Timor Oriental se levanta contra los privilegios parlamentarios
Miles de personas toman las calles de Timor Leste tras la adquisición de vehículos de lujo para políticos profesionales; unos pocos funcionarios amasan fortunas mientras el 40% de la población vive en la pobreza.
Timor-Leste vivió del 15 al 17 de septiembre sus mayores protestas masivas en años, cuando miles de estudiantes y jóvenes comenzaron a salir a las calles de la capital, Dili, en rechazo a la decisión del Gobierno de adquirir vehículos de lujo para los miembros del parlamento. Lo que empezó como un reclamo puntual se transformó rápidamente en una expresión de descontento generalizado hacia la corrupción, los privilegios de los funcionarios gubernamentales y la precaria situación económica del país.
Según Charles Scheiner, investigador de la ONG local La’o Hamutuk, la pobreza en el país alcanza al 40% de la población, mientras que cerca del 30% de los jóvenes de entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan. La mayoría de los ingresos del Estado provienen de la explotación de petróleo y gas, que representa aproximadamente el 70% del PIB, aunque los campos de extracción están en proceso de agotamiento y las disputas sobre la gestión de recursos continúan con Australia. Para muchas familias, la única vía de escape es la emigración, con remesas que alcanzaron 245 millones de dólares en 2024, equivalentes al 8,7% del ingreso nacional.
El descontento también se concentra en los privilegios de los altos funcionarios: pensiones vitalicias, exenciones fiscales, vehículos estatales y acceso a tratamiento médico, incluso en el extranjero. Estos beneficios contrastan con el ingreso promedio de la población, 1,90 dólares por persona al día, y un salario parlamentario de 36.000 dólares anuales, casi 30 veces superior al ingreso promedio.
Las movilizaciones incluyeron quemas de neumáticos y discursos frente al Parlamento, siendo dispersadas por la policía con gases lacrimógenos. Sin embargo, la movilización combativa obligó al Gobierno a cancelar la compra de los vehículos y a iniciar una "revisión" de las pensiones de los funcionarios. Estas concesiones muestran la vulnerabilidad del sistema político ante la movilización popular, especialmente tras observar protestas recientes en Nepal e Indonesia contra la corrupción y los lujos de los políticos profesionales. Esta semana, se han organizado protestas de similar calado en Filipinas, a las que han acudido decenas de miles de personas.
