La Fiscalía investiga a 300 policías por compartir datos privados de cientos de personas en un chat parapolicial

La Fiscalía de Vigo ha abierto diligencias por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos. La investigación se centra en el grupo de Telegram “Alerta Policial Pontevedra”, un chat en el que al menos 300 agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales de Vigo y Pontevedra compartieron durante seis años datos restringidos de cientos de personas. Según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los agentes difundieron fotografías de documentos de identidad, capturas de personas en los calabozos y fichas de vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT). El origen de las pesquisas fue la denuncia de un inspector de la Policía Nacional de Vigo, quien en 2024 alertó a sus superiores de que se estaban filtrando datos policiales sin control legal, pero los mandos de la Comisaría de Vigo-Redondela y de la Policía Local de O Porriño no actuaron.

El administrador del grupo es el jefe de la Policía Local de O Porriño. En las capturas del chat, los agentes presumen de obtener información de Aduanas para investigar a ciudadanos al margen de los cauces reglamentarios: “Me la pasaron de aduanas. Sabían que era poca cosa y por eso me avisaron por si queríamos pillarlo nosotros. Y a mí como si lo pilla la pantera rosa (sic), lo importante es pillarlo”. Estas prácticas evidencian que el aparato policial funciona como un poder paralelo, una red de vigilancia ilegal que opera al margen del control judicial y utiliza datos sensibles de la ciudadanía para fines particulares. La connivencia de los mandos, que conocían las filtraciones y no hicieron nada para detenerlas, demuestra que la impunidad es una característica intrínseca de las fuerzas policiales.

En octubre de 2025 se desveló la existencia del grupo “Cops Cantabria”, donde al menos 148 agentes compartieron datos de ciudadanos durante diez años. Estas redes de vigilancia ilegal, que se extienden de forma visible por Galiza y Cantabria, operan como un poder fáctico que atenta contra el derecho a la intimidad de la clase trabajadora. Mientras el Ministerio del Interior y los mandos policiales miran hacia otro lado, los agentes filtran información sensible de militantes, migrantes y víctimas de violencia machista para perseguirlos fuera de la ley.

Los “sindicatos” policiales se presentan como víctimas del “acoso digital”

De forma paralela a la impunidad con la que operan estos grupos parapoliciales, se halla la posición de los lobbys policiales, que intentan presentarse como víctimas. La Unión Federal de Policía (UFP) ha exigido recientemente a la Dirección General de la Policía que actúe contra el “acoso digital” a agentes tras revelarse información de fuentes abiertas sobre agentes que publicaban mensajes de odio y propagada fascista o que han participado en operaciones de infiltración en movimientos sociales. La UFP ha presentando un protocolo para “proteger sus datos personales”, que busca sancionar a periodistas y organizaciones políticas que investigan las irregularidades policiales. La entidad que tan preocupada se muestra por “proteger los datos personales” de los agentes, ignora los casos como los de Vigo, Cantabria, o el de los agentes de la Policía Local en Granada procesados por revelar datos confidenciales del sistema VioGén de una víctima a su agresor, también policía; otro “caso aislado”, según la jerga institucional.