Pedro Sánchez ha anunciado un decreto que el Consejo de Ministros "aprobará" y que "consolidará legalmente" el embargo total de armas al Estado genocida Israel, la falsa medida prometida por el Ejecutivo colaboracionista desde octubre de 2023 que no han cumplido en ningún momento. Además, el presidente español ha tardado casi dos años en reconocer que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio: “60.000 muertos y dos millones de desplazados, la mitad menores”, ha subrayado Sánchez, "condenando" el ataque a la población y afirmando que esto “quebranta todas las leyes del derecho internacional”.

Sin embargo, el Centre Delàs y RESCOP han denunciado que el Estado español ha proporcionado armamento y apoyo logístico a los genocidas de forma sistemática mientras todos estos crímenes se están cometiendo. Y en cuando a las importaciones, se ha demostrado que el Estado español se sitúa como líder de la UE en importación de armamento israelí.

Además del supuesto "embargo" que dice que va a aplicar, que de momento no está en vigor, el Gobierno promete implementará ocho medidas que incluyen "la prohibición del tránsito por puertos españoles a barcos que transporten combustible o material militar israelí y la denegación de entrada al espacio aéreo español a aeronaves que transporten equipamiento militar para Israel". También asegura que se prohibirá la entrada al Estado español "a todas las personas implicadas directamente" en el genocidio, las violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra en Gaza, y la importación de productos procedentes de asentamientos "ilegales" en Gaza y Cisjordania, pero los colonos israelíes en su totalidad pueden seguir entrando, y las mercancías de los territorios ocupados de 1948 también. Para "apoyar a los palestinos", se reforzará el apoyo a la Autoridad Palestina, responsable directa en la represión, el apartheid y la colonización de los palestinos de Cisjordania y Al Quds/Jerusalén. Sánchez también promete que aumentará la ayuda humanitaria destinada a Gaza, llegando a 150 millones en 2026.

Todo esto se produce en paralelo a las decenas de detenciones de activistas y manifestantes propalestinos contra la Vuelta a España en varios territorios del Estado español, la última vez este mismo domingo en Galiza.

No obstante, Sánchez no da puntada sin hilo: no reconoce el derecho a la legítima defensa del pueblo palestino, condena su resistencia armada como "terrorismo" y, por el contrario, reconoce "la legítima defensa de Israel", pretendiendo diferenciarlo a su consecuencia inseparable: “exterminar a un pueblo indefenso”. El presidente, responsable último de la colaboración española con la entidad sionista, también se ha atrevido a criticar “la indiferencia y complicidad” de otras grandes potencias y defiende "una solución política basada en los dos Estados", rechazando de plano la ruptura de relaciones diplomáticas que reclamaban algunos sectores.

Esta postura ha generado una respuesta negativa del Gobierno israelí, que calificó de "antisemitismo" la declaración y prohibe la entrada a dos ministras españolas.