Menos del 0,5% de los abortos de Madrid y Andalucía se practican en la sanidad pública
Informe ministerial revela que la mayoría de interrupciones del embarazo se derivan a la privada en estas regiones, con un alarmante desequilibrio territorial en el Estado español.
En 2024 se registraron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en el Estado español, con solo un 21,25% efectuadas en la sanidad pública y un 78,75% en centros privados, según el informe Situación del aborto en la sanidad pública. Evolución y medidas para la accesibilidad, presentado por la ministra Mónica García. Destaca el hecho de que Madrid y Andalucía, que agrupan el 50% de las IVEs del Estado, tan solo practican el 0,5% de ellas en la red pública, frente a comunidades como Cantabria, Galiza, La Rioja o Nafarroa, que superan el 70%.
La ministra García calificó esta situación como una “doble privatización”, donde la sanidad pública paga a clínicas privadas pero las mujeres expulsadas deben recurrir a servicios privados asumiendo costos adicionales. Además, el caso pone de manifiesto que la libertad de elección real para acceder a interrupciones no puede depende del territorio.
El informe sitúa a Madrid y Andalucía como las comunidades con menor acceso público efectivo pese a ser las que más abortos concentran en términos absolutos, señalando que en la capital del Estado solo se practicaron 86 abortos en centros públicos en 2024 (0,47%) y en Andalucía solo 39 (0,2%). La disparidad territorial y la escasa integración sanitaria pública profundizan desigualdades, especialmente en regiones gobernadas por el PP, que incumplen la ley orgánica vigente y limitan el acceso garantizado.
Estas cifras llegan tras la campaña del Ayuntamiento de Madrid sobre el falso “síndrome postaborto”. Ante las tentativas de la derecha de revertir los derechos reproductivos de las mujeres, algunos sectores comienzan presionan ya por la creación urgente de registros de objetores para garantizar la prestación sin obstáculos ni discriminaciones. El último intento de restricción legislativa, encabezada por Alberto Ruiz-Gallardón, terminó siendo retirado por la presión social.
