En julio de este año, la tasa de cobertura por desempleo en el Estado español alcanzó un 82,4%, un récord histórico si se excluye el periodo de pandemia. Sin embargo, en nueve provincias la tasa superó el 100%, lo que implica que hay más personas cobrando prestaciones que desempleados registrados en esas zonas.

Este fenómeno se atribuye principalmente al aumento de trabajadores con contratos fijos discontinuos, figuras contractuales cuya flexibilidad se ha ampliado tras la reforma laboral y que han pasado a emplearse más allá del turismo, afectando el cálculo tradicional del desempleo en provincias como Almería (125,3%), Huelva (135%) y Balears (114,3%).

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) explica que esto se debe a que "la fórmula de cálculo incluye todos los beneficiarios de prestaciones y subsidios sobre el total de desempleados registrados y beneficiarios de subsidio agrario, pero no corrige el impacto de los fijos discontinuos", que cobran prestaciones incluso en meses sin trabajo activo. Este cambio forma parte de una alteración contable introducida por la reciente reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que amplió esta modalidad contractual a sectores tradicionales y emergentes, explicando el aumento de la tasa de cobertura y su distorsión en ciertas regiones, especialmente Balears, donde la tasa alcanzó en enero un 360%.

Esta situación plantea un debate sobre la transparencia y la metodología en la medición de la protección social y el desempleo, pues aunque el Ministerio de Trabajo pretende presentar "la mejora de la tasa de cobertura" como un avance, algunos expertos han reclamado un análisis riguroso para entender mejor la composición de los beneficiarios, y otros señalan el cambio contable directamente como una "trampa" que tendría como objetivo maquillar las cifras del paro. Aún así, el Estado español cerró un verano complicado en términos laborales con casi 200.000 afiliados menos y un aumento de 21.900 nuevos parados registrados en agosto.