La Knesset aprobó el miércoles una moción, con 71 votos a favor y 13 en contra, que reclama la anexión formal de Cisjordania, referida en el lenguaje oficial sionista colonial como “Judea, Samaria y el Valle del Jordán”. Aunque esta propuesta en principio no tiene valor legal vinculante ni cambia el estatus jurídico del territorio ocupado desde 1967, busca sentar las bases políticas y simbólicas para consolidar nuevos pasos de la colonización de Palestina. Según sus promotores, refleja el rechazo absoluto a “concesiones territoriales peligrosas” y reafirma la identidad del Estado israelí como “un estado judío seguro”.
El respaldo ha sido transversal en la coalición gobernante de derecha y ha obtenido apoyos de partidos como Yisrael Beiteinu, además de diputados independientes y fascistas de distinto color como la ministra de Asentamientos Orit Strook y Simcha Rothman del movimiento Sionismo Religioso. Tras la votación, el presidente de la Knesset, Amir Ohana, afirmó que “la tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel” y niega que “los judíos” puedan ser ocupantes de territorios de su supuesto “hogar ancestral”, desestimando el derecho internacional y las resoluciones de la ONU.
Esta maniobra se produce en un contexto de presión internacional creciente por el reconocimiento de un indeterminado Estado palestino, con una cumbre prevista en Nueva York en septiembre, y tras amenazas israelíes de anexar también la Franja de Gaza, donde el genocidio está causado una situación devastadora para la población palestina. Organismos internacionales, gobiernos y ONG rechazan la anexión y consideran que “representa una grave violación del derecho internacional” y “un obstáculo para la paz y la justicia en el conflicto”. Las declaraciones institucionales y los cadáveres se acumulan, pero nadie le para los pies al Estado genocida.
