La presidenta del Govern y del Partido Popular de las Illes Balears, Marga Prohens, ha insistido en "la necesidad de implementar pruebas dentales, específicamente ortopantomografías, en todas las comunidades autónomas para verificar la edad de menores migrantes no acompañados". En un mensaje publicado en X el 3 de octubre, Prohens defendió la medida como una herramienta para “evitar engaños”, citando un informe del diario ABC. Sin embargo, esta propuesta, impulsada desde noviembre de 2024 tras un acuerdo con Vox para los Presupuestos de 2025, ha desatado una fuerte controversia por su cuestionable base científica, legalidad y claras connotaciones racistas.

La ortopantomografía, una radiografía panorámica que evalúa el desarrollo de los terceros molares, presenta un margen de error de 1-2 años en la estimación de la edad, según algunos estudios médicos. Sin embargo, expertos como Markus González, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, advierten que estas pruebas no son concluyentes y pueden variar según factores étnicos, nutricionales y socioeconómicos, lo que las hace poco fiables para decisiones legales. Además, la medida contraviene el Protocolo Marco de 2014 y la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, que restringen las pruebas de edad a casos excepcionales bajo autorización judicial, priorizando la presunción de minoría de edad para proteger los derechos humanos.

Desde su llegada al Govern en julio de 2023, Prohens ha tomado otras medidas migratorias, como reforzar convenios con consejos insulares y la Fiscalía para agilizar y presentar recursos ante el Tribunal Supremo y Constitucional contra el reparto de menores migrantes bajo el Real Decreto-ley 11/2024. También ha promovido un endurecimiento de los protocolos de recepción en los puertos baleares, implementando controles más estrictos para identificar a los migrantes al momento de su llegada. Asimismo, Prohens ha impulsado la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para coordinar con las fuerzas de policialesla vigilancia de las costas, buscando disuadir a las personas que viajan en pateras, una iniciativa que ha sido señalada por Amnistía Internacional como un intento de externalizar la gestión migratoria sin abordar las causas de fondo.