Bruselas vota un acuerdo exprés con Rabat que legitima la ocupación del Sáhara Occidental
El acuerdo permitiría exportar productos del Sáhara Occidental bajo etiqueta "marroquí", desafiando sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y destinando fondos europeos a perpetuar la ocupación.
La Comisión Europea ha negociado en secreto, entre el 10 y el 15 de septiembre, un nuevo acuerdo con el Régimen de Mohamed VI de Marruecos que permitiría clasificar productos originarios del Sáhara Occidental como "marroquíes". El proyecto de acuerdo será sometido a votación por los Estados miembros el próximo 1 de octubre, según documentos internos filtrados por Western Sahara Resource Watch (WSRW) y difundidos por El Independiente.
Este pacto exprés nace en el contexto de una sentencia histórica del 4 de octubre de 2024, en la que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) declaró nulos los acuerdos agrícolas y pesqueros entre Bruselas y Rabat en tanto incluían el Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui. La UE había recibido un plazo de un año (hasta el 4 de octubre de 2025) para alinear su acción con esa decisión judicial.
Desde WSRW denuncian que el borrador filtrado muestra la intención de “dar preferencias arancelarias a productos originarios del Sáhara Occidental” sin contar con el Parlamento Europeo ni los representantes saharauis. En particular, se critica que el proceso se ha hecho en cinco días y con procedimientos escritos —usuales solo en urgencias— lo cual estrecha los plazos para el análisis por parte de los Estados miembros. Además, en paralelo, la Comisión propone aplicar provisionalmente el texto desde su entrada en vigor, eludiendo así el proceso parlamentario habitual.
"Trampa legal"
La propuesta ha generado rechazo entre agricultores europeos. La organización ASAJA ha advertido que, de aprobarse la propuesta, modificaría protocolos para que productos del Sáhara Occidental entren bajo las condiciones vigentes para Marruecos, lo que abriría una competencia desleal dada la diferencia en costes laborales, normativa fitosanitaria y ventajas fiscales. En paralelo, el observatorio saharaui critica la propuesta como una “trampa legal” que refuerza la ocupación y oculta la violación sistemática de sentencias del TJUE.
Finalmente, el borrador sugiere que parte de los beneficios derivados del nuevo acuerdo se canalicen a "inversiones en infraestructuras de energía, riego y desalación en el Sáhara Occidental", muchas de ellas en lista de prioridades marroquíes, y mediante fondos de la UE vinculados a "ayuda humanitaria". Críticos advierten que esa fórmula podría legitimarse como “consentimiento presunto” —una figura reconocida por el TJUE solo en condiciones muy estrictas—, deformando el sentido original de las sentencias. En suma, la votación de esta semana aparece como un momento clave para determinar si la UE prioriza la continuidad del comercio con Marruecos o el respeto a su propia jurisprudencia y al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
