Ikasle Antolakunde Sozialista (IAS) ha realizado una comparecencia en Gasteiz, frente a la sede principal del Gobierno Vasco, para "decir no a las cámaras que se están instalando en numerosos centros escolares, denunciar las imposiciones del Gobierno y reivindicar la necesidad de un sistema educativo que garantice los intereses de los estudiantes trabajadores".

De hecho, según ha señalado la organización, el Gobierno Vasco sigue estableciendo mecanismos de control "haciendo caso omiso a la oposición de profesores, padres, madres y alumnos". IAS ha informado de que, a pesar de que el Ejecutivo afirme lo contrario, este está, en efecto, instalando cámaras y micrófonos en escuelas e institutos.

Según han recordado los estudiantes, durante el curso lograron "dar marcha atrás a la instalación obligatoria de las cámaras" gracias a la respuesta de la comunidad educativa. Y han detallado: "El Gobierno Vasco comenzó en octubre a colocar cámaras en al menos 75 centros escolares de la CAV. Ante esto, tras manifestar la oposición en claustros y aulas, y tras iniciar diversas luchas, dieron un paso atrás y aclararon que su instalación era opcional, logrando suspender la instalación en al menos 37 centros".

Sin embargo, denuncian que ahora, "aprovechando que el curso está a punto de terminar y que muchos estudiantes ya han finalizado las clases", el Gobierno Vasco está actuando "con total unilateralidad" en los últimos tres meses para implantar estos dispositivos.

Control social, negocio y opacidad

IAS ha calificado esta situación de "grave" y ha destacado tres razones principales: La primera responde al creciente control social. Desde la organización afirman que "instalar cámaras y micrófonos en todas las aulas impulsa la normalización del control social", añadiendo que sirven para tener a los estudiantes "controlados, sumisos y obedientes", lo que supone "un retroceso notable en los derechos políticos" y vulnera derechos como la intimidad, el honor, la propia imagen y la protección de datos personales.

Po otro lado, explican que detrás de esta medida hay un trasfondo económico. "A través de una partida de 846 millones de euros de los fondos Next Generation, se quieren colocar cámaras en 240.000 aulas del Estado. Se está utilizando la educación para aumentar los beneficios de empresas privadas". En la CAV, el Plan de Transformación Digital del Sistema Educativo 2025-2029 destinará cerca de 270 millones de euros. Además, denuncian que proveedores como la empresa militar BECHTLE tienen vínculos con los ministerios de Defensa e Interior de Israel y sus tecnologías de vigilancia. Los estudiantes critican que se gasten millones en estos sistemas mientras existen graves problemas de infraestructura, masificación de ratios y empeoramiento de la calidad educativa. 

A todo ello se le suma la habitual falta de transparencia. Desde IAS subrayan que el proceso se está llevando a cabo "sin dar ningún tipo de explicación pública", negando una vez más la participación de estudiantes, familias y profesorado. "Nuestra palabra no vale absolutamente nada".

Reivindicaciones

Ante esta situación, IAS ha exigido al Gobierno Vasco que cese de inmediato la instalación de estos dispositivos. Han advertido que si el próximo curso comienza con las cámaras operativas, activarán diversas movilizaciones hasta conseguir que las retiren. Para ello, trabajarán centro por centro y han adelantado que intentarán llevar la lucha a los tribunales.