La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel para cada uno de los dos militantes del Grup d’Habitatge de Sants tras cuatro suspensiones de una causa marcada por irregularidades y contradicciones policiales.
Un recurso judicial obliga a paralizar el desahucio hasta que se resuelva el caso, un proceso que puede durar entre un año y año y medio; un nuevo revés para el fondo de inversión holandés NAD en el edificio de Barcelona.
El Gobierno de Navarra acordó en su momento seguir subvencionando las viviendas protegidas, pero ahora la empresa Testa Residencial plantea venderlas. Los vecinos se están organizando.
Una treintena de familias de Alacant y San Vicente del Raspeig inician la primera batalla judicial contra el tercer mayor acaparador de casas de todo el Estado.
Demuestra que el consistorio actúa como “juez y parte” al tramitar las sanciones con la Ley Mordaza y rechazar los recursos, mientras el alcalde elude su autoridad sobre la Policía Municipal.
La organización celebra este sábado un acto político central contra la criminalización del movimiento de vivienda, tras el pago forzado de 3.000 euros en multas.
La organización logra la suspensión judicial de expulsión de una víctima de violencia de género con ingresos mínimos y su hija de seis años, tras la negativa de la empresa pública Vipasa a negociar una alternativa.
