El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos entró en su primera semana, afectando a alrededor de 750.000 empleados federales que han sido suspendidos sin recibir salario, y paralizando servicios "no esenciales" en todo el país, de acuerdo con fuentes oficiales y analistas económicos. El coste económico de esta paralización se estima en cerca de 500 millones de dólares diarios, sumando una pérdida semanal de hasta 7.000 millones, que reduce el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 0,1 puntos porcentuales por semana de cierre.

Este bloqueo presupuestario ha provocado el retraso y suspensión de programas determinantes, incluidos subsidios públicos, inspecciones sanitarias y educativas, contemporizando el acceso a medicamentos nuevos, becas y préstamos estudiantiles. Además, la confianza empresarial y el consumo se han visto afectados, con estimaciones que apuntan a una caída del consumo de hasta 30.000 millones si la crisis se extiende. La economía, aunque parece aguantar por el momento, enfrenta un clima de incertidumbre prolongada que podría agravar los efectos en el mediano plazo.

A diferencia del cierre histórico de 2018-2019, que costó a la economía estadounidense 11.000 millones de dólares y afectó gravemente a 800.000 empleados públicos, el actual cierre amenaza con ser algo más disruptivo. El propio presidente Donald Trump ha advertido que, si la situación persiste, “muchos empleos nunca regresarán”, dejando un panorama sombrío para la economía y la fiscalidad del país.

Mientras demócratas y republicanos se lanzan reproches cruzados sobre la responsabilidad del bloqueo legislativo, el impacto es real para los afectados: empleados federales, usuarios de servicios públicos y la economía general, cuyo curso podría alterar los planes electorales próximos y la estabilidad social si no se acuerdan unos presupuestos, evidenciando cómo las crisis económicas y políticas se retroalimentan mutuamente.