Reino Unido ensaya el control por GPS a personas condenadas por hurtos menores
Pulseras electrónicas a personas reincidentes en delitos de hurto en tiendas como parte de un plan piloto de “prevención” apoyado por patronales.
La policía del condado de Sussex ha iniciado un programa inédito en el Reino Unido que obliga a personas condenadas por hurtos en tiendas a portar pulseras electrónicas con geolocalización durante un año, informó Antena 3 Noticias. Los primeros casos son los de Barry Farthing, de 41 años, y Victoria Hale, de 50, ambos de zonas del sur inglés afectadas por altos índices de pobreza. Las pulseras permitirán rastrear sus movimientos y alertar a la policía si se acercan a áreas con supermercados o comercios.
El proyecto forma parte de una estrategia impulsada por la comisionada de policía y crimen de Sussex, Katy Bourne, y se aplica bajo órdenes judiciales o con la aprobación del servicio de libertad condicional. La superintendente Katy Woolford aseguró que el objetivo es “proteger a la comunidad empresarial”.
Por lo tanto, el plan cuenta con el respaldo de la patronal local. John Bownas, de la Asociación para la Reducción de Delitos Empresariales de Hastings, afirmó que la medida envía “un mensaje fuerte” a quienes “roban sin consecuencias”. Mientras tanto, los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) muestran un aumento del 12% en los hurtos en tiendas en Sussex hasta marzo de 2024, con más de 20.000 casos registrados. Ninguna fuente oficial ha abordado las causas estructurales de ese incremento, marcado por la crisis del coste de la vida, mientras Londres refuerza la tendencia a aplicar soluciones de vigilancia tecnológica a problemas sociales vinculados a la exclusión y la pobreza.
Organizaciones sociales y juristas han advertido en otras ocasiones sobre el riesgo de convertir la pobreza en objeto de vigilancia policial. Aunque el programa se presenta como un experimento “para reducir la reincidencia”, la medida introduce una forma de control digital permanente sobre personas con condenas menores, en lugar de abordar las condiciones materiales que impulsan esos delitos. De aprobarse su extensión, Sussex podría convertirse en el último laboratorio de una nueva fase de penalización tecnológica de la desigualdad.
