Dos exdirectores de la Guardia Civil investigados por espionaje con Pegasus a políticos catalanes
El Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona abre causa contra Félix Vicente Azón, María Gámez y la exdirectora del CNI Paz Esteban por presunto uso ilegal de software Pegasus y Candiru.
Por primera vez, dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón (2018-2020) y María Gámez (hasta 2023), serán investigados judicialmente por su posible implicación en el espionaje informático a dirigentes políticos catalanes mediante los programas Pegasus y Candiru. Esta decisión ha sido adoptada a partir de una querella presentada por cinco afectados, entre los que se encuentra el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala. La jueza Miriam de Rosa Palacio, del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona (Catalunya), admitió la querella y consideró que podría existir la comisión de delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos, según recoge Europa Press.
Además de los dos exdirectores de la Guardia Civil, la investigación incluye a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, que ya está imputada en cuatro causas similares, así como a los directivos de NSO Group, empresa israelí que comercializa Pegasus. La querella documenta también usos presuntos del software Candiru, señalando su posible uso por parte de la Guardia Civil para espiar a miembros vinculados al procés, ampliando la dimensión judicial de los casos previos centrados en el CNI.
Joan Arús, portavoz del colectivo Sentinel que agrupa a empresarios tecnológicos espiados, ha expresado que la causa pretende "no solo la reparación individual sino denunciar cómo estas herramientas degradan la democracia". El caso representa un hito de relevancia para la política profesional y la magistratura, poniendo en el foco el papel de la Guardia Civil, hasta ahora un estamento intocable del Estado, y evidenciando la compleja trama de vigilancia estatal y empresa tecnológica que ha marcado el procés.
Sin embargo, observadores críticos de los movimientos sociales de Catalunya y el Estado español recuerdan que aún no se ha abierto ninguna instrucción firme por las decenas de infiltraciones policiales llevadas a cabo en el Estado español desde el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska, y que han afectado gravemente a varias personas que militan en movimientos de base. Esta prioridad en investigar presuntos agravios de espionaje contra políticos profesionales mientras se descuidan gravísimos casos de infiltraciones policiales con vulneraciones de derechos humanos denunciados por la ONU genera indignación entre los afectados y sectores críticos.
