El sábado 26 de julio, aproximadamente diez mil participantes del movimiento No Tav marcharon en un corteo en Val di Susa (Piamonte, región de Turín, Italia) para expresar su oposición al proyecto de la línea de alta velocidad Torino-Lyon. La manifestación arrancó desde el tradicional Festival Alta Felicità, un evento anual que reúne a quienes desde hace más de tres décadas defienden el valle frente a la construcción de la gran obra que consideran innecesaria y devastadora para el medio ambiente y las comunidades locales.
Según recoge Infoaut.org, la marcha se dividió en varios grupos que llegaron a diferentes cantieri (obras) en activo o en proyecto en localidades como Giaglione, Traduerivi y San Didero. Durante la movilización se llevaron a cabo diversas acciones directas, incluyendo el bloqueo en la autopista Torino-Bardonecchia con barricadas en llamas, la apertura de brechas en las vallas de las obras y la ocupación del nuevo sitio de Traduerivi, donde se desplegó una pancarta con el mensaje “salvemos juntos la llanura de Susa”. Además, se reportaron daños irreversibles a maquinaria y estructuras de las obras.
Los manifestantes retomaron juntos el camino de regreso hacia el Festival Alta Felicità, que continuó con actividades culturales, debates y asambleas, incluyendo la prevista asamblea nacional “Guerra a la guerra” que se celebró el domingo 27 de julio.
Meloni amenaza con el Decreto Sicurezza
En reacción a estos eventos y con el nuevo marco legal en la mano, la primera ministra Giorgia Meloni ha calidicado los hechos de “una vergüenza”, prometiendo que “serán castigados con mayor severidad y firmeza” y asegurando que el Gobierno “no tolerará actos ilegales y dañinos”. Sus palabras llegan tras la aprobación del denominado “Decreto Sicurezza”, una ley mordaza italiana que entró en vigor en junio y ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, relatores de la ONU, la oposición y varios movimientos sociales por restringir el derecho de reunión y agravar las penas relacionadas con protestas.
Este decreto introduce delitos específicos por ocupación y bloqueos, convierte en penales infracciones antes administrativas, y prevé penas de prisión de hasta seis años por cortar carreteras o vías férreas, acciones comunes en movilizaciones sociales como la de No Tav. Además, amplía el poder policial, ofrece protección legal especial a los agentes imputados en actos de servicio, permite a los agentes poseer armas no reglamentarias y poder portar armas fuera de servicio, mientras agiliza desalojos de inmuebles ocupados y penaliza la resistencia civil, incluso si es pacífica.
Amnistía Internacional, el Consejo de Europa y numerosas organizaciones han manifestado que estas disposiciones son incompatibles con lo que hasta ahora se ha conocido como “Estado de Derecho” y denuncian un marco hostil para quienes ejercen el derecho a la protesta en Italia, especialmente movimientos sociales, ecologistas y obreros. La oposición parlamentaria, por su parte, subraya que la ley está diseñada expresamente para acallar protestas como las del TAV, y advierte de una deriva autoritaria que aleja a Italia de sus propias garantías constitucionales y del marco europeo en materia de libertades políticas fundamentales.
