Le Pen, condenada a un año de prisión con brazalete y 15 meses inhabilitada
La líder de la fascista anuncia su candidatura presidencial para 2027 y ha recurrido la sentencia para suspender la ejecución de la pena por el desvío de 2,8 millones del europarlamento.
El Tribunal de Apelación de París condenó este martes a la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, a una pena de tres años de prisión, de los cuales dos quedan exentos de cumplimiento, lo que la obligará a cumplir un año de reclusión firme bajo el régimen de supervisión con brazalete electrónico. La sentencia dictada en la capital francesa también impone a la diputada, una multa económica de 100.000 euros y una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de 45 meses. No obstante, debido a que el tribunal determinó que 30 de estos meses queden exentos de cumplimiento “salvo reincidencia”, la inhabilitación efectiva se reduce a 15 meses firmes. Esta resolución técnica modifica el escenario político francés al despejar legalmente la vía para que la dirigente fascista conserve sus aspiraciones institucionales de cara a las elecciones presidenciales programadas para el año 2027.
Pocas horas después de notificarse el fallo judicial, Marine Le Pen compareció en el telediario nocturno de máxima audiencia de la cadena de televisión francesa TF1 para confirmar de manera oficial su postulación a la jefatura del Estado. Acompañada por el presidente de su partido, Jordan Bardella, Le Pen declaró formalmente: “Sí, seré candidata a las elecciones presidenciales”. Durante la entrevista televisiva, la política francesa anunció la presentación inminente de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objetivo de agotar todas las vías legales disponibles y defender su “inocencia” en este proceso penal. Esta acción jurídica paraliza de forma automática la ejecución de la condena dictada por el Tribunal de Apelación, lo que exime provisionalmente a la acusada de portar el dispositivo electrónico de localización y de cumplir la inhabilitación mientras el alto tribunal delibera sobre el caso, permitiéndole iniciar sus actividades de campaña sin restricciones de movilidad.
Durante su intervención pública en la televisión estatal, Le Pen desveló asimismo que Jordan Bardella ocupará el cargo de primer ministro en caso de que su opción política resulte victoriosa en las urnas, en lo que constituirá su cuarto intento por alcanzar la presidencia del país. La dirigente justificó la configuración de esta propuesta ejecutiva argumentando que “ambos dirigentes se complementan de manera sólida para ofrecer un modelo de gestión previsible al electorado”. Según explicaron ambos representantes ante las cámaras, la fórmula presidencial acordada representa “un dúo confiable de primer ministro y presidenta”, afirmó.
Desvío de fondos
Los magistrados de la corte parisina ratificaron la culpabilidad de Le Pen, de otros once encausados vinculados a la formación política y de la propia Agrupación Nacional como persona jurídica por el delito de malversación de fondos públicos de la UE. La resolución judicial concluye que los acusados desviaron de manera sistemática más de 2,8 millones de euros asignados originalmente por el Parlamento Europeo para la retribución de asistentes parlamentarios, empleando dicho capital para sufragar las nóminas de empleados que desempeñaban funciones orgánicas exclusivas para la estructura interna del partido en territorio francés. La presidenta del tribunal remarcó durante la lectura del dictamen que los representantes políticos “están sujetos a un estricto deber de ejemplaridad en el manejo de los recursos públicos”, confirmando la línea argumental de desvío de capitales que ya había sido establecida en la sentencia de primera instancia emitida por la justicia francesa durante el año 2025.
Las reacciones jurídicas al dictamen mostraron valoraciones divergentes entre las partes implicadas en el proceso penal. El abogado defensor de Le Pen, Rodolphe Bosselut, manifestó ante los medios de comunicación “un sentimiento de satisfacción parcial derivado de la reducción sustancial de las penas accesorias respecto al castigo inicialmente solicitado por la Fiscalía”. Por su parte, el letrado representante del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, expresó su “total conformidad con el dictamen” al considerar “plenamente probado el desvío ilícito y la existencia de una red organizada durante años para la apropiación indebida de fondos de los contribuyentes”. El abogado de la Eurocámara advirtió que la presentación del recurso ante el Tribunal Supremo busca dilatar el proceso, señalando que la ratificación judicial en segunda instancia “confirma de manera contundente la gravedad de los delitos económicos cometidos”.
