Miles de jóvenes en Madagascar se han vuelto a echar a las calles este martes, desafiando abiertamente la disolución del Gobierno anunciada por el presidente Andry Rajoelina ante las masivas manifestaciones contra cortes de agua y electricidad que han paralizado el país en una rebelión sin precedentes en los últimos años. Las fuerzas policiales reprimían manifestaciones con gases lacrimógenos en la capital Antananarivo, mientras protestas simultáneas se extendían a ciudades como Fenoarivo, Mahajanga y Diego Suarez, según reportes de Reuters y Real TV Madagasikara.

El presidente Rajoelina, en un mensaje televisado, expresó su intención de "abrir espacios de diálogo con los jóvenes", reconoció las dificultades por la crisis de servicios básicos e informó haber destituido al primer ministro y su gabinete, decisión que no ha sido suficiente para apaciguar la rabia popular ni las demandas de renuncia presidencial. En redes sociales, organizadores de las protestas repudiaron su discurso y exigieron disculpas y responsabilidades por los asesinatos durante las movilizaciones, citando a la administración como responsable última.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reporta al menos 22 fallecidos y más de 100 heridos desde el inicio de las protestas, a causa de la acción policial, saqueos y actos violentos de grupos no vinculados a las manifestaciones. No obstante, el Ministerio de Exteriores malgache negó cifras de la ONU, argumentando "falta de fuentes oficiales" y la "difusión de información inexacta". Sin embargo, la información que aportan las autoridades no es mucho más fiable. La crisis es la más grave desde la reelección de Rajoelina en 2023, con irregularidades denunciadas en las urnas.

Inspiradas por movimientos juveniles que sacuden varios países del Sur Global, las protestas del llamado movimiento Gen Z rechazan las deficiencias estructurales del régimen y exigen acceso continuo a servicios esenciales, justicia y cambios políticos profundos. La imposición de toques de queda, la respuesta represiva y los saqueos han ampliado el conflicto social, situando a Madagascar en una delicada situación política y humanitaria que pone en jaque la gobernabilidad del país y evidencia la falta de legitimidad de su liderazgo.