Desahucian en Barcelona a una madre soltera víctima de estafa a pesar del decreto de vivienda
La Justicia alega que Ghariba no figuraba en el contrato de alquiler sino como “tercera parte” subarrendada por un intermediario que no transfirió la renta a la propiedad, la empresa Rambert 2001 SL.
Ghariba, una madre soltera con un hijo de 9 años, fue desahuciada este martes del piso que habitaba en el barrio del Clot de Barcelona (Catalunya). La mujer pagaba su renta a un intermediario que le subarrendaba la vivienda, pero este nunca transfirió el dinero a la propiedad, la empresa Rambert 2001 SL, según informa elDiario.es. El desalojo fue ejecutado por los Mossos d'Esquadra tras el tercer intento. Decenas de vecinos y militantes de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya y el Sindicat d'Habitatge del Clot se concentraron a las puertas del domicilio para intentar frenar el lanzamiento, pero los agentes antidisturbios, con seis furgonetas, los desalojaron uno a uno.
La Sección Civil 31 de Barcelona denegó la suspensión del desahucio amparada en el decreto de vivienda prometía prohibir los desalojos de familias vulnerables en pisos de grandes tenedores. Aunque el caso de Ghariba cumple con los requisitos, la letrada judicial consideró que, al no estar el contrato a su nombre, “carece de legitimación” para acogerse a la norma. El tribunal se apoya en la letra del artículo 2 del decreto, que menciona a la “parte demandada” y no a los inquilinos, para argumentar que la mujer es “tercera parte”. Una fuente jurídica consultada por elDiario.es califica esta interpretación de “vacío legal” fruto de una “circunstancia tan particular” y acusa al tribunal de “mala voluntad”. Sin embargo, la redacción de la ley también tiene que ver: al referirse a la “parte demandada” y no a los inquilinos, personas como Chariba quedan desprotegidas.
Ghariba cuenta con un informe de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales de Barcelona y carece de alternativa habitacional. La propiedad no le ofreció un alquiler social, una obligación que la ley catalana 24/2015 impone a los grandes tenedores antes de interponer cualquier demanda por impago. La mujer lleva más de tres años en la Mesa de Emergencia, pero esta se encuentra colapsada y no ha podido acceder a una vivienda social para reubicarse junto a su hijo.
Desde el Sindicat d'Habitatge del Clot denuncian que “los beneficios económicos de la propiedad pasan por encima del derecho a la vivienda y los gobiernos aprueban leyes que no sirven para nada”.
