cadena. Smotrich alardeó en una comparecencia de 2024 de haber traído a más de 20.000 trabajadores extranjeros desde el inicio del genocidio, con planes ambiciosos para reclutar a otros 80.000 procedentes de India, Sri Lanka y Uzbekistán.
Según la organización laboralista israelí Kav LaOved, actualmente hay unos 270.000 trabajadores migrantes en los territorios ocupados en el 1948. El desplazamiento de la clase obrera palestina ha tenido consecuencias devastadoras para el sector de la construcción, donde la producción cayó un 95% en los meses posteriores al despido masivo, y en la agricultura, que experimentó una contracción del 80%.
El sistema de patrocinio y la invisibilidad del migrante
El modelo que Israel está consolidando guarda similitudes inquietantes con el sistema de kafala empleado en los países del Golfo Pérsico. Las visas de los migrantes y los permisos laborales de los palestinos están indisolublemente ligados al empleador. Esta dependencia estructural directa con los patrones deja a los trabajadores a merced de abusos sin apenas mecanismos de defensa. Los trabajadores migrantes suelen llegar a los territorios palestinos ocupados de 1948 tras contraer deudas de miles de dólares para pagar las tasas de contratación, lo que los obliga a trabajar durante meses o años de forma totalmente esclava solo para saldar esa “deuda” inicial. Un informe de Kav LaOved revela que, en el sector agrícola, los trabajadores extranjeros reciben, en promedio, solo el 70% del salario que les corresponde legalmente. Además, son frecuentes las denuncias por exposición a pesticidas sin protección, falta de acceso a cuentas bancarias y viviendas en condiciones deplorables.
A pesar de los riesgos, el Estado sionistas no les proporciona formación sobre protocolos de emergencia o acceso a refugios antiaéreos en caso de que caigan misiles o drones. Desde las primeras hostilidades de hace un año contra Irán, todavía no existen instrucciones oficiales en sus idiomas sobre qué hacer durante una alarma de misiles, por ejemplo.
