Un empresario de 47 años, vecino de Blanes (Girona, Catalunya), ha sido detenido acusado de explotación laboral, falsedad documental y contratación irregular de empleados en su empresa de servicios de limpieza y gestión de residuos con sede en Malgrat de Mar (Barcelona, Catalunya). Según las primeras pesquisas, el detenido imponía jornadas laborales de hasta 90 horas semanales a sus trabajadores, a cambio de un salario mensual aproximado de 850 euros, inferior a lo estipulado en los contratos.
La investigaciones comenzaron el 27 de junio, tras detectar irregularidades acerca del horario laboral de uno de los empleados vinculados a otra investigación. El empresario presentó un contrato falso para justificar la situación del trabajador, quien en realidad se encontraba detenido.
Esto motivó un registro en la empresa el 24 de julio, descubriendo que nueve empleados carecían de documentación legal o figuraban con documentos ajenos. La Policía española confirmó que algunos empleados se encontraban indocumentados.
Durante las declaraciones, se constató una situación reiterada de explotación laboral ilegal. Algunos empleados comenzaron a trabajar sin contrato y más adelante la empresa les exigió documentación de terceros residentes legalmente para formalizar contratos.
En otros casos, la compañía incluso firmó contratos con datos falsos. En todas las situaciones, los empleados percibían remuneraciones inferiores a las legales, soportaban jornadas extenuantes y carecían de descansos reglamentarios.
Según recoge 3cat, la empresa operaba en varios municipios de las provincias de Barcelona y Girona, incluyendo Malgrat de Mar, Tordera, Santa Susanna, Vidreres, Maçanet de la Selva y Fogars de la Selva. Tras la inspección, cerca de veinte trabajadores con contratos irregulares perdieron su puesto de trabajo de inmediato. La detención del propietario se produjo el 6 de agosto, mientras siguen las investigaciones sobre tres trabajadoras de la misma empresa por los mismos delitos.
La Fiscalía y las autoridades investigan si las prácticas de esta empresa vulneran la legislación laboral vigente y explotan bajo condiciones ilegales la vulnerabilidad de personas indocumentadas. Verifican también si existen conexiones con redes más amplias de empleo irregular en el sector de limpieza y gestión de residuos en la región,
