Agosto de 2025 cierra como el mes más duro para los bosques del Estado español, con cifras inéditas de devastación provocadas por 93 incendios forestales de gran magnitud, 39 de ellos con más de 500 hectáreas totalmente arrasadas. El balance provisional sitúa la superficie calcinada en torno a 300.000 hectáreas, con cuatro personas fallecidas y al menos cinco comunidades autónomas simultáneamente afectadas por las llamas durante los picos de emergencia.
Las 300.000 hectáreas arrasadas equivalen a 3.000 kilómetros cuadrados, una superficie comparable, por ejemplo, a la extensión total de la provincia de Araba (3.037 km²) o casi tres veces el tamaño de la ciudad de Madrid, que tiene alrededor de 604 km². Así, los incendios de agosto han quemado un territorio similar en tamaño al de toda la provincia alavesa, o al de grandes municipios europeos, lo que ayuda a visualizar el impacto real de la catástrofe ambiental.
La directora de Protección Civil, Virginia Barcones, ha confirmado que tras 20 días consecutivos de intentos de extinción, el episodio puede considerarse "finalizado" y el Estado español retorna a un estado de alerta y seguimiento preventivo.
Galiza, el territorio más afectado por las llamas, ha logrado extinguir los tres grandes incendios del verano, sumando más de 78.500 hectáreas dañadas según la Xunta. A día 31 de agosto, solo quedaban tres fuegos operativos en la provincia de León, mientras la Unidad Militar de Emergencias (UME) y brigadas autonómicas continúan labores de refrescamiento en las zonas estabilizadas. El Comité Estatal de Coordinación rebajó el nivel de preemergencia tras constatar la mejora de los indicadores meteorológicos y de control.
El peor día de la ola fue el 16 de agosto, con 23 incendios declarados en cinco comunidades, marcado por altas temperaturas y rachas de viento que complicaron aún más los esfuerzos de extinción. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) calificó la ola de calor como “la más intensa y la tercera en duración desde 1975”, con varios días de récord térmico y humedad extremadamente baja, factores que dificultaron la estabilización de los fuegos.
El Estado español ha tenido que acudir al apoyo internacional de diez países europeos, tanto en medios terrestres como aéreos, gestionados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil y acuerdos bilaterales, con hasta un tercio de los recursos europeos operando en territorio español durante la crisis. La UME intervino en 47 operaciones, movilizando a 5.772 militares y más de 2.138 medios en coordinación con las Fuerzas Armadas.
Para afrontar el desastre, el Gobierno español se ha visto obligado a reforzar el dispositivo de extinción y la aportación de boletines de la Aemet. Se contabilizan 57 personas detenidas y 142 investigadas en relación con los incendios, mientras siguen valorándose los daños medioambientales, económicos y sociales. Según EFE, las autoridades destacan "la combinación de una primavera húmeda con un verano especialmente cálido y seco" como factores agravantes de esta emergencia histórica.
