El Parlamento griego aprobó este miércoles una polémica ley que permite al país acelerar las deportaciones de personas migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y eleva las penas de prisión para quienes permanezcan de forma irregular en territorio griego a entre dos y cinco años. La medida, respaldada por el partido en el gobierno, Nueva Democracia, y otros partidos conservadores, fue rechazada por la oposición, la Defensoría del Pueblo griega y múltiples organismos de derechos humanos, incluyendo al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, que no tiene ningún poder ejecutivo.
El ministro de Migración, Thanos Plevris, destacó que las personas sujetas a estas medidas serán detenidos hasta su expulsión efectiva y que quienes vuelvan a entrar sin documentación enfrentarán penas de hasta tres años de cárcel. El ministro calificó a Grecia como “el primer país en introducir medidas extremadamente disuasorias” y en “criminalizar la estancia ilegal de esta manera”, reforzando así una política de "mano dura" ante el aumento sostenido de llegadas irregulares, especialmente desde países como Pakistán, Bangladesh y Egipto.
Organizaciones como el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) califican la ley de “caótica e imposible de poner en práctica”, mientras que el Partido Comunista la tilda de racista y “lamentable”, señalando que impone la deportación incluso a personas migrantes que ni siquiera tienen posibilidades reales de retorno voluntario. La nueva norma también descarta la opción de regularización tras siete años de estancia legal y amplía el tiempo máximo de detención administrativa a 24 meses. Varios gobiernos del mundo y las ONG advierten sobre la violación de derechos fundamentales y el riesgo de normalización de expulsiones colectivas, en teoría, prohibidas por la ley europea.
