La Unión Europea ha retomado de forma sorpresiva la controvertida propuesta legislativa conocida popularmente como “Chat Control”, diseñada para escanear los mensajes privados de los ciudadanos en las plataformas de mensajería instantánea. Apenas cuatro meses después de que la iniciativa pareciera definitivamente descartada, el Parlamento Europeo aprobó ayer al mediodía un procedimiento de urgencia que obligará a someter el contenido de la ley a una nueva votación en el pleno que se celebrará mañana jueves en Estrasburgo. Esta reactivación busca reinstaurar el marco legal que expiró el pasado 3 de abril, el cual permitía que empresas tecnológicas como WhatsApp, Signal, Telegram o Messenger adoptaran “medidas voluntarias para identificar y suprimir material de abuso sexual infantil sin necesidad de una autorización judicial previa”.

El regreso de esta medida ha generado un profundo revuelo en los pasillos de Bruselas, especialmente después de los acontecimientos del pasado 26 de marzo, cuando el Parlamento Europeo rechazó la propuesta con un saldo de 311 votos en contra, 228 a favor y 92 abstenciones. Sin embargo, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, junto con el Partido Popular Europeo, el grupo más grande de la institución, impulsaron una estrategia para revertir la votación. Según revela un documento de la presidencia chipriota del Consejo de la UE al que ha tenido acceso el medio especializado POLITICO, Metsola ha forzado las negociaciones directamente con los Estados miembro en una maniobra calificada como “sin precedentes”.

Ante este nuevo escenario, diversos expertos en privacidad y ciberseguridad han vuelto a encender las alarmas, advirtiendo que la aplicación de esta normativa, fuertemente defendida por la Comisión Europea, los 27 Estados miembro y las agencias policiales, podría acabar definitivamente con el cifrado de extremo a extremo y abrir las puertas a una vigilancia masiva e indiscriminada de toda la población. La iniciativa tuvo el apoyo mayoritario de los dos grandes bloques, equivalentes a los partidos PP y PSOE, con más de la mitad de este segundo grupo apoyándola, así como de la mitad de los llamados “liberales” y también unos 50 diputados de la extrema derecha.