La provincia de Imbabura, epicentro del movimiento indígena en Ecuador que protesta contra el gobierno de Daniel Noboa, sigue con los bloqueos y movilizaciones, rechazando la "tregua parcial"acordada por algunos dirigentes con el Ejecutivo. Según reportes de EFE, la convocatoria fue emitida tras una asamblea en Otavalo donde los asistentes expresaron su desacuerdo con levantar los bloqueos a cambio de iniciar diálogos con el Gobierno. Santiago Castro, dirigente indígena, afirmó: "Que siga el paro. Para fortalecer a los pueblos".

La convocatoria incluye una asamblea en el punto neurálgico donde fue asesinado Efraín Fuérez, uno de los dos manifestantes asesinados en las protestas, presuntamente bajo las balas de los militares que intentaban dispersar barricadas en vías bloqueadas.

El paro ha dejado un saldo grave en las filas populares ecuatorianas: dos muertos, cerca de 350 heridos y más de 170 detenidos, con alrededor de veinte en prisión preventiva bajo cargos de lo que las autoridades denominan como "terrorismo", según fuentes como CONAIE y Fiscalía de Ecuador. Además, CONAIE ha reportado graves casos de desatención médica a manifestantes heridos en hospitales.

Recientemente, el 16 de octubre, CONAIE informaba en sus redes sociales que las fuerzas represivas de Noboa dispararon e hirieron de muerte en Otavalo a José Guamán, comunero kichwa de 30 años, padre de dos niños. "Este crimen de Estado no quedará impune. De los crímenes de Estado no hay retorno ni perdón", denunciaban desde CONAIE.

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Los dirigentes indígenas exigen la liberación inmediata de los presos políticos y la sanción de los responsables de la violencia estatal. La alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, confirmó que el paro permanece a pesar de los anuncios oficiales de su levantamiento, destacando que las asambleas permanentes se mantienen para el análisis de demandas y el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) señaló que las resoluciones vigentes del Consejo Ampliado mantienen la resistencia y defienden la unidad de los pueblos originarios, negando la legitimidad de la Consulta Popular convocada para noviembre y denunciando la exclusión de sus instituciones independientes de cualquier diálogo oficial.

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Militar ecuatoriano dispara con fuego real contra manifestantes. Vídeo: CONAIE

La lucha de clases en la región de Imbabura se articula como parte de un rechazo amplio a políticas económicas regresivas, la militarización y represión sistemática contra el movimiento indígena, evidenciadas también en denuncias internacionales de violaciones de derechos humanos a manos del narcoestado encabezado por el oligarca bananero Noboa, alineado con los intereses del imperialismo estadounidense.

El conflicto muestra el rostro de un Ecuador castigado por la pobreza, la marginación y las desigualdades. Los pueblos originarios no agachan la cabeza ante estas problemáticas: desde sus instituciones independientes, desafían la represión de un régimen de excepción que criminaliza la protesta de los sectores populares mientras amplía la militarización y restringe las libertades fundamentales, una situación denunciada por múltiples organizaciones y periodistas nacionales e internacionales.