Una comisión siria encargada de investigar las matanzas ocurridas en marzo en las provincias de Tartus y Latakia confirmó este martes el asesinato de al menos 1.426 personas, la mayoría civiles y fuera del contexto de combate. “Entre los muertos puede haber remanentes del régimen, pero la mayoría de los asesinatos ocurrieron fuera o después del fin de las operaciones militares”, afirmaba el portavoz de la comisión, Yasser al Farhan, en una rueda de prensa celebrada en Damasco.
Las ejecuciones se habrían producido, supuestamente, tras la irrupción de facciones armadas leales a Bashar al Assad en la zona, que se habrían reagrupado tras la caída para atacar convoyes militares de Hayat Tahrir al Sham (HTS) y sus aliados entre el 7 y el 9 de marzo.
Según el informe oficial recogido por EFE, al menos 238 efectivos de las nuevas fuerzas gubernamentales figuran entre las bajas de estas escaramuzas, junto con más de mil civiles, incluidos excombatientes del Ejército Árabe Sirio desmovilizados y 90 mujeres, en lo que parece ser un ajuste de cuentas a manos de las facciones que tomaron el poder.
La comisión declaró haber visitado 31 lugares y escuchado 986 testimonios, lo que permitió identificar a 298 sospechosos de violaciones graves, presuntamente implicados en ejecuciones extrajudiciales, saqueos y ataques deliberados contra civiles. Los responsables estarían organizados en grupos armados formalmente incorporados al nuevo Ministerio de Defensa. “Estos individuos y grupos violaron órdenes militares y son sospechosos de cometer violaciones contra la población civil”, añadió Al Farhan.
La comisión, en un intento de lavar la imagen del nuevo régimen de los herederos de Al Qaeda, insiste en que los crímenes “no fueron sistemáticos”, pero sí “generalizados”, enmarcando los hechos en un contexto de “vacíos de poder tras el colapso del régimen”. Sin embargo, no han podido ocultar los crímenes de guerra cometidos en el bautizo de fuego del nuevo Gobierno de Muhammad Al Jolani, blanqueado en Occidente como “reconvertido”.
“Hubo comportamientos dispares entre los distintos cuerpos armados presentes, incluso a nivel individual”, se excusó el portavoz. La comisión, en teoría no gubernamental, dice haber contado con “acceso adecuado” a las zonas afectadas y a las familias de las víctimas, y recalca que los hallazgos responden a “una labor independiente por encargo de las nuevas autoridades de transición”. El informe ni siquiera evalúa responsabilidades penales, se ha limitado a remitir los resultados al Ministerio de Defensa y a organismos internacionales.
