El senador de Forza Italia, Maurizio Gasparri, anteriormente ministro de las telecomunicaciones en el segundo gobierno Berlusconi, presentó en el Senado italiano una propuesta de ley con el título Contrasto all’antisemitismo (Lucha contra el antisemitismo). Este proyecto de ley propone endurecer las penas por delitos de propaganda e "incitación al odio antisemita". En la proposición de ley, se hace referencia explícita a la propaganda para la “negación del derecho de existencia del Estado de Israel” y la “destrucción del Estado de Israel”, previendo penas desde dos hasta seis años de cárcel. Asimismo, prevé la creación de "cursos de formación para docentes y estudiantes", con objetivos propagandísticos sionistas.

Este proyecto de ley está recibiendo críticas desde el mundo sindical y educativo, puesto que busca prohibir las críticas y las luchas contra las políticas genocidas del Estado de Israel, en un momento en el que en Italia y en el mundo han aumentado las protestas, lideradas en muchos casos por jóvenes y estudiantes. En un comunicado conjunto, USB (Unione Sindicale di Base, sindicato que ha liderado las huelgas generales en apoyo a la flotilla) y OSA (Opposizione Studentesca di Alternativa, organización política estudiantil muy activa en las ocupaciones de institutos y universidades en apoyo a Palestina) declaran: “Si este proyecto de ley fuera aprobado, llevarían a juicio a los miles y miles de profesores y profesoras que en las últimas semanas han dedicado parte de sus clases a hablar del genocidio perpetrado contra el pueblo palestino y del papel criminal de Israel; lo mismo harían con los estudiantes que ocupan centros educativos en protesta contra la complicidad italiana con Israel”.

Esta propuesta de ley se basa en la definición de "antisemitismo" acuñada por el International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), que ya está siendo aplicada por parte de los Estados Unidos de América y el Reino Unido, y que ha abierto paso a reprimir las críticas al Estado genocida de Israel. Entre otros casos, destacan la ilegalización del grupo Palestine Action, proscrita por el Parlamento británico como “organización terrorista”, y las sanciones estadounidenses contra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Palestina.