La Audiencia de Barcelona fija para el 3 de junio el quinto intento de juicio del ‘caso Olzinelles’

La Audiencia de Barcelona ha fijado para el próximo 3 de junio la quinta fecha de juicio contra dos militantes del Grup d’Habitatge de Sants (GHAS) y la Escola Popular de Sants, después de que las cuatro convocatorias anteriores fueran suspendidas por el aparato judicial. Los dos encausados se enfrentan a una petición fiscal de seis años de prisión cada uno por presuntos delitos de "desórdenes públicos" y "atentado a la autoridad". Los hechos se remontan a febrero de 2020, cuando la policía intervino para ejecutar el desalojo de un bloque en la calle Olzinelles donde se refugiaban cuatro familias con menores ante la imposibilidad de acceder a una vivienda.

El desalojo ejecutado por los Mossos d’Esquadra se produjo la noche del 22 de febrero de 2020 sin que mediara orden judicial, según denuncia el grupo de apoyo Olzinelles Absolució. Durante el operativo, las unidades de la BRIMO y la ARRO de la policía autonómica encapsularon a los vecinos que participaban en una merienda popular frente al inmueble, realizando identificaciones masivas e imponiendo sanciones administrativas a través de la Ley Mordaza. El colectivo de apoyo subraya que esta petición de 12 años de cárcel en total es la más alta solicitada hasta la fecha contra miembros del movimiento por la vivienda en Catalunya, lo que consideran una estrategia para infundir miedo.

La acusación de la Fiscalía se sustenta en informes policiales que presentan contradicciones, según recordaba Horitzó Socialista. El Ministerio Público sostiene que uno de los activistas "intentó lanzar una puerta de madera contra los agentes", mientras que la versión policial original mencionaba "una mesa", objeto que formaba parte del mobiliario de la merienda vecinal. Al segundo encausado se le imputa haber lanzado una botella, aunque la defensa asegura que en las imágenes aportadas a la causa no aparece ninguna prueba de dicha acción. El grupo Olzinelles Absolució califica el procedimiento de "montaje policial" destinado a desgastar la organización.

Esta causa se sitúa en medio del incremento de la respuesta represiva contra quienes se organizan por el derecho a la vivienda, con un balance que sumaba 51 detenciones entre 2019 y enero de 2025, con 145 personas encausadas y más de 300.000 euros en multas en casos similares. El grupo de apoyo reitera que este juicio no solo afecta a los dos militantes, sino que busca criminalizar la defensa de un derecho básico frente a los intereses de los propietarios. "Seguiremos luchando hasta que las casas dejen de ser una mercancía", afirman desde el colectivo Olzinelles Absolució, que exige la absolución inmediata de sus compañeros ante la vista del 3 de junio y el fin de la represión al conjunto del movimiento, recordando que el Caso Olzinelles representa un juicio "contra todo el movimiento de vivienda".