El Defensor del Pueblo alertó desde 2018 de graves fallos en las pulseras "antimaltrato"
Desde el Gobierno de Rajoy hasta el de Sánchez, se mantuvieron los problemas técnicos que ponen en grave riesgo la eficacia de los dispositivos debían proteger a víctimas de violencia machista.
En 2018, el Defensor del Pueblo, entonces interino Francisco Fernández Marugán, emitió una alerta oficial sobre varios fallos técnicos y falsas alarmas que emitían las pulseras "antimaltrato" que dificultan la protección efectiva a las víctimas de violencia machista. La institución recibió quejas reiteradas de usuarias que evidenciaron el impacto negativo de esos fallos en su seguridad y vida diaria. En abril de ese mismo año, el Defensor solicitó información al Ministerio de Sanidad, dirigido por Dolors Montserrat, sobre el funcionamiento y gestión de estos dispositivos, constatando que la adjudicación del servicio estaba en concurso público y se retrasaba la atención a los informes de incidencias, según recoge Europa Press.
A finales de 2018, con el PSOE en el poder, se adjudicó el servicio para "garantizar la continuidad y perfeccionamiento de las pulseras según el Protocolo de Actuación de 2013". Sin embargo, las denuncias por mal funcionamiento se mantuvieron, lo que habría conducido, según ellos, a la ampliación de actuaciones para "intentar mitigar los problemas técnicos". Uno de los principales inconvenientes del sistema era la generación de falsas alarmas cuando la pulsera perdía cobertura, sin posibilidad de distinguir entre causas técnicas o posibles quebrantamientos por parte del agresor, lo que activaba protocolos de emergencia innecesarios con la Policía Nacional española.
El informe más reciente, correspondiente a 2024, señala que las quejas persisten y se añaden deficiencias en la coordinación entre operadores judiciales y policiales en la ejecución de sentencias contra condenados por violencia machista. Un caso signifivativo es el de un hombre con sentencia firme que estuvo excarcelado sin control telemático durante más de siete meses, sin que las víctimas fueran notificadas, especialmente tras su traslado al País Vasco.
