El Gobierno español podría ser responsable legal por complicidad en crímenes de guerra y genocidio
Existen bases legales para que ministros implicados en la colaboración con Israel desde octubre de 2023 sean condenados a prisión perpetua u otras penas severas por complicidad en crímenes internacionales.
La Comisión Independiente de la ONU ha publicado un informe de 72 páginas donde concluye oficialmente que el Estado de Israel comete genocidio y crimen de guerra en Gaza desde octubre de 2023, una masacre donde podrían haber sido asesinadas hasta 680.000 personas.
Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), cualquier persona, incluyendo agentes estatales, que facilite directa o indirectamente crímenes de guerra o genocidio, puede ser acusada de complicidad y enfrentar sanciones penales. Esto incluye no solo la ejecución directa de los crímenes, sino también la cooperación, suministro de armas y apoyo logístico con conocimiento de la intención criminal de los perpetradores.
En concreto, el Estatuto de Roma contempla que la pena máxima por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra es la prisión perpetua, especialmente si los acusados son conscientes de que están cometiendo un crimen internacional. Los artículos 25 y 77 establecen la responsabilidad penal de quienes ordenen, induzcan, colaboren o faciliten estos crímenes. La condena, dependiendo del grado del crimen cometido, también puede abarcar desde largas penas de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y confiscación de bienes.
De acuerdo con esto, cada uno de los responsables políticos que integra el Gobierno español, que desde 2023 permite y fomenta el tráfico de armas con el Estado genocida de Israel, sería corresponsable de los mencionados crímenes de guerra. En teoría, existe una base jurídica clara que permitiría castigar al Gobierno español y a todos sus integrantes si hubiese voluntad para ello, con las siguientes penas máximas según el nivel de responsabilidad y colaboración:
Cadenas perpetuas
Presidentes y responsables máximos de la colaboración con el genocidio, al autorizar y mantener contratos armamentísticos que fortalecen la maquinaria bélica israelí, pueden ser los mayores responsable bajo estos preceptos jurídicos. Su participación activa en la política exterior y militar del Estado español como potencia proveedora de armas utilizadas en crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, podría suponer pena de prisión perpetua, además de inhabilitación política.
Ministros de Defensa, Exteriore e Interior, directamente comprometidos en la aprobación y facilidades logísticas declaradas para el suministro bélico, podrían ser procesados y condenados a cadena perpetua, derivados de su implicación directa en crímenes de guerra.
Penas de entre 10 y 30 años
Otros ministros con competencias financieras y legislativas, al no frenar ni vetar el flujo de armas y continuar participando como integrantes de un Gobierno que colabora directamente con genocidas, podrían ser considerados responsables por omisión o complicidad, enfrentando penas de prisión significativas que pueden oscilar entre 10 y 30 años, según el grado de participación.
Acusaciones menores por encubrimiento o cooperación
Otros funcionarios de segundo nivel que —promoviendo gestos simbólicos donde se reconoce abiertamente que el Estado de Israel está cometiendo crímenes de guerra y genocidio— siguen sin impedir activamente la colaboración real del Gobierno desde su carteras ministeriales, podrían enfrentar acusaciones menores de complicidad por encubrimiento o cooperación en la comisión del genocidio, con penas menores que las anteriores, pero vinculadas a responsabilidades políticas y jurídicas.
Todas estas hipotéticas acusaciones y penas serían aplicables bajo el principio de complementariedad: si el Estado español no enjuicia a los responsables, la CPI podría hacerlo, en teoría. La gravedad de los crímenes y la reiteración en el tiempo, además, amplíarían la ventana de implicación y acumulación de responsabilidades, y los crímenes de guerra y genocidio no prescriben.
En conclusión, el nivel de implicación de cada ministro y ministra en la colaboración armamentística directa con el Estado genocida de Israel sugiere que podrían enfrentar numerosos cargos ante la CPI, si un poder facultado decidiera llevarlos ante los tribunales. Esto incluiría, hipotéticamente, la acusación formal de complicidad en genocidio y crímenes de guerra, lo que acarrearía todas las penas mencionadas: desde largas condenas de prisión hasta prisión perpetua, junto a inhabilitaciones políticas y sanciones internacionales.
La CPI no juzga a Occidente
Sin embargo, la apertura y avance de estos procesos dependerían estrictamente de la improbable voluntad política y de la presión internacional. En este campo queda en evidencia el doble rasero de la CPI, que suele evitar abrir casos contra líderes de "democracias activas", lo que resulta contradictorio a su vez, puesto que no cumplir con estas normas básicas las excluiría, en teoría, de ser calificadas como "democracias".
Por lo tanto, el mencionado escenario es jurídicamente plausible pero altamente improbable en la práctica debido a la falta de voluntad política, la configuración del orden mundial basado en las reglas establecidas por Occidente, las actuales relaciones de fuerza internacionales y los precedentes limitados.
Si hubiera voluntad y poder político para ello, la presión internacional y los informes de la ONU contarían con suficiente base jurídica para impulsar investigaciones y procesar a todos los gobiernos implicados que dicen acatar las leyes de la CPI, pero que siguen colaborando con genocidas en la práctica, sin ninguna disposición de castigar a sus miembros que violan las leyes internacionales sistemáticamente y a ojos de todo el mundo.
