El Estado de Israel mantiene secuestrados actualmente a más de 11.100 palestinos en sus cárceles, lo que representa un máximo histórico en las últimas dos décadas y media, de acuerdo con datos publicados por la Palestinian Prisoner’s Society citados por Al Jazeera. Dentro de esta población, 400 son menores y 49 mujeres. Una parte importante de todos estos detenidos está privada de libertad sin haber sido sometida a juicio, bajo la figura de la "detención administrativa", una práctica criticada reiteradas veces por organismos defensores de derechos humanos.

Este incremento convierte la cifra actual en la más alta desde hace 25 años y refleja la persistencia y el aumento de políticas represivas contra el pueblo palestino. Organizaciones como Addameer han denunciado que la entidad colonial utiliza la detención administrativa para mantener encarceladas a personas por períodos indefinidos sin cargos formales ni acceso a su defensa legal, una situación que constituye un secuestro de facto.

Fuentes internacionales y de derechos humanos también han documentado las extremas condiciones que se dan en las prisiones israelíes, que incluyen torturas, violaciones, negligencia médica, hambre, aislamiento prolongado y asesinatos. Estas realidades, junto con la extensión de las detenciones arbitrarias, son foco de protestas y reclamos por parte del movimiento de liberación nacional palestino.