¿Es posible otro modelo de policía?
En una entrevista realizada hace dos semanas, a la pregunta sobre el modelo policial defendido por EHBildu, Arnaldo Otegi respondió: “nosotros queremos recuperar la Ertzaintza en versión original, la Ertzaintza aquella que decían se iba a parecer a los “Bobbies” ingleses, la Ertzaintza aquella popular, la Ertzaintza euskaldun…”. A lo que añadió que ellos no están “en la posición ACAB, es decir, que todos los policías son iguales”. Y es que, afirmó, no conciben una república vasca sin policía. O, lo que es lo mismo, no desean un país sin policía.
La semana pasada, en otra entrevista, Pello Otxandiano, portavoz de EHBildu en el parlamento vasco, dijo, en respuesta a la misma pregunta, que “la policía en los últimos años ha cometido excesos evidentes, y se pueden poner nombres propios de actuaciones fuera de lugar, desmedidas y de un uso de la fuerza no proporcional. Tenemos que avanzar hacia una policía de cercanía y euskaldun”.
Vistas las respuestas, podemos afirmar, sin riesgo a errar, que EHBildu no tiene modelo policial alternativo. Cuando se les pregunta sobre el mismo, Otegi y Otxandiano no pueden sino responder con cuestiones ajenas al modelo institucional del cuerpo represivo, haciendo alusión a cualidades personales de los policías. Así, afirman que no todos los policías son iguales, que las actuaciones fuera de lugar tienen nombres propios y que se han cometido excesos, esto es, excepciones en el proceder habitual de la policía, que son responsabilidad única y exclusivamente de quienes los han cometido. A lo sumo, a la policía se le puede responsabilizar de no haber sabido evitar esos problemas, no de haberlos producido. Posición de enorme sintonía con la perspectiva reformista según la cual el sistema y el modelo social no son el problema; el problema siempre es institucional, de mecanismos de control “democráticos”. Votar a la socialdemocracia es la vía para su solución.
Sin embargo, las tímidas posiciones de Otegi y Otxandiano no pueden ocultar que EHBildu ha defendido en diversas ocasiones un modelo policial basado en la prevención, cuya ingeniería técnica consiste en el control total y una represión ejercida a gran escala. Entre otros, el alcalde de Iruñea por EHBildu, Joseba Asiron, defendió una “policía comunitaria, que trabaja codo con codo con el tejido social de los barrios, nos dan muchísimo conocimiento de la realidad social y es fundamentalmente en la prevención del delito donde más se puede trabajar”.
Ahora bien, no parece que vayan a prevenir ningún delito, sino que a coartar derechos y a ejercer un control parapolicial sobre el tejido social y organizativo, que tiene por objetivo la pacificación social y la desarticulación de la lucha de clases. El policía de cercanía, que no comete excesos y no realiza actuaciones fuera de lugar, presupone un estado policial donde nadie pueda protestar ni manifestar su agonía de forma socialmente conflictiva o, en lenguaje habitual, delictiva.
Una situación como tal, donde la policía de prevención es puesta como solución de la conflictividad social, se basa en la creencia de que el conflicto y el exceso son una cuestión individual, no social. Así como el exceso del policía no tiene nada que ver con la institución policial, así tampoco el delito y el conflicto social tienen nada que ver con la sociedad capitalista.
Además, la policía de prevención y el policía que no comete excesos presuponen un estado de ‘cero conflictividad’ que entra en completa contradicción con la situación real en la sociedad capitalista. La posibilidad de que se den ambas, la prevención y la falta de excesos, es nula. Primero, porque, la prevención solo puede ser efectiva si el policía comete excesos. Solo si emplea la fuerza de manera desproporcionada, esto es, por encima de la fuerza de su oponente, puede imponer realmente el orden preventivo. Segundo, porque la conflictividad social no depende de si hay o no policía; al contrario, la policía es dependiente de la conflictividad social y, por lo tanto, a lo sumo puede responder ante la misma con excesos, pero no prevenirla. Es fácil: ¿podría haber una policía que no actuara ante protestas sociales, ante reclamos de desalojos por parte de rentistas y banqueros, ante huelgas generales o jornadas de lucha por los derechos de los trabajadores, que no respondiera frente a la iniciativa de los comunistas por la toma del poder o frente a la expropiación de espacios de propiedad privada?
La pregunta que condensa todas sería más bien esta: ¿podría una policía, surgida del orden social capitalista y organizada con el objetivo de defender el orden edificado sobre la propiedad privada, no actuar en los casos en los que se altera el orden y se incumplen sus leyes? O, más en particular: ¿podría la policía no desalojar una vivienda o reprimir una huelga sin que ello supusiera resquebrajar los cimientos de un orden que es fundamento de existencia de la policía? La respuesta está dada: si pudiera hacer tal cosa, sería a costa de la disolución de la propia policía como institución, aunque no como función social. Vendría a ocupar su lugar la barbarie, los grupos fascistas y parapoliciales… pero esta ya es una historia conocida, aunque, parece, por muchos olvidada.
Con todo, a falta de otro modelo policial posible, la socialdemocracia apuesta a la pacificación social que implica y ha implicado siempre la política socialdemócrata. Su llegada a las instituciones capitalistas significa no solo disminución de la organización social, sino que, además, criminalización de la lucha de clases, por considerarla contraria a un gobierno de izquierdas y realizada contra el mismo. Ya vemos, habitualmente, estas actitudes en partidos como EHBildu que, aspirando a gobernar las instituciones del estado capitalista, considera que toda política de los comunistas está realizada para evitar su ascenso al poder.
En definitiva, la absoluta dependencia que tiene la estructura burocrática socialdemócrata de las instituciones del capital conlleva tener que hacer malabares para justificar una diferencia con el resto de partidos políticos partícipes del partido del orden, que no es tal. En el caso de la socialdemocracia vasca, eso ocurre, en parte, porque tiene que justificar ante su masa social histórica un cambio de rumbo donde, de enfrentar a la policía, ha pasado a defenderla, con uñas y dientes. Pero, además, porque sabe que la política reformista requiere de la estabilidad del estado capitalista, cuyo garante es una policía bien organizada, que actúe preventivamente, como complemento de la política socialdemócrata de pacificación y criminalización de la protesta social, que es considerada contraria a un gobierno de izquierdas.
Por último, un apunte: la política comunista consiste en la disolución del estado capitalista, incluida la policía. La organización de un nuevo orden social comunista tiene como prerrequisito revolucionario la destrucción real del poder enemigo, en su forma más inmediata -el estado, la policía…- y en su forma mediada: la destrucción de la organización burocrática profesional que monopoliza el uso de la violencia por oposición a la amplia organización política de masas del proletariado, y que cumple con la función de salvaguardar el núcleo de poder de la burguesía, la propiedad privada capitalista, que es origen de conflicto y miseria social. Quien apuesta a otro modelo de policía, apuesta a ocultar toda la miseria social y la lucha de clases bajo el manto de un estado policial total.
