La UE impone el uso obligatorio de cámaras en todos los vehículos nuevos
La normativa, ya en vigor, introduce la monitorización facial biométrica obligatoria mediante cámaras de infrarrojos, bajo la excusa de “evitar accidentes por distracciones o sueño”.
Desde este martes, la Unión Europea ha cruzado una nueva frontera en la fiscalización y el control del espacio privado de los ciudadanos al hacer estrictamente obligatoria la instalación de sistemas de monitorización biométrica en todos los turismos y furgonetas de nueva matriculación. Amparada bajo el Reglamento General de Seguridad de la UE en Bruselas, esta normativa prohíbe la comercialización y el registro legal de cualquier vehículo que no incorpore de serie un entramado tecnológico de vigilancia interna.
Aunque la retórica institucional de la Comisión Europea defiende la medida bajo el argumento tradicional de “reducir la siniestralidad en las carreteras”, diversos sectores civiles, usuarios y analistas de automoción denuncian que la normativa supone una preocupante deriva hacia el control social y “una intromisión sin precedentes en la libertad individual dentro de los propios vehículos particulares”, los cuales quedarán exentos de este rastreo únicamente si fueron matriculados antes de la fecha límite establecida.
El elemento más alarmante del paquete tecnológico, y el que ha desatado un profundo rechazo entre las asociaciones de conductores, es el denominado “sistema de advertencia de distracción”. Este mecanismo introduce cámaras de infrarrojos que permanecen encendidas de forma constante en el interior del coche, apuntando directamente al rostro de quien conduce para registrar y analizar en tiempo real sus movimientos oculares, la frecuencia del parpadeo, la dirección de la mirada e incluso gestos cotidianos como los bostezos.
Portales especializados como AutoNext advierten de que esta monitorización “traspasa la línea de la asistencia técnica para configurar un entorno de vigilancia activa que destruye la privacidad en el habitáculo”. Además, sus críticos señalan el riesgo de que esta infraestructura “sirva de base para futuras restricciones coercitivas automatizadas, tales como la vinculación obligatoria de las cámaras a alcoholímetros digitales o a sistemas estatales de bloqueo remoto del encendido del motor a discreción del software”.
Los compradores denuncian que la imposición estatal de esta tecnología encarece notablemente los precios de los vehículos nuevos, limitando el acceso a la movilidad privada e independiente a las rentas más altas o bien forzando a los usuarios a aceptar la monitorización permanente de sus conductas como condición para poder adquirir un coche moderno. Frente al argumento de las autoridades de Bruselas, que utilizan estadísticas como que el alcohol está presente en el 25% de los accidentes y el exceso de velocidad en el 30% para legitimar la medida, los detractores replican que “el uso de estos datos sirve como justificación para implantar dinámicas de control tecnocrático que restringen la autonomía de los conductores en beneficio de una tutela estatal cada vez más restrictiva”.
