Columbia University anunció el 23 de julio un acuerdo con la administración de Donald Trump para pagar 200 millones de dólares en tres años, además de 21 millones para resolver investigaciones de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC). Este pacto pone fin a la congelación, impuesta en marzo, de la gran mayoría de los 400 millones de dólares en subvenciones federales destinadas a la universidad, que suman anualmente alrededor de 1.300 millones para investigación. La rectora interina Claire Shipman señaló que el acuerdo “marca un paso importante tras un período de escrutinio federal sostenido e incertidumbre institucional”.
Además del pago, Columbia se ha comprometido a implementar y mantener reformas ya iniciadas en marzo, que incluyen el nombramiento de un monitor independiente para evaluar periódicamente las medidas adoptadas, la prohibición de “considerar la raza en admisiones y contrataciones”, así como un plan para “reducir el antisemitismo y los disturbios en el campus”.
Este último punto, en concreto, contempla la contratación de oficiales de seguridad con autoridad de arresto, nuevas políticas disciplinarias y restricciones a las protestas en determinados espacios académicos, siguiendo demandas del gobierno republicano que acusaba a la universidad de “inacción” frente a lo que ellos denominan como “acoso a estudiantes judíos”, especialmente durante las protestas relacionadas con el genocidio en curso en la Franja de Gaza.
Este acuerdo representa un hito para la administración Trump en su estrategia de meter en cintura a las universidades de élite estadounidenses. Columbia es la primera en aceptar un pacto que restaura fondos tras acusaciones de “antisemitismo”, mientras que otras como Harvard mantienen litigios y negocian la devolución de financiación congelada.
El monitoreo del cumplimiento y los informes semestrales apuntan a una vigilancia extrema por parte del gobierno sobre la universidad, lo que abre un debate sobre las libertades políticas en los campus y la autonomía universitaria frente al intervencionismo estatal bajo argumentos de “seguridad y respeto”.
