Sánchez anuncia otro fondo público para el alquiler que irá al bolsillo de rentistas y especuladores
El Gobierno español repartirá hasta 30.000 euros en subvenciones al alquiler con opción a compra para jóvenes; el SHSC lo califica de "bizum a rentistas y especuladores".
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado una "ayuda" de hasta 30.000 euros para jóvenes que accedan al alquiler con opción a compra de viviendas de protección oficial. Según la descripción oficial, las cantidades pagadas en alquiler se descontarán del precio de compra, cuyo precio estará tasado para evitar la especulación directa. Sin embargo, voces críticas como el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya lo denominan como "nuevo bizum a rentistas y especuladores" alertando de que, pese a la "buena intención" declarada, este tipo de ayudas públicas termina alimentando el bolsillo de quienes se lucran con la vivienda, al no cambiar la estructura de propiedad y el criterio de acceso a la vivienda.
Además, el modelo de la promoción de la vivienda de protección oficial no deja de sembrar dudas y críticas, ya que muchas de estas viviendas cuentan con periodos relativamente cortos de "protección", se financian con fondos públicos y pueden llegar a triplicar su precio cuando pasan al mercado libre, financiando directamente la especulación inmobiliaria generalizada de las clases medias con dinero público. Economistas como Santiago Niño Becerra han criticado este modelo, calificándolo de "perverso".
Esta nueva "ayuda" forma parte del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y va acompañada de un seguro de impago para jóvenes inquilinos, que aunque presentado como protección, en realidad asume que el Estado garantizará el cobro a los propietarios, traslada el riesgo a las administraciones públicas y refuerza la rentabilidad privada del sector inmobiliario. Este seguro cubrirá rentas que no superen el 50% de los ingresos netos de la unidad familiar y se activará en el actual periodo legislativo.
Paralelamente, Moncloa impulsa ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en municipios rurales, con la justificación de combatir la despoblación. Este incentivo podría favorecer igualmente a compradores especulativos y no asegura la creación ni conservación de vivienda social real en dichas áreas, según las críticas que reciben estas medidas.
Finalmente, el Ejecutivo también ha prometido "aumento de los controles sobre plataformas digitales para eliminar anuncios de pisos turísticos ilegales", transformándolos en "alquileres protegidos". No obstante, organizaciones sociales y el movimiento de vivienda alertan que el grueso de los alquileres turísticos legales y la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes, ambos blindados legalmente y que reducen drásticamente las opciones de vivienda y alquiler asequible. A ello se le suma que las inversiones y ayudas continúan beneficiando a actores privados, y que sin un cambio profundo, estas políticas no harán más que perpetuar la crisis del acceso a la vivienda entre la juventud y los sectores más depauperados de la clase trabajadora.
