Desahucios, acampadas y el camino hacia la huelga general por la vivienda

El Estado español tiene 27,1 millones de viviendas, de las que algo más de 19 millones son residencia principal. El Censo de 2021 registró 3,84 millones de viviendas vacías, el 14,4 % del parque, y otras 2,5 millones de uso esporádico: solo las vacías multiplican por cinco el déficit de 750.000 viviendas que estima el Banco de España. Entre 2014 y 2024, el precio de compra subió un 65 % y el salario bruto mediano, un 27 %; en 2025, el alquiler de oferta costaba un 93 % más que en 2014. Alquilar 70 m² supone hoy el 45 % del salario mediano y el 72 % del salario medio de los menores de 25 años. La emancipación de los jóvenes de 16 a 29 años cayó en 2025 al 14,5 %, su mínimo histórico, y el parque social se sitúa entre el 1,5 % y el 3,3 %, frente al 8-9 % de la media europea.

Buena parte de la liberalización que el anterior número del Dominical situabaen el origen del problema se aprobó con gobiernos del PP: la Ley del Suelo de 1998, la tributación al 0 % de las socimis en el Impuesto de Sociedades desde 2012 y la reforma de 2013 que redujo a tres años la duración mínima de los contratos. Ese año, la empresa municipal de vivienda de Madrid, con el PP en la alcaldía, vendió 1.860 viviendas públicas a Blackstone por 128 millones de euros; en 2026, la socimi que las adquirió, Fidere, pasó a Brookfield por 1.050 millones. Trece comunidades, la mayoría gobernadas por el PP, no declaran zonas tensionadas, y PP y Vox votaron contra los decretos del 2 de octubre. Sin embargo, algunos estudios demoscópicos señalan que una mayoría de sus votantes no secunda esa línea: el 61 % de los del PP y el 63 % de los de Vox apoyarían una huelga general por la vivienda, e incluso el 56,5 % de los del PP quiere limitar los alquileres aunque reduzca la rentabilidad del propietario.

Sin embargo, los gobiernos de coalición de la izquierda tampoco han revertido la tendencia, y la supresión de la prórroga forzosa de los alquileres, en 1985, ya llevó la firma de un Gobierno del PSOE. La Ley de Vivienda de 2023 solo se aplica en algo más de 300 municipios de cuatro comunidades, con el 18,7 % de la población. De las 183.000 viviendas asequibles prometidas en abril de 2023, el Ministerio contabilizaba en abril de 2026 120.479 “movilizadas”, un concepto que incluye suelos y proyectos en licitación; la entidad pública Casa 47 ofertó tan solo 645 viviendas en septiembre, frente a 3,9 millones de viviendas alquiladas. El Plan Estatal 2026-2030 dispone de 7.000 millones en cinco años, el 0,09 % del PIB. Según las encuestas, Sigma Dos atribuye a Sumar un 6,6 % y a Podemos un 3,3 %, las siguientes elecciones el 29-N, frente al 12,3 % que obtuvieron juntos en 2023. Tras la votación del 2 de octubre, el Sindicato de Inquilinas calificó de irreparable la desconexión entre lo que piden las calles y lo que votan los partidos.

La chispa de Maricarmen

El 23 de septiembre de 2026, al cuarto intento, una comisión judicial desahució a Maricarmen Abascal, de 87 años, del piso de Retiro (Madrid) en el que vivía desde 1956 con renta antigua. La propietaria, Urbagestión, reclamaba subir la renta de unos 500 a 2.650 euros al mes. Y el movimiento de vivienda dijo basta. Ingresada en el Gregorio Marañón, aceptó el 29 de septiembre volver con una renta de hasta el 30 % de sus ingresos la cual le fue ofrecida gracias a la presión en las calles, pero murió allí el 7 de octubre, donde llevaba hospitalizada desde el mismo día del desahucio.

La magnitud de las movilizaciones

La acampada de Sol pasó de unas 100 tiendas y 500 personas la mañana del 27 de septiembre, según la Delegación del Gobierno, a unas 350 tiendas el 28, según EFE, y más de 1.200 el 30, según elDiario.es. En su séptima noche reunía ya a unas 2.000 personas y su cocina comunitaria servía unas 1.500 comidas diarias; el TSJM denegó el desalojo que pedía la Comunidad de Madrid. El modelo se replicó en Barcelona (Plaça Catalunya), Bilbo (unas 30 tiendas desde el 28 de septiembre), Uviéu, Zaragoza (unas 60 tiendas y un centenar de personas el 1 de octubre) y València, donde los organizadores contaban más de 500 tiendas y entre 1.300 y 1.500 personas desde el 4 de octubre.

El 23 de septiembre hubo concentraciones en 12 ciudades, con 10.000 personas en Madrid según la Delegación del Gobierno; el 26, la marcha de Sol al Congreso reunió a “miles y miles” de personas, según El Salto. El 1 de octubre hubo 35 convocatorias en todo el Estado y una cacerolada de 2.000 personas en Cibeles. El 2, más de un millar de personas se concentraron ante el Congreso durante la votación y miles se manifestaron en las convocatorias de Bilbo, Donostia, Gasteiz e Iruñea. Después estas, se registraron otras 53 convocatorias entre el 2 y el 5 de octubre. El 3 se manifestaron más de 50 ciudades: 70.000 personas en Madrid según la Delegación del Gobierno y 500.000 según los organizadores, con cinco detenidos en València ante el Real Estate Summit. El 5, en Barcelona, la Guardia Urbana contó 20.000 personas y los organizadores, 120.000, movilización que terminó con cargas de la policía y 13 detenidos. El 8, la marcha en memoria de Maricarmen reunió a 20.000 personas en Madrid, según la Delegación del Gobierno.

La Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), apoyó las movilizaciones desde la primera semana. El fin de semana del 3 y 4 de octubre formó bloques en Cádiz, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Xixón y Zaragoza con un programa de tres puntos: expropiar las viviendas acumuladas por especuladores, prohibir el uso especulativo de la vivienda y planificar su construcción según las necesidades sociales. La noche del 2 de octubre, tras la votación, llevó a miles de jóvenes de Sol a Cibeles bajo el lema “Contra el problema de la vivienda, luchemos por el socialismo”, y el 3 llamó a defender la acampada frente a una concentración fascista de Núcleo Nacional. El 5, la Coordinadora da Mocidade Socialista, del Movimiento Socialista en Galiza, reunió a un millar de jóvenes en Compostela.

Cronología

El 2 de octubre, el Congreso rechazó los dos decretos de vivienda del Gobierno, por 172 votos a 178 el primero y 166 a 184 el segundo; votaron en contra PP, Vox, Junts y UPN, y en el segundo también PNV y Coalición Canaria. El 5 de octubre, Sánchez convocó elecciones para el 29 de noviembre y CCOO y UGT anunciaron un paro de 24 horas (el primero en 14 años llamado por estos sindicatos). El 7 de octubre se fijó la huelga para el 11 de noviembre; ese mismo día murió Maricarmen Abascal.

Las demandas: del “decreto Maricarmen” a la expropiación

El Sindicato de Inquilinas pidió un “decreto Maricarmen”: contratos indefinidos, fin de los desahucios sin alternativa habitacional y congelación de alquileres. El 3 de octubre las marchas añadieron una bajada del 50 % de los alquileres, la expropiación de viviendas a fondos buitre y el fin de todos los desahucios. Los sindicatos de vivienda socialistas y CJS suman la expropiación de pisos de grandes tenedores, una planificación acorde con las necesidades de la población y la prohibición de la especulación. CCOO y UGT, en cambio, piden “salarios suficientes, topes al alquiler y más vivienda pública”.

La Huelga

CCOO y UGT anunciaron el paro el 5 de octubre, el mismo día del adelanto electoral. Es su primera huelga general conjunta de 24 horas desde 2012 y caerá 18 días antes de las elecciones. Unai Sordo (CCOO) anunció que el sindicato promoverá el voto por “mayorías que defiendan a la clase trabajadora”; el comunicado oficical de la huelga general emitido por CCOO y UGT no menciona ni una sola vez al Gobierno central; María Jesús Montero (PSOE) dijo que la huelga “se convoca contra la oposición”. En los últimos días se han sumado las centrales CGT, CIG, ELA y LAB.

El Movimiento Socialista, por su lado, se adscribe a la convocatoria de huelga general bajo las proclamas en favor de la expropiación a los especuladores, la prohibición de la especulación y en favor de la planificación, como única vía para garantizar el derecho a la vivienda. Asimismo, CJS y la Organización Estudiantil Socialista (OES) ya han organizado más de un centenar de comités “contra el rentismo, el capital y todos sus gobiernos” para que el paro no quede subordinado a las líneas generales de los sindicatos mayoritarios y a discursos electoralistas.

Por su lado, CEOE y Cepyme han criticado la huelga como “inadmisible” porque sus reivindicaciones “no son, en esencia, de naturaleza laboral”. Garamendi, el presidente de la patronal, afirmó: “Parece que se monta una huelga general contra la oposición, no contra el Gobierno”.

Será la primera huelga general estatal en España con la vivienda como motivo central, para la que además, no consta un precedente europeo.