Por primera vez en la historia, el gobierno de Países Bajos ha incluido al Estado de Israel en su lista de actores estatales que representan “una amenaza a la seguridad nacional”, junto a Irán, Rusia y Turquía, según el informe Dreigingsbeeld Statelijke Actoren 2025 publicado por el Coordinador Nacional para el Terrorismo y la Seguridad (NCTV) el pasado 17 de julio.
El documento destaca que el Estado de Israel actúa como “una influencia subversiva para alterar la percepción pública”, citando especialmente la difusión, tras el partido de fútbol Ajax-Maccabi Tel Aviv en noviembre de 2024, de un dossier secreto con información de ciudadanos propalestinos a políticos y periodistas seleccionados en el país, evadiendo a las autoridades estatales y poniendo en riesgo la seguridad de esas personas.
Además, el informe señala la interferencia israelí en asuntos diplomáticos y políticos a través de campañas de sanciones y presiones contra instituciones internacionales con sede en Países Bajos, especialmente la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia.
Se resalta también la colaboración entre Estados Unidos e Israel en su intento por socavar la labor de la CPI, en particular respecto a la investigación sobre los crímenes guerra relacionados con el genocidio en Gaza. Países Bajos, que afirma estar “comprometido con la protección de estos organismos”, alerta que dichas acciones, incluyendo amenazas públicas y sanciones, “podrían afectar negativamente la independencia y funcionamiento de las cortes”.
El cambio de enfoque supone un cambio significativo en la posición tradicionalmente amistosa de Países Bajos hacia la entidad sionista, motivado por la creciente tensión tras la devastación humanitaria en Gaza y la reacción social en la sociedad holandesa, que incluye críticas contundentes al sionismo.
La inclusión oficial del Estado de Israel en esta lista destaca la problemática de la influencia de actores estatales poderosos en la política interna y en organismos judiciales internacionales, abriendo el debate sobre las garantías jurídicas y los derechos en un contexto cada vez más conflictivo.
