Noche del 16 de agosto de 2025. Vecinos de una pequeña localidad de Ourense asisten horrorizados al espectáculo de las llamas avanzando a pocos metros de sus hogares. En el 112, responden que intentarán que el helicóptero llegue a tiempo, pero están atendiendo demasiadas llamadas similares. La misma escena se repite a lo largo de todo el territorio afectado y de muchos angustiosos y largos días de agosto. Los vecinos, armados precariamente con cubos, mangueras domésticas y palas, siguen intentando que las llamas se mantengan a unos metros, inhalando humo, sufriendo quemaduras, poniendo en juego su vida. Mientras tanto, en otros muchos puntos de los enormes incendios, bomberos forestales luchan hasta la extenuación contra las llamas.

Copernicus ha contabilizado 596.703 hectáreas quemadas en la Península Ibérica, lo que representa en torno al 1% de su superficie total. Toda una catástrofe de consecuencias sociales, políticas y ecológicas que sin duda ha adquirido una gran relevancia mediática. Los políticos profesionales y los medios de comunicación de masas se han apresurado a cumplir su misión: aprovechar la complejidad del asunto para trazar relatos medidos de acuerdo a sus intereses.

Mientras Feijóo se afana en proponer registros de pirómanos (cuando solo una escasa minoría de los incendios forestales intencionados son provocados por ellos), Mañueco se pronuncia sobre las condiciones meteorológicas como un mal imprevisible y cíclico. Está claro que lo conveniente es presentar los acontecimientos como fruto de unos males de los que no hay responsables.

Pedro Sánchez, por su parte, agita el telón de fondo del cambio climático, sin duda uno de los factores fundamentales de la catástrofe, pero lo hace sin disimular que trata de sacar rédito electoral de las políticas verdes en un contexto de creciente temor social ante la devastadora crisis ecológica, y sin rendir cuentas por la infrafinanciación de los presupuestos para prevención y extinción de incendios.

Mientras, la base social de la izquierda parlamentaria inunda las secciones de comentarios de diarios digitales y redes sociales con insinuaciones de que llegarán recalificaciones del terreno quemado, otro mito que en realidad representa una parte ínfima de los incendios. Y, con ello, evidencian lo que derecha e izquierda burguesas tienen en común: ambas rehúyen ofrecer una explicación racional de las relaciones de clase del campo que conducen a un número elevadísimo de incendios intencionados, y ambas rehúyen la cuestión de los condicionantes económicos y políticos que permitirían entender por qué la partida presupuestaria dedicada a la prevención de incendios se recortó a la mitad desde 2009 a 2025, mientras el gasto militar casi se triplicó en el mismo periodo.

Para algunos vecinos, el helicóptero nunca llegó. Quizá no muchos de ellos supieran que, en ese mismo instante, ocho poderosas aeronaves de extinción de fabricación rusa que el Estado venía desplegando en veranos anteriores permanecían paralizadas como consecuencia de la falta de repuestos y técnicos derivada de las sanciones europeas a Rusia. Tal vez parezca anecdótico, pero no lo es tanto. Primero, porque ocho helicópteros habrían sido un incremento significativo de los alrededor de 50 que estaban destinados (un dato difícil de precisar porque, incluso en esa cuestión, ha habido una guerra de desinformación entre los 56 que sostenía el Gobierno y los 42 del PP). Segundo, porque evidencia quién paga la disciplina de los Estados otanistas respecto de los intereses que se juegan los capitalistas en sus guerras, donde invariablemente ellos ganan y la clase trabajadora mundial pierde.

Un hecho puntual que en realidad señala de manera sugerente a la íntima relación entre la catástrofe de este agosto y la crisis general del sistema capitalista, relación que requeriría más espacio del que ocupa este artículo para exponerse con claridad, pero que se intuye en cada uno de los elementos aquí planteados. La crisis ecológica es solo un aspecto de la agonía de un sistema que amenaza con destruir el planeta, pero que, también, ante la desenfrenada saturación de los mercados y la obstrucción del beneficio económico, parasita cada vez más a la clase trabajadora, impulsando a los Estados al saqueo hacia adentro y hacia afuera: reducción de partidas presupuestarias críticas (como las de prevención de incendios) durante décadas de recortes y austeridad, y proliferación de guerras comerciales, diplomáticas y militares que buscan preservar y ampliar los focos de negocio y poder para el capital.

Ante todo el ruido generado alrededor de un asunto complejo, ante toda la confusión y los juegos de manos de los políticos profesionales, es necesario despejar el humo, oponer una explicación racional que clarifique las causas subyacentes y señale a los responsables últimos: a las clases dominantes, que nos abocan a una carrera suicida por su beneficio privado, y a los gestores de su orden social que amenaza crecientemente nuestras mismas vidas.