Denuncian 'decreto-trampa' aprobado por el Gobierno que finge embargo de armas a Israel
El texto incluye excepciones amplias, permite tránsitos militares en puertos y bases y no garantiza medidas efectivas para detener la complicidad con el genocidio.
El Gobierno español ha aprobado un Real Decreto Ley con el que pretende presentar "un embargo de armas a Israel", pero tras analizar su articulado queda claro que no responde a las demandas sociales urgentes ni a las obligaciones legales internacionales. El texto no establece un embargo integral, sino que contiene considerables excepciones que permiten mantener el comercio armamentístico en situaciones que el Ejecutivo denomina “menoscabo para los intereses generales nacionales”, dejando fuera aspectos esenciales como los protocolos de inspección y verificación en puertos, aeropuertos y bases militares españolas. Tampoco bloquea contratos militares vigentes con la industria israelí ni impide la colaboración financiera o tecnológica, según denuncian desde el movimiento propalestino.
Entre las medidas que sí incluye el decreto, destacan una supuesta revocación de autorizaciones vigentes de importación y exportación, pero que sin embargo pueden ser reactivadas mediante la misma cláusula de “interés general nacional”. También dice prohibir la importación de material militar procedente de la Palestina ocupada y la entrada de combustibles militares JP4, JP5 y JP8 destinados a las Fuerzas Armadas israelíes, siendo esta la única aparente prohibición clara y sin excepciones, aunque habrá que comprobar si se cumple. Las medidas se limitan así a aspectos parciales que no garantizan la ruptura efectiva de relaciones armamentísticas con la entidad sionista.
Numerosos organismos y movimientos han denunciado que solo un embargo integral, retroactivo, transparente y sin excepciones puede garantizar la ruptura real de la complicidad futura del Estado español con el genocidio en Palestina. Mientras tanto, la medida presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez es valorada como falsa, simbólica y con “agujeros legales” que permiten la continuidad del comercio y cooperación militar con los genocidas.
Como las promesas no se ven cumplidas, la presión social sigue en aumento con llamadas a movilizaciones para exigir un embargo de armas auténtico que termine completamente con la relación militar del Estado español con la entidad colonial y atrocidades.
